Mañana, en la Ciudad Judicial, ingresará en su último tramo un juicio que sirve como referente del altísimo nivel de conflictividad que se vive en los Valles Calchaquíes entre los propietarios legales de las fincas de esa zona y las recientemente constituidas “comunidades diaguita calchaquí”, que reclaman la propiedad de las tierras y ocupan compulsivamente las que están en producción.
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Mañana, en la Ciudad Judicial, ingresará en su último tramo un juicio que sirve como referente del altísimo nivel de conflictividad que se vive en los Valles Calchaquíes entre los propietarios legales de las fincas de esa zona y las recientemente constituidas “comunidades diaguita calchaquí”, que reclaman la propiedad de las tierras y ocupan compulsivamente las que están en producción.
El juicio lo lleva adelante la propietaria Florencia Wayar, en representación de su familia, contra los hermanos Rodolfo Leonel y Jonatan Mamaní, a quienes acusa de haber destruido un predio de cuatro hectáreas de su propiedad, en Las Pailas, a quince kilómetros de Cachi, y de mantener bajo amenaza a los arrendatarios y vecinos. El acusado Rodolfo Leonel espera el fallo detenido, por haberse profugado cuando fue citado por la Justicia.
La historia de este conflicto es la que se repite en muchos pueblos vallistos. El padre de los demandados era un antiguo vecino conocido por la familia Wayar, que le arrendaba cuatro hectáreas en forma amistosa. Por razones de salud, Vicente dejó el predio a sus hijos quienes, luego de un tiempo, prefirieron retirarse de Las Pailas, declinar el arriendo y trasladarse a Cachi.
Florencia Wayar, entonces, lo arrendó a Bernardo Copa, quien, posteriormente, transfirió el arriendo a Dante Guzmán. Durante un año, este último preparó la tierra para iniciar los cultivos. “Es buena tierra, pero requiere mucho trabajo; un año entero de preparación”, explicó la propietaria a El Tribuno.
Cuando la tierra estaba lista, los hermanos Mamaní se presentaron a Guzmán. “Le reclamaron la tierra en nombre de la propiedad originaria y lo amenazaron. Después incendiaron los predios que habían sido preparados”, relató la propietaria. “Nosotros dimos intervención a la autoridad policial y fuimos con un escribano que constató que la pretendida ‘comunidad originaria’ no era tal”, relató Florencia Wayar.
Es un patrón constante: las comunidades originarias, para ser reconocidas como tales, deben acreditar la presencia de sus antepasados en las tierras reclamadas desde antes de la llegada de los españoles, hablar la lengua y observar los cultos y las costumbres. Nada de eso ocurre: los comunitarios suelen estar identificados con cultos cristianos, hay muchos de ellos devotos de la Virgen de Urkupiña y no quedan hablantes de la lengua cacán.
No solo la acreditación de la comunidad carece de solidez jurídica, sino también los relevamientos territoriales están en un cono de sombras. En Cachi, los comunitarios reclaman 16 mil hectáreas, que incluyen a la misma sede municipal y el centro del pueblo.
En el juicio declararon numerosos testigos, incluso Alberto Durán, quien vendió su campo y se fue de Las Pailas luego de ser duramente golpeado por supuestos aborígenes.
Este fallo, probablemente, puede sentar jurisprudencia.
La legislación para el reconocimiento de los pueblos indígenas parece clara. Se trata de permitir a comunidades históricas y reconocidas que desarrollen sus costumbres y organicen sus vidas dentro del territorio argentino, sin ser desalojadas en los lotes fiscales que ocupan históricamente. La “propiedad comunitaria”, propiamente, no fue incluida en el nuevo código civil. La “autopercepción como originario” deja abierto un margen muy grande discrecionalidad. Si la ley es razonable y positiva, la utilización política de la causa indígena engendró una nueva modalidad de clientelismo.
Denuncian a un médico
La Asociación de Productores de Fincas de Salta (APFINCAS) solicitó al ministro de Salud, Roque Mascarello, sanciones para el médico Miguel Ángel Plaza Schaefer a quien atribuyen conductas reñidas con la ética y responsabilizan por los violentos incidentes ocurridos en 5 de febrero en la Bodega Puna. La Asociación ya había solicitado sumario administrativo para Plaza Schaefer, Dora Clarisa Siarez y Rómulo Mamaní.
Plaza Schaefer es un ex rugbier que recientemente se hizo designar cacique de la comunidad de Cachi. Su padre fue senador provincial y su madre es de ascendencia alemana. Actualmente está designado en el hospital San José-Dr. Arne Hoygaard de Cachi. “El Dr. Plaza Schaefer lejos de descender de extintos diaguitas, ahora se presenta como cacique cuando su linaje no pertenece a la zona”.