En las próximas horas, el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (Ippis) será intervenido administrativamente por el Gobierno provincial luego de que quedara en evidencia un manejo poco claro de los fondos que recibe el ente autárquico. En un principio, la intervención durará tres meses y estará a cargo de una comisión integrada por tres funcionarios del Ejecutivo.
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En las próximas horas, el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (Ippis) será intervenido administrativamente por el Gobierno provincial luego de que quedara en evidencia un manejo poco claro de los fondos que recibe el ente autárquico. En un principio, la intervención durará tres meses y estará a cargo de una comisión integrada por tres funcionarios del Ejecutivo.
La comisión interventora tendrá la función de regularizar la situación financiera y económica del organismo que nuclea y representa a las comunidades originarias.
La intervención fue recomendada por la Sindicatura General de la Provincia, que detectó numerosas irregularidades en la administración económico-
financiera en el Ippis. Una deficiente e informal registración de los ingresos y egresos de fondos "sin ningún tipo de desarrollo que garantice la integridad y confiabilidad de los datos" y falta de libros contables manuales o sistemas de registración financiero y presupuestario son algunos de los problemas que se describieron.
En junio de 2018 El Tribuno pudo acceder al contundente informe que había presentado el organismo de control sobre la auditoría que abarcó al ejercicio de 2017, con fecha de corte en septiembre de ese año.
Cheques que no estaban en las chequeras, faltante de documentación en el área contable, falencias en el control interno, certificaciones de obras no efectuadas, incompatibilidad para la adjudicación y contratación de obras e informes de movimientos de cuentas bancarias eran algunas de las irregularidades que se le adjudicaban al Ippis.
La actuación de la comisión interventora y normalizadora durará tres meses. Durante ese período se deberán adoptar todas las medidas necesarias para la regularización del ente autárquico.
El organismo normalizador estará integrado por tres personas que representarán a distintos ministerios del Poder Ejecutivo provincial.
Formarán parte de ese órgano el abogado José Ignacio Campos Bertoldi, que proviene del área del Ministerio de Asuntos Indígenas; el abogado Andrés Ramiro Chávez, del Ministerio de Gobierno, y Adriana Cantarero, proveniente del Ministerio de Economía. Se comunicó que realizarán esta tarea ad-honóren.
El Tribuno se comunicó con la ministra de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social, Edith Cruz, quien confirmó que ya empezó a "circular el trámite administrativo" dentro del Grand Bourg para realizar la intervención del Ippis, y comentó que, después de su publicación en el Boletín Oficial, se hará la presentación oficial de los interventores en la sede del Ippis.
Corregir falencias
En diálogo con este medio, la ministra Edith Cruz expresó que en el Ministerio a su cargo, desde el año pasado y a partir de julio empezaron a trabajar con las autoridades del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas para tratar de asesorarlas, sobre todo en la situación financiera del organismo y ayudar a que puedan tener un registro.
La funcionaria provincial también comentó que se trató de trabajar para que los referentes del Ippis incorporaran un nuevo sistema a través de redes internas, como tienen todos los demás organismos y para que quedaran registradas todas las salidas y las órdenes de pago, a cargo de quién estaban y las rendiciones de cuentas, sin embargo no tuvieron éxito.
"La verdad que fue un poco difícil porque, en todo lo que podíamos asesorar, en un momento te acompañaban y al otro día volvían a trabajar en la modalidad con la que lo venían haciendo anteriormente", lamentó la ministra.
Edith Cruz explicó que después del período de renovación de autoridades, proceso electoral que se realizó en diciembre del año pasado, la nueva comisión del directorio pidió el corte contable del ente y solicitó que se realice una auditoría en las cuentas del organismo. El 1 de febrero, el presidente del Ippis, Alejo Gallardo, mantuvo una reunión con la ministra de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social de la Provincia para tratar este tema.
“Al poco tiempo la Sindicatura de la Provincia nos hizo llegar el informe en el que nos pide que se haga una intervención administrativa y financiera para poder determinar algunas situaciones irregulares que detectó la auditoría. No es para nosotros de agrado el tema de las intervenciones pero dada la situación, que hay que corregir estas falencias y ver también responsabilidades en relación con estos desmanejos de los fondos, se ha tomado la determinación de hacer la intervención”, explicó la funcionaria provincial.
Edith Cruz, además, mencionó que una vez que ingrese la comisión interventora se realizarán las actuaciones correspondientes para ordenar las cuentas del organismo de los pueblos indígenas y afirmó que, si se considera que deben realizar denuncias penales, se realizarán.
La ministra no quiso detallar qué personas podrían estar involucradas en los desmanejos, ya que hay que determinar responsabilidades por los delicados hechos que se investigarán en los próximos días.