Dieron ultimátum a la Municipalidad por la trinchera IV del San Javier

El juez de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Marcelo Domínguez requirió a la Municipalidad de Salta que informara en 10 días hábiles, a partir del miércoles próximo, sobre el proceso de licitación para la compra y colocación de la geomembrana de impermeabilización y sobre los estudios preliminares necesarios para habilitar el módulo IV del vertedero San Javier. 

El magistrado tomó esta resolución luego de una inspección ocular en el basural a mediados de febrero último y antes de proveer la medida cautelar que solicitara el abogado Luis Segovia, quien patrocina a Jorgelina Franco en un amparo ambiental colectivo contra el municipio, la Secretaría de Ambiente y Agrotécnica Fueguina, la empresa que tiene a cargo la disposición final de residuos en la ciudad desde el año 1999.

En los fundamentos, Domínguez destacó que transcurrió más de un año desde que el dictara una resolución, que obligaba a las partes demandadas a informar sobre distintos aspectos, y que no se constató “un cambio sustancial” en ellos. “Con los elementos analizados, además de lo previsto por las leyes especiales, y en virtud de los compromisos asumidos entre la Municipalidad y la empresa”, el juez consideró que podrían estar afectados directamente los intereses de la denunciante. 

Desde 2016 y hasta ahora, los residuos de Salta capital y del área metropolitana se depositan en el módulo I del vertedero, que había sido clausurado en 2004 por estar colapsado. Los módulos II y III están cerrados desde 2011 y 2016 respectivamente. Por eso, la esperanza está puesta en el módulo IV.

Durante la visita al basural, Domínguez verificó que el módulo I está en su tercer nivel y que no está previsto un cuarto; supo que la empresa evalúa ampliarla hacia el sector noreste, muy cercano al río Ancho, sin prever la colocación de una geomembrana. El representante de la empresa, Julio Cabral, reconoció que falta concretar obras para el saneamiento del módulo I y que a veces hay filtraciones de líquidos lixiviados, lo que se observa “a simple vista” en las grietas formadas en las trincheras.

El juez mencionó que el secretario de Ambiente municipal, Gastón Galíndez, informó que el proceso de licitación de la geomembrana para habilitar la trinchera IV no debería extenderse más allá del 13 de abril, pero luego señaló que “espera” que no supere el mes de mayo y conseguir los fondos hasta entonces. El funcionario no dijo nada sobre la realización de los estudios preliminares, la contratación del seguro ambiental obligatorio ni la convocatoria a la audiencia pública, pasos legales previos a la habilitación.

El magistrado dijo que el director general de Servicios Públicos, Normando Zúñiga, admitió que la comuna nunca terminó de hacer la cubierta forestal de los módulos. “Luego, Galíndez, en referencia al Plan de Reforestación, manifestó que la Municipalidad tiene como ‘desafío’ plantar árboles alrededor del barrio Justicia y de la canchita de fútbol y dijo que ‘la semana que viene’ (ello es, el 21 de febrero) ya tendrían los ejemplares listos para ser trasplantados, de lo cual, al día de la fecha, no se ha brindado informe alguno”, planteó. 

Segovia fundamentó su pedido cautelar en la falta de planificación en el uso de los módulos del vertedero y en la demora en la realización de los estudios preliminares y en la licitación de la geomembrana: “No hay un plan racional, no siguen un criterio técnico”, dijo el abogado a El Tribuno. El teme que el módulo IV comience a usarse sin la membrana y sin cumplimentar los trámites que exige la Ley nacional 25.916, de Gestión de Residuos Domiciliarios. “Este peligro se da por los antecedentes y por la manera en que trabajan”, manifestó.

El letrado valoró como positivo el fallo de Domínguez: “Me gustó porque por primera vez se empieza a hablar con un lenguaje de derecho ambiental. No se puede hablar del ‘colapso’ de una trinchera. Para eso, hay una gestión que obliga a tener un plan de clausura. No se puede hacer lo que a uno se le antoja y manejarse arbitrariamente con la gestión de un servicio público”.

Promesas incumplidas

Ayer por la mañana, en la apertura de las sesiones legislativas, el intendente Gustavo Sáenz dijo sobre el módulo IV: “Estamos gestionando el inicio inmediato de los estudios de suelo previos a su habilitación, con instituciones y profesionales idóneos en la temática”. Luego, mencionó que “se iniciará el proceso de adquisición de la geomembrana”.

Segovia cuestionó los dichos del mandatario, ya que pasaron más de dos años desde que se prorrogara el contrato con la empresa, que preveía todo esto. “Desde entonces hasta hoy, no presentaron ningún estudio ni lo han mandado a hacer. Eso quiere decir que ellos hacen los estudios porque sí, no les importa qué dicen, ni los resultados”, pronunció. 

Sobre la compra de la geomembrana, Segovia analizó que es la segunda vez que Sáenz lo promete: “El mismo derogó un contrato en el que la Municipalidad se comprometía a comprar la geomembrana porque el Tribunal de Cuentas se lo observó. Son puras contradicciones”. 

Además, apuntó: “En un momento, dijeron que no hacía falta la geomembrana porque un técnico de Nación dijo que no hacía falta, pero no presentaron estudios. Hablan con suposiciones y dichos. No son técnicos, no son científicos, no se guían por criterios legales ni contractuales”. 

Separación, sin avances

Según el juez, Galíndez tampoco informó sobre la implementación de programas concretos para la gestión de residuos domiciliarios, como prevé el artículo 25 de la Ley 25.916.

Separemos Juntos se lanzó como un plan piloto en 2011 en pocos barrios y debía extenderse progresivamente a toda la ciudad. Con este programa, los vecinos separan los materiales secos, como plástico, cartón y vidrios, de la basura húmeda y un camión diferenciado los recoge tres veces por semana.

Durante la gestión de Sáenz, solo tres barrios se sumaron a este plan. Vecinos contaron que ya no existen las bolsas naranjas que se repartían o que podían retirar del centro para sacar estos materiales.

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