Los beneficiarios tenían 60 días a partir de febrero para realizar los trámites y no perder el beneficio que otorga Desarrollo Social de la Nación. Los organismos locales no tiene precisiones acerca de la cantidad de personas discapacitadas o con incapacidad laboral que desde el año 2003 perciben un beneficio que otorga el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación a través de la Agencia Nacional de discapacidad; pero sobre lo que tienen certezas es que a partir del mes de abril los beneficiarios que tienen 60 días para actualizar sus legajos podrían dejar de percibir ese beneficio que ronda los $6.000 mensuales pero también dejarán de contar con la cobertura médica que les brinda múltiples beneficios como atención médica, internación y descuentos en medicamentos.
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Los beneficiarios tenían 60 días a partir de febrero para realizar los trámites y no perder el beneficio que otorga Desarrollo Social de la Nación. Los organismos locales no tiene precisiones acerca de la cantidad de personas discapacitadas o con incapacidad laboral que desde el año 2003 perciben un beneficio que otorga el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación a través de la Agencia Nacional de discapacidad; pero sobre lo que tienen certezas es que a partir del mes de abril los beneficiarios que tienen 60 días para actualizar sus legajos podrían dejar de percibir ese beneficio que ronda los $6.000 mensuales pero también dejarán de contar con la cobertura médica que les brinda múltiples beneficios como atención médica, internación y descuentos en medicamentos.
Elba Rodas es secretaria de Desarrollo Humano del municipio de Tartagal y precisó que “la preocupación obedece a que en el mes de febrero los beneficiarios fueron notificados pero lo más grave es que no tenemos precisiones de qué manera y dónde se debe presentar la documentación que la nación le está exigiendo a los beneficiarios para no dejarlos sin este beneficio. Nos acercaron páginas digitales, números de teléfono pero ninguno está en funcionamiento al punto que los propios gerentes de los hospitales de la zona nunca han podido contactarse con estos organismos. Lo lamentable es que el tiempo corre y que si los beneficiarios no cumplen con las exigencias que se enumeran en la Carta documento que les llegó se van a quedar sin este beneficio que es vital para muchos”.
Rodas precisó que “los beneficiarios recibieron una carta documento desde Desarrollo social de la nación donde le hacen conocer que disponen de 60 días corridos para renovar toda la documentación mediante la cual acreditan que realmente tienen un problema de salud, discapacidad o incapacidad laboral que les impida acceder a cualquier puesto de trabajo. Pero lo preocupante de la situación es que las instrucciones que le dieron a la gente es que tienen que recurrir a las oficinas locales de Anses pero ahí no saben absolutamente nada porque nunca fueron notificados de esta directiva, ni mucho menos qué tramite deben realizar los beneficiarios ni qué documentación deben recibir en las delegaciones. Es como si de nación primero hubieran tomado la decisión de cortar el beneficio y después van a arbitrar los medios para que la gente acredite su problema de salud, no podemos pensar otra cosa”.
Elba Rodas, secretaria de Desarrollo Humano del municipio.
No hay información en hospitales
Rodas precisó que “ante la gran preocupación de la gente, muchos de ellos personas de escasos recursos y gran cantidad de miembros de comunidades aborígenes que tienen este beneficio, hablamos con el subgerente del Hospital Juan Domingo Perón porque seguramente allí deben hacerse los certificados de discapacidad o incapacidad. Pero lamentablemente tampoco tienen ninguna información al respecto al punto que gerentes de varias unidades operativas le reportaron esta inquietud al ministro de salud de la provincia”.
“Lo que nos informaron desde el hospital Perón es que el trámite debe hacerse con una firma digital del beneficiario; si vamos a la realidad las carencias de los hospitales al menos de la zona son tantas que pretender que cuenten con la tecnología para hacerlo de esta forma es por lo menos en la actualidad imposible. La última respuesta que obtuvimos es que tampoco el ministerio de salud de la provincia ha sido informado sobre los trámites y exigencias por parte de la nación; esto significa que mucha gente está en riesgo de perder esas pensiones por la que perciben alrededor de $6.000 pero que para muchas personas de muy escasos recursos es la única opción para comprar sus alimentos”, detalló Rodas.
La secretaria de desarrollo humano expresó además que “otra gran preocupación pasa por el hecho de que a la pensión se suma la cobertura médica. Lo único que nos quedó como organismo local al ver tanta angustia de la gente fue pedirles que se inscriban en esta secretaría para que trabaje un asesor legal que los acompañe a realizar el trámite que sea necesario. Nosotros tenemos niños con patologías severas y que más allá de lo que perciben mensualmente, tienen una cobertura del tratamiento complejo de salud que ni provincia ni municipio le pueden brindar”.