Integrantes de organizaciones sociales, estudiantes y vecinos realizaron un "boletazo" ayer por la mañana frente al Juzgado de Minas de la Provincia, sobre la avenida Bolivia 4671, para reiterar su pedido que se anule el aumento del boleto que se aplicó en diciembre pasado, porque no hubo una audiencia pública previa.
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Integrantes de organizaciones sociales, estudiantes y vecinos realizaron un "boletazo" ayer por la mañana frente al Juzgado de Minas de la Provincia, sobre la avenida Bolivia 4671, para reiterar su pedido que se anule el aumento del boleto que se aplicó en diciembre pasado, porque no hubo una audiencia pública previa.
En ese juzgado se tramita un amparo colectivo contra la AMT y Saeta. Fue interpuesto el 15 de marzo pasado por la Asociación de Usuarios y Consumidores Unidos de Salta (UCU).
Los manifestantes también expresaron su malestar e indignación por el caso del pasajero al que la Policía bajó de un colectivo por no contar con la tarjeta magnética. El hecho fue filmado, el video se viralizó en las redes sociales y generó gran polémica.
La Defensora del Pueblo, Frida Fonseca, explicó que realizó una presentación ante el juzgado contra la suba del precio del pasaje. "Solicitamos ser incluidos en la causa como amicus curiae, es decir amigos del Tribunal", manifestó.
Junto a la solicitud se presentaron las firmas de 3.000 usuarios en apoyo al pedido del amparo. "Entendemos que es importante que puedan evaluar los reclamos de estos vecinos", dijo Fonseca.
"Lo que le estamos pidiendo al juzgado es que retrotraiga la situación a diciembre, que anule el procedimiento realizado por no cumplir con los requisitos del artículo 42 de la Constitución Nacional y que además revea y exija que Saeta presente los balances para que todos los ciudadanos salteños podamos saber cómo se maneja esta empresa, que es un agujero negro donde nadie sabe qué es lo que pasa con los recursos que ingresan", hizo hincapié.
Fonseca recordó que hasta el 2015 se hicieron audiencias públicas. "Esto demuestra que hay una ilegitimidad y que estamos retrocediendo en derechos consolidados a favor de los usuarios. La situación es regresiva", acotó.
Sin participación ciudadana
Por su parte, la abogada María Emilia Calmejane, apoderada de UCU, puntualizó que: "El amparo tiene como objetivo, atacar, por así decirlo, las resoluciones 411/18 y 412/18, emitidas en diciembre pasado y que modificaron la tarifa del boleto con un aumento de un 100% y que llevarían la tarifa a 26 pesos en diciembre".
Agregó que plantean la nulidad e inconstitucionalidad de estos instrumentos por dos cuestiones. "Primero, porque no se respetó el proceso de participación ciudadana, ya que se modificó el sistema que siempre se ha venido usando, que era de audiencia pública, por un documento de consulta que no cumple con los objetivos. Por otro lado, porque consideramos que no se brindó la información suficiente para respaldar este aumento del que hoy estamos hablando".
La causa está en manos de la jueza María Victoria Mosmann. "Si hay un dictamen favorable para nosotros, volvería la situación al estado anterior a diciembre, es decir, se retrotraería la tarifa a $12,95 y con todos los aumentos que se fueron percibiendo hasta la fecha de hoy, queremos se constituya un fondo para que pueda ser devuelta esa plata a los usuarios de alguna manera en mejoras para la prestación del servicio", recalcó Calmejane.
Tanto Fonseca como Calmejane se expresaron sobre el caso del pasajero que fue bajado de un colectivo por policías al no contar con la tarjeta magnética.
"En la audiencia pública se podría haber discutido y planteado el tema del régimen de fiscalización que implicó cambiar las reglas del juego para el control de la tarjeta Saeta. Se podrían haber hecho consideraciones al respecto, cosa que no se hizo", sostuvo Fonseca.
"Observo que hay un desamparo total del usuario y sobre todo del sistema de seguridad, que está para defender y proteger a la gente. El régimen de fiscalización a nuestro criterio es absolutamente ilegítimo, porque es obligación de la empresa otorgar y entregar el comprobante del pago del boleto", agregó.
En tanto, Calmejane expresó: "Consideramos, justamente, que el no realizar audiencias públicas es lo que llevó a que se generen todas estas situaciones porque los pedidos por una mejor prestación del servicio y cuestionamientos tendrían que haberse planteado en ese procedimiento".
Piden una reunión
Desde la Defensoría del Pueblo explicaron que solicitaron una reunión con el jefe de Gabinete para plantearle la posibilidad de aplicar en Salta el sistema que se utiliza en la provincia de Córdoba. “Es un sistema mixto que lo provee la misma empresa que acá trabaja con la tarjeta Saeta, que es Redbus. En el primer boleto no te entrega comprobante papel pero, si vos pasas una vez más la tarjeta, te lo proporciona. No es oneroso el cambio y podría resolver el problema, este capricho porque para mí la empresa esta encaprichada en no entregar el boleto”, explicó Frida Fonseca.
“Es necesario resolver este conflicto social tremendo que esta generando el régimen de fiscalización. Un pasajero que quizás pagó su boleto es retirado con la fuerza pública en un procedimiento absolutamente ilegítimo y también represivo como el que se dio, por no tener un comprobante”, finalizó.