Pasaron 7 años para saber que una exdirectora de una institución para discapacitados era culpable de malversación de fondos destinados a mejorar el edificio de la escuela Jean Mermoz. Parece una burla. El dinero nunca apareció y a los cómplices, también denunciados, se los tragó la tierra. Esta Justicia a medias caló hondo en la lucha de Silvia Vásquez, la madre que puso la cara en el año 2012 para denunciar junto a cinco docentes a la directora Marta Inés Barnes.
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Pasaron 7 años para saber que una exdirectora de una institución para discapacitados era culpable de malversación de fondos destinados a mejorar el edificio de la escuela Jean Mermoz. Parece una burla. El dinero nunca apareció y a los cómplices, también denunciados, se los tragó la tierra. Esta Justicia a medias caló hondo en la lucha de Silvia Vásquez, la madre que puso la cara en el año 2012 para denunciar junto a cinco docentes a la directora Marta Inés Barnes.
Al conocerse la condena Vasquez reclamó la impunidad de este caso, apañado por sectores políticos y funcionarios provinciales de ese entonces. "Todos sabían de las irregularidades. No sabían cómo deshacerse del problema. Fue un calvario en aquellos años. Y hoy se conoce una sentencia, que termina siendo justicia a medias. La escuelita sigue igual, deteriorada, sin arreglos, y el dinero que nunca llegó a esta escuelita, ¿por qué no lo devuelve quien fue condenada?", se preguntó la madre.
La semana pasada Marta Inés Barnes, de 62 años, resultó condenada en juicio abreviado a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cualquier cargo público, por resultar penalmente responsable de malversación de los fondos públicos.
Tras siete años de espera silenciosa, se comprobó que la docente denunciada cometió irregularidades en el uso de los fondos provenientes del Ministerio de Educación para el programa "Copa de Leche" y otros fondos destinados al mantenimiento del establecimiento.
Se descubrió en el año 2012 que la exdirectora había comprado materiales de construcción para provecho propio falsificando firmas de padres y docentes.
Silvia Vásquez, madre de una alumna con síndrome Down, fue la impulsora de estas denuncias junto a las docentes Marta Coronel, Adriana Galindo, Cecilia Arias, Liliana Soloaga y Mabel Alicia Calizaya.
El Ministerio de Educación, luego de un sumario administrativo la apartó del cargo en julio de 2013. Pero recién elevó pruebas y pedidos de justicia hace dos años. "El ministro Dib Ashur se escabulló de los padres un día que vino a Rosario porque no quería hablar del tema. A la actual ministra Berruezo, cuando era secretaria de Educación, le presentamos las pruebas. Todos esquivaban el bulto. Como ahora. Hablé con el juez Federico Dohorman, vocal de la Sala I del Tribunal de Juicio, y me dijo que no se llegaba al juicio por la tardanza del Ministerio en enviar la documentación de las denuncias de docentes y la mía", contó Silvia, que sigue colaborando con la escuela.
"Mi hijita tenía en aquel entonces dos años. Y yo veía como los chicos no tenían ni leche para merendar y no podían utilizar los baños. Después se descubrió que esta señora hacía desaparecer el dinero. Desde aquellos años hasta el momento los baños siguen igual, no hubo arreglos circunstanciales en la escuelita".
Entre diciembre de 2011 hasta mediados de 2012 se denunció ante la supervisión del Ministerio de Educación el pésimo estado general del edificio escolar.
Se advirtió sobre las pérdidas de agua en los baños que se tapaban con trapos para disimular los desperfectos, las canaletas en los techos y el endeble piso del mástil. También denunciaron la falta de mercadería para brindar la copa de leche a los alumnos. Y la rendición de alrededor de 20 mil pesos destinados a esta escueli ta.