Sostiene el filósofo Jürgen Habermas: “La pretensión de legitimidad de un orden jurídico solo puede desempeñarse o resolverse con la voluntad concordante y unida de todos los ciudadanos libres e iguales”.
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Sostiene el filósofo Jürgen Habermas: “La pretensión de legitimidad de un orden jurídico solo puede desempeñarse o resolverse con la voluntad concordante y unida de todos los ciudadanos libres e iguales”.
Si la ciudadanía no cree en la Justicia, no creerá en la ley. Y la ley, en la democracia, requiere persuasión. Una parte del problema radica en la comunicación.
El acuerdo entre Adepa y Ju.Fe.Jus. apunta a un aspecto, que es el de disolver el conflicto que se genera entre el mutismo de muchos jueces y la demanda de información de una sociedad que se transforma en ansiedad periodística.
Este convenio surge de una necesidad de larga data, que cobró fuerza con la Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa celebrada en Salta, y será ratificado próximamente por la Corte de nuestra provincia.
Ya en 2011, en la página digital del Centro de Información Judicial, la jueza federal Angela Ledesma escribió que “la dualidad que genera, por un lado, el dogma de que los jueces hablan por sus sentencias y, por otro, los juicios mediáticos a los que asistimos diariamente, constituye una clara demostración de la disociación entre la tarea que se realiza en el ámbito de la Justicia y lo que la sociedad conoce o entiende con relación a ella. Esta situación denota la necesidad de construir una forma de comunicación adecuada entre los jueces y la ciudadanía”.
Por los tribunales pasan millares de expedientes. Algunos, por diversas razones, generan fuerte impacto en la opinión pública. Crímenes inexplicables, como el de María Marta García Belsunce, donde la familia confundió cinco balazos con un golpe en la bañadera, o de Micaela García, muerta a manos de un violador que gozaba de libertad anticipada, así como infinidad de víctimas inocentes, ciudadanos comunes asesinados por delincuentes de frondoso historial generan en la opinión pública un juicio paralelo. Esta desautorización de los jueces es raudamente politizada por actores públicos más interesados en el escándalo que en la verdad.
Una buena comunicación no suplirá las falencias de jueces o fiscales pero permitirá entender decisiones chocantes para el ciudadano común.
La instalación de los derechos humanos en la agenda pública es uno de los fenómenos más positivos desde 1983. Curiosamente, sin que los protagonistas se lo propusieran, este escenario ha convertido al “garantismo” en “totem y tabú”. La ley limita el margen de los jueces para mantener preso a un imputado. Mientras que algunos -en general, gente harta de inseguridad- buscan “el linchamiento” (como ocurrió en las últimas semanas) otros filósofos de inspiración nihilista desvarían con el “abolicionismo”, es decir la eliminación de cualquier forma de punición contra los delincuentes.
La buena comunicación no eliminará las falencias institucionales; tampoco corregirá posiciones extremas, pero permitirá corregir la grieta entre “jueces y justiciables”, hará posible comprender algunas decisiones y, especialmente, obligará a los magistrados a explicar decisiones que, a primera vista, parecen escandalosas.