Se aproxima un nuevo proceso electoral, y para beneplácito de todos, apreciamos que por su regular continuidad se ha convertido en una loable costumbre, para la salud de las instituciones de la República.
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Se aproxima un nuevo proceso electoral, y para beneplácito de todos, apreciamos que por su regular continuidad se ha convertido en una loable costumbre, para la salud de las instituciones de la República.
En ese contexto, parece oportuno aportar algunas ideas que, aunque elementales, puedan contribuir a esclarecer algunos aspectos relacionados a los potenciales o reales resultados de la votación y a su validez, sobre lo que advierto que los medios de comunicación y la ciudadanía suelen incurrir en confusión o en equívocos. Porque según su previsión legal, el momento en que se realizan, las fuentes de donde se obtiene la información, los mecanismos que se utilizan, los destinatarios de sus conclusiones, y sus efectos jurídicos, todo lo cual tiene variaciones sustanciales, hacen necesario diferenciar conceptual y terminológicamente con claridad en qué consisten estos informes, estudios o cómputos.
Es sabido que con carácter previo al acto comicial -antes, y aún durante su desarrollo, y hasta su clausura- se elaboran una multiplicidad de encuestas electorales o sondeos de opinión. Sin entrar en tecnicismos científicos o diferencias esenciales, a los fines perseguidos, en forma sencilla podemos decir que ambos son herramientas, métodos o técnicas de investigación social o estadística, mediante los cuales se recopilan datos, a través de un muestreo, con procedimientos estandarizados, de un sector minoritario de la población, para obtener referencias cuantitativas, para que luego, como inferencia, sean generalizadas y aplicadas a un universo más global.
Se formula un cuestionario preestablecido, con preguntas cerradas, a un sector parcial de la ciudadanía, consultándola telefónicamente (utilizando máquinas de las llamadas automáticas, o por comunicación de persona a persona), en forma presencial, por escrito, por correo u online, y a partir de las respuestas, se extraen los datos que se pueden considerar, en mayor o menor medida, representativos del todo. El costo es muy variable, y en épocas de escasez de recursos, se suele recurrir a los métodos más económicos, dejando de lado a las encuestas presenciales, consideradas más seguras.
La fidelidad y confiabilidad de las deducciones será mayor cuanto más riguroso sea el apego a los estándares de procedimiento, de rectitud, de seriedad y de objetividad del interrogatorio, así como del segmento social seleccionado: debe simbolizar y reproducir, en lo posible, las diferentes características de la sociedad, en todos sus aspectos específicos: sexo, edad, nivel socioeconómico y educativo, territorialidad, etc., y siempre tomado en cuenta los antecedentes que sirvan al efecto, como los censos. Por supuesto, mientras más amplia sea la compilación, obviamente la incidencia del margen de error decrece.
Como esta tarea es también un negocio lucrativo, a nadie escapa que su fiabilidad depende asimismo de la integridad, honradez y ecuanimidad de quien la realiza, sea una consultora, encuestadora o empresa demográfica, de sus antecedentes, de quien la encargó y la costeó, y de la poca o mucha propensión que pudiera tener aquella para "dibujar" números o acomodarlos, de buena o mala fe, con la finalidad de agradar a su cliente o para influenciar en el elector indeciso.
Aproximaciones
Sin pretender desacreditar este trabajo, se quiere dejar en claro que su importancia es relativa, toda vez que se trata solo de una toma de contacto, a modo de aproximación, con la realidad. A ello se suma el hecho de que la información proviene de personas que, por temor, desconfianza, u otros factores, puede mentir, declarar distinto de lo que elegirá después, cambiar de opinión en el camino, o arrepentirse de su opción. De allí que en muchas ocasiones, los datos que se informan con anticipación luego puedan diferir en forma considerable de lo que luego, a resultas del acto comicial cerrado y definido, se declaran como resultados definitivos. Por las razones expuestas aciertan o no, sin que a nadie deba sorprender esa circunstancia.
Los sondeos de opinión se hacen continuamente, aún en épocas alejadas de la elección, con distintos propósitos políticos: para medir el grado de aceptación a una gestión, para identificar los aspectos que preocupan a la población en mayor o menor medida en un momento determinado, para contar el margen de conocimiento de un eventual candidato, entre otros. A medida que el proceso preelectoral avanza, evidentemente las encuestas apuntan a lo que más interesa y predomina: la intención de voto.
Bocas de urna
Dijimos que esta práctica se extiende hasta el día mismo fijado para las elecciones -las PASO, las generales y un eventual balotaje- en razón de que es allí cuando se realizan las últimas encuestas, las llamadas "de boca de urna", para las cuales las encuestadoras abordan a la persona que manifiesta ya haber emitido el sufragio, en las cercanías del lugar donde votó, y acepta voluntariamente trasmitirle a quien lo interroga, en favor de qué fuerza política o candidato lo hizo.
También aquí se debe dejar en claro la relatividad del estudio, pues subsisten los recelos o temores del votante, porque la información se obtiene de lo que el ciudadano "dice que votó" y no de la forma en que efectivamente lo hizo, y porque el universo de personas consultadas no es seleccionado en forma estricta, sino más bien al azar. Son esos los datos que, apenas clausurado el acto comicial, los medios de prensa se apresuran a difundir, con la mayor celeridad que exige la "primicia", pero al margen de la ley, que prohíbe dar esa información hasta las 21 horas de esa jornada. ¿El temor a las sanciones?... Bien, gracias ya que se trata de multas cuyo monto no disuade a los medios de divulgar esta información, que evidentemente les reporta un beneficio mayor que el costo eventual de afrontar la multa.
Antes de concluir con las encuestas, no querría dejar de agregar una observación que me parece insoslayable: como es previsible, lógicamente estos trabajos son realizados por empresas privadas contratadas al efecto. Con una excepción (al menos por mí conocida): en España un organismo estatal, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), no solo puede, sino que debe (está previsto entre sus funciones legales) hacer encuestas electorales. Lo que, a mi criterio, resulta contrario al sentido común y reprochable desde todo punto de vista, no solo porque me resulta inconcebible justificar ese gasto del erario público, sino también por el comprensible "aprieto" en que se coloca a esa repartición y al funcionario responsable para que sea imparcial, objetivo y veraz. De hecho, en la práctica, ambos fueron objeto de duras críticas y aún de denuncias penales, aunque siempre pueden apelar al argumento defensivo de que esa medición es real y que "no se puede matar al mensajero".