Los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) arribaron ayer al mediodía a la capital salteña desde Mosconi en el avión provincial. Por primera vez, estuvieron en Salta para analizar el conflicto por los exlotes fiscales 55 y 14.
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Los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) arribaron ayer al mediodía a la capital salteña desde Mosconi en el avión provincial. Por primera vez, estuvieron en Salta para analizar el conflicto por los exlotes fiscales 55 y 14.
El viernes escucharon la postura de las familias criollas y las comunidades originarias en Santa Victoria Este. Los magistrados Humberto Antonio Sierra Porto y Patricio Pazmiño Freire apenas arribaron hablaron unos minutos con El Tribuno, que los esperó a la salida de los hangares en Aviación Civil.
Pazmiño Freire, vocero de la Corte IDH, definió como una "sesión de trabajo intensa" la jornada del viernes. Remarcó que sirvió para escuchar a las partes involucradas (familias originarias y criollos) y que los datos que se llevan de esta visita les va a servir para que la "Corte analice antes de tomar su decisión", que se espera que sea recién el año que viene.
"Fue una sesión muy bien organizada por las autoridades, los coordinadores estatales. Hemos trabajado con las organizaciones criollas y con las comunidades indígenas de Lhaka Honhat. Hemos escuchado muy atentamente distintas versiones, distintas necesidades y estuvo presente el Estado", expresó Pazmiño Freire.
El ecuatoriano, que integra la Corte IDH desde el 1 de enero de 2016, afirmó a este diario que en Santa Victoria Este pudieron "estar en terreno" (visitar el lugar). Recorrieron los sitios en disputa para verificar los problemas que tienen los criollos y aborígenes.
"Esto va a servir de muchos insumos para que la Corte analice antes de tomar su decisión", expresó el magistrado, quien el día de su llegada había manifestado a este diario que la Corte ya tiene una programación anual, por lo que cree será "muy difícil para este año tener una definición".
La disputa
El conflicto territorial más grande que enfrenta el país, en el que se disputan 643.000 hectáreas, entró en su fase final. Las comunidades aborígenes, representadas por la asociación Lhaka Honhat, reclaman el título único de 400.000 hectáreas, mientras que los criollos, la otra parte involucrada, solicitan su relocalización en unas 243 mil hectáreas restantes.
Pero en este conflicto también hay familias aborígenes que reclaman el título comunitario, y que no están asociadas a Lhaka Honhat. El magistrado habló sobre este tema y aclaró que eso es una decisión que a la Corte no le compete.
"Estuvieron en la audiencia, esa parte manifestó su interés pero esas decisiones ya no nos competen a nosotros porque esto tiene un proceso de muchos años, ya se establecieron las listas de los porcentajes. Decir esto no es de ahora, entonces eso ya tendrá que irlo procesando internamente acá, el Gobierno provincial y las autoridades", expresó.
Pazmiño Freire expresó que el fin de la visita era comprobar que las decisiones de la Corte tengan un eficaz cumplimiento por parte de los estados.
"Las sentencias requieren proceso y en este proceso de verificación no podemos hablar de cumplimiento o incumplimiento duro y puro. Es un tema muy complejo, es un tema que requiere legalización, demarcación, movilización de familias, de comunidades, entonces lo que se evidencia es que iba caminando el proceso, no necesariamente con los rapidez que quisieran los interesados, pero hay voluntad política del organismo Estatal, hay acercamientos y diálogos entre las partes. Entonces hemos visto una buena predisposición", afirmó el magistrado.
Al finalizar Pazmiño Freire, aclaró que se van contentos de la provincia y que pudieron conocer unos sitios muy bonitos. "Salta es preciosa", finalizó.
"Una de las cosas principales que hay que destacar es que los pueblos originarios quieren seguir trabajando en los acuerdos de parte. Han destacado todo lo que se ha venido haciendo desde la mesa de gestión, el trabajo criollo y originario", había expresado el viernes la ministra de Asuntos Indígenas, Edith Cruz.