Siete hombres y una mujer que se identifican como miembros de la Comunidad Diaguita Kallchaki de Cachi fueron imputados ayer por diversos delitos cometidos en el marco del reclamo por la propiedad ancestral de una finca de ese departamento de los Valles Calchaquíes. Luego de haber fracasado dos instancias de resolución alternativa al conflicto, el Ministero Público resolvió formalizar la acusación en su contra.
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Siete hombres y una mujer que se identifican como miembros de la Comunidad Diaguita Kallchaki de Cachi fueron imputados ayer por diversos delitos cometidos en el marco del reclamo por la propiedad ancestral de una finca de ese departamento de los Valles Calchaquíes. Luego de haber fracasado dos instancias de resolución alternativa al conflicto, el Ministero Público resolvió formalizar la acusación en su contra.
La fiscal penal 6, delegación Cachi, Ana Inés Salinas, imputó a Norberto Martín Humana, Néstor Ismael Casimiro y Nemesio Fabián por el delito de "usurpación por alteración de los límites" en perjuicio de Javier Montero Alessanco, propietario de una finca. La medida fue dispuesta por un incidente ocurrido el 14 de enero de este año, cuando los nombrados colocaron postes y alambraron la propiedad "con la clara intención de modificar los términos del inmueble impidiendo con esta acción el ingreso a la finca y obstaculizando el trabajo en el lugar".
También se les imputa el delito de "usurpación por despojo", al haberse acreditado que el 5 de febrero "ingresaron a la propiedad en banda, portando palos, piedras y boleadoras con claras intenciones de despojar (por invasión) al denunciante e impedir que continúen realizando actos propios de su posesión". En tanto, Amalio Fabián, José Condorí, Miguel Ángel Plaza, Ulises Yanez y Dora Siarez fueron imputados por "usurpación por despojo", el 5 de febrero. A Humana, Casimiro, Nemesio, Walter y Amalio Fabián, Plaza, Siarez y Yanez se les imputa, además, el delito de "daño agravado" .
A juicio de la fiscal "quedó acreditado que los imputados provocaron daños al móvil policial y a otros elementos que portaban los efectivos participantes". Se los acusa también del delito de "impedimento de normal funcionamiento de transporte por tierra" por cuanto los nombrados "colocaron obstáculos en el camino de la Aguada el 5 de febrero e impidieron de este modo el normal funcionamiento de transporte por dicho camino y se les endilga el delito de resistencia a la autoridad".
Humana también fue acusado de lesiones leves calificadas por el concurso premeditado de dos o más personas y en contra las fuerzas policiales.