El permiso especial que le concedió el juez de Garantías de 2ª Nominación, Claudio Alejandro Parisi, al exobispo de Orán, Gustavo Zanchetta, dentro de la causa por abuso sexual, fue apelado por la fiscal Soledad Filtrín. La autorización allanó el camino para que el religioso regrese al Vaticano, luego de haberse presentado espontáneamente a la audiencia de imputación por dos denuncias de seminaristas. Cuando Zanchetta acudió a la audiencia el 6 de junio le aplicaron medidas restrictivas a su libertad. Le retuvieron los documentos de viaje y pasajes, y durante estos días el exobispo norteño permaneció en la ciudad de Orán.
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El permiso especial que le concedió el juez de Garantías de 2ª Nominación, Claudio Alejandro Parisi, al exobispo de Orán, Gustavo Zanchetta, dentro de la causa por abuso sexual, fue apelado por la fiscal Soledad Filtrín. La autorización allanó el camino para que el religioso regrese al Vaticano, luego de haberse presentado espontáneamente a la audiencia de imputación por dos denuncias de seminaristas. Cuando Zanchetta acudió a la audiencia el 6 de junio le aplicaron medidas restrictivas a su libertad. Le retuvieron los documentos de viaje y pasajes, y durante estos días el exobispo norteño permaneció en la ciudad de Orán.
"Resguardar el procedimiento penal", fue el motivo con el que el juez Parisi justificó en su momento la decisión de hacer lugar a las medidas restrictivas. Zanchetta fue sometido a estudios psicológicas y psiquiátricas, con la presencia de un perito de parte. Cuando concluyeron esas diligencias, el defensor penal oficial N§ 2, Enzo Gianotti, solicitó al juez Parisi que le revocaran las medidas restrictivas.
La fiscal Filtrín se opuso al pedido de la defensa del religioso. A pesar de ello, el viernes pasado el juez le concedió el permiso de regresar a Roma, con fecha de regreso el 8 de agosto. Paralelamente a ello, el magistrado le mantuvo las medidas restrictivas.
En su resolución Parisi justificó su decisión en los "motivos laborales" del cura. Sin embargo, el caso fue puesto bajo la lupa porque, según el papa Francisco, Zanchetta fue separado de las funciones que desempeñaba como asesor de la Inmobiliaria del Vaticano y ordenó un juicio canónico. Se trata de un proceso que "personalmente" autorizó abrir el Papa luego de conocer las pruebas remitidas en la etapa preliminar de la investigación por parte del obispo de Tucumán, Carlos Sánchez.
"Cuando él declaró presentó una constancia de trabajo expedida por las autoridades del Vaticano. Como consecuencia de ello, cuando me corrieron vista a mi, les dije que no correspondía porque no me habían llegado los informes ni se habían terminado de realizar todas las medidas de prueba que podían demandar la presencia de él, sí o sí. Además, tampoco estaba acreditado que realmente trabaje ahí donde dice", señaló la fiscal. Dijo que en Orán fijó un domicilio provisorio. "Además se venía otra etapa, que es la de clausura de la investigación y el requerimiento de juicio del debo notificarlo personalmente. Por lo tanto su presencia era importante. Sí o sí tenía que estar", aseguró.
La fiscal tenía cinco días para apelar la decisión del juez Parisi y así lo hizo el lunes pasado, pero para ese momento Zanchetta ya se había ausentado de Orán. El incidente deberá ser resuelto ahora por el Tribunal de Impugnación.
Más allá del permiso, el juez no levantó las medidas restrictivas basándose en que compartía los criterios con la fiscal. Filtrin había advertido que "no se encuentran reunidos los requisitos que tornen viable el levantamiento de las medidas de coerción"
Defendió su apelación por considerar que el permiso que otorgó el juez Parisi a Zancheta "es contradictorio". Y agrego: "Por un lado hacen lugar a mi pedido, pero luego le otorgan el permiso". A juicio de la funcionaria, con esta decisión "se le quita valor a la resolución" al decir: "Le mantengo las medidas de salir del país". La fiscal cuestionó el hecho de que a Zanchetta se lo haya beneficiado con un permiso provisorio. "No se condice un punto con el otro. El primer punto del resolutivo no da a lugar y el punto dos autoriza a que viaje. Esto atenta contra el leal principio de lógica y fundamentación que tiene que tener toda fundamentación". En ese sentido, Filtrín cita el artículo 164 del Código Procesal Penal que establece que "las decisiones judiciales deben ser fundadas, y en este caso no lo hay". Dijo que hay fallos respecto a esta cuestión.
Filtrín aseguró que el hecho que el acusado no se encuentre en el país es "dilatorio para el proceso" y dificulta la investigación. "Si bien tengo cuatro meses para investigar, en ese tiempo puedo presentar la acusación y no la clausuré. Estoy a la espera de los informes periciales para valorar si es necesario ampliarlo o requerir alguna otra prueba que puede demandar su asistencia", señaló la fiscal. Frente a lo expuesto sostuvo que no puede esperar hasta el 8 de agosto y que en esas condiciones vería truncada la investigación. "Vamos a ver qué sucede. El 8 se le vuelven a retener los documentos y continúa en marcha el proceso", indicó. Sin embargo, consideró que lo sucedido "no es algo común".
El efecto De Rossi
Más allá de los cuestionamientos de la fiscal oranense por el permiso que se le otorgó a Zanchetta de que pueda viajar a Roma, lo que se teme es que el religioso no regrese en la fecha fijada por el juez Parisi (8 de agosto).
Dentro de la Justicia salteña está presente el antecedente del sacerdote italiano Alessandro De Rossi, quien en 2014 fue imputado por el delito de “abuso sexual gravemente ultrajante agravado por corrupción de menores” en concurso real por hechos ocurrido en la vicaría María Medianera de todas las Gracias en el barrio Islas Malvinas de la ciudad, donde se desempeñó 2008 a 2013. La denuncia en contra del sacerdote fue presentada el 9 de enero de 2014 por un joven que solía concurrir a la parroquia.
De Rossi fue detenido en Roma por Interpol en enero de 2015. Sin embargo, no pudo ser extraditado a Salta debido a que el cura fue favorecido por un Tribunal de Apelación de Roma que rechazó el requerimiento efectuado por el fiscal Pablo Paz y el juez Garantías Nº 4, Diego Rodríguez Pipino.