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Las posturas ante un cambio trascendental

Opiniones de los involucrados en la implementación del nuevo código.
Jueves, 06 de junio de 2019 02:55

La implementación y monitoreo del nuevo Código Procesal Penal de la Nación está a cargo de una comisión bicameral que preside el senador por Salta Rodolfo Urtubey. También fue una pieza clave en la elaboración de la reforma de la normativa, por lo que es uno de los más entusiastas y optimistas ante el sistema que debuta el lunes. A la vez, es consciente de las advertencias que se hicieron en cuanto a su aplicación.

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La implementación y monitoreo del nuevo Código Procesal Penal de la Nación está a cargo de una comisión bicameral que preside el senador por Salta Rodolfo Urtubey. También fue una pieza clave en la elaboración de la reforma de la normativa, por lo que es uno de los más entusiastas y optimistas ante el sistema que debuta el lunes. A la vez, es consciente de las advertencias que se hicieron en cuanto a su aplicación.

En cuanto a las críticas que se hacen por la falta de recursos humanos para la implementación, Urtubey aseguró a El Tribuno que se avanza con las designaciones, pero "lleva su tiempo burocrático". Lo mismo dijo sobre las obras de infraestructura requeridas.

"Hay un compromiso de la Corte Suprema de Justicia de ir dotando de recursos al Ministerio Público y hay un compromiso también de la Procuración General en igual sentido", dijo el senador.

La presidenta de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, Mariana Inés Catalano, advirtió que la aplicación del nuevo sistema no se da "en condiciones óptimas".

"En infraestructura, tanto en Salta, como en Orán, Tartagal y Jujuy hay obras que hay que terminar, readecuaciones que se deben concretar y algunas pequeñas obras que tienen que ver con la puesta a punto de las oficinas", dijo la jueza para esta nota.

De todas maneras, mantiene su esperanza. "En lo personal, tengo mucha fe en este sistema, me parece que va cambiar drásticamente la cultura del trabajo de los jueces. Se van a agilizar y transparentar los procesos", confió la magistrada.

El fiscal federal Carlos Amad, investigador en casos tan relevantes como el que llevó al exjuez Raúl Reynoso a una condena de 13 años de prisión (en ese caso el fiscal trabajó junto a su par Francisco Snopek), también marcó su entusiasmo con el modelo procesal que arranca el 10 de junio.

"La implementación del nuevo código procesal penal en Salta y Jujuy no solo que es un gran avance sino que es un honor para esta jurisdicción poder empezar a aplicarlo. Es un avance significativo y estamos preparados para afrontar el desafío. Solamente restan finiquitar algunos temas edilicios, de computadoras, de sistemas y enlaces y de recursos humanos, pero creo que vamos a llegar bien", dijo el funcionario del Ministerio Público.

Sebastián Dávalos, secretario de Ministerios Públicos de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), aclaró que si bien el gremio apoya la implementación del nuevo sistema advirtió "que preocupa, sobre todo en esta zona del país donde tenemos una frontera caliente, que haya una sobrecarga hacia los empleados". "Necesitamos recursos humanos, infraestructura, redes y sobre todo capacitación", afirmó el delegado sindical en Salta.

El papel de la Justicia provincial

A finales del mes pasado, autoridades de la Procuración General de la Provincia y del Ministerio Público de la Defensa de la Nación mantuvieron reuniones para avanzar en un convenio que permita la asistencia del ámbito local al federal, a través de los laboratorios y personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), en las causas que se lleven adelante con el nuevo Código Procesal Penal Federal.
En esa línea, a mediados de mayo, el Senado nacional aprobó una ley para permitir un mayor involucramiento de los jueces y fiscales provinciales en la investigación de causas relacionadas con el narcotráfico. Si bien en Salta, el Estado provincial ya se encarga de delitos de microtráfico, la nueva legislación otorga un mejor marco legal para esa tarea y la interacción con los agentes de la Justicia Federal, que se ocupan de las grandes organizaciones criminales.    

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