Entre la catarata de cambios que trajo la llegada de Abel Cornejo a la Procuración, hubo uno que despertó alarmas, el de María Luján Sodero Calvet. La fiscal pasó de la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual (Udis) a la de Graves Atentados contra las Personas (Ugap). También quedó a cargo de la Coordinación General de Unidades Fiscales. Sodero investigó dos de los casos más resonantes en materia de abusos eclesiásticos: el de Agustín Rosa Torino y el de José Aguilera, dos sacerdotes influyentes que terminaron con prisión domiciliaria a pesar de su oposición.
¿Cree que este cambio tiene algo que ver con los casos de abusos eclesiásticos, como se señaló?
No creo en absoluto que haya sido para apartarme de esas investigaciones. Primero, por la línea que viene marcando el señor procurador, y segundo, por el tipo de tarea que se me asignó, como es la Coordinación de las Unidades Fiscales. Con esa tarea está la intención de poder trabajar de manera directa con causas que estén en las fiscalías, analizando la gravedad o el impacto. Y a partir del diagnóstico proponer al procurador el trabajo sobre esas causas o interacciones entre distintas fiscalías. Me cabe entonces la injerencia hoy de causas que están en tramites en la Udis, en la Ugap y en otras fiscalías. En el caso puntual de estas causas que quedaron en trámite, que tiene que ver con el clero, puedo hacer coordinaciones respecto a la fiscalía que quedó a cargo. No hay apartamientos, al contrario, se busca que el trabajo sea aún más aceitado. En las fiscalías hay gente muy preparada y ahora aunaremos los esfuerzos en casos de esta envergadura. Hay muchas causas importantes que ameritan la intervención de más de un fiscal.
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Entre la catarata de cambios que trajo la llegada de Abel Cornejo a la Procuración, hubo uno que despertó alarmas, el de María Luján Sodero Calvet. La fiscal pasó de la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual (Udis) a la de Graves Atentados contra las Personas (Ugap). También quedó a cargo de la Coordinación General de Unidades Fiscales. Sodero investigó dos de los casos más resonantes en materia de abusos eclesiásticos: el de Agustín Rosa Torino y el de José Aguilera, dos sacerdotes influyentes que terminaron con prisión domiciliaria a pesar de su oposición.
¿Cree que este cambio tiene algo que ver con los casos de abusos eclesiásticos, como se señaló?
No creo en absoluto que haya sido para apartarme de esas investigaciones. Primero, por la línea que viene marcando el señor procurador, y segundo, por el tipo de tarea que se me asignó, como es la Coordinación de las Unidades Fiscales. Con esa tarea está la intención de poder trabajar de manera directa con causas que estén en las fiscalías, analizando la gravedad o el impacto. Y a partir del diagnóstico proponer al procurador el trabajo sobre esas causas o interacciones entre distintas fiscalías. Me cabe entonces la injerencia hoy de causas que están en tramites en la Udis, en la Ugap y en otras fiscalías. En el caso puntual de estas causas que quedaron en trámite, que tiene que ver con el clero, puedo hacer coordinaciones respecto a la fiscalía que quedó a cargo. No hay apartamientos, al contrario, se busca que el trabajo sea aún más aceitado. En las fiscalías hay gente muy preparada y ahora aunaremos los esfuerzos en casos de esta envergadura. Hay muchas causas importantes que ameritan la intervención de más de un fiscal.
¿Usted qué cree que hace falta para abordar de manera integral las causas por abusos eclesiásticos?
La causa de Rosa Torino ya está en trámite de juicio. Hubo una instancia de apelación que ahora se está resolviendo. Hay muchos testigos que van a declarar en ese juicio, tal vez designemos a dos personas. Esto, que haya mas de un fiscal, se suele usar mucho en la Unidad de Graves Atentados. En el caso de Lamas hay que ver qué falta y qué se podría hacer. La de Aguilera es una causa que ya está muy avanzada, quedan diligencias muy puntuales, la incorporación del resultado de algunas pericias y no hay mucho más por hacer para poder elevarla a juicio. Habría que ver si para la instancia eventual de juicio, sería suficiente una fiscalía o más.
Más allá de que se traten de diferentes causas, han habido ciertos puntos de coincidencia entre ellas, como la negación de las actas eclesiásticas a los fiscales amparándose en el discutido Concordato.
Desde la Procuración hay una decisión muy clara que no se va a admitir esta doble competencia. Se está trabajando en un planteo formal, en un protocolo para ese tipo de situaciones. Será un criterio unificado para todas las fiscalías. Es verdad, lo que le sucedió a Obeid (NdR: ambos fiscales pidieron allanar el azobispado ante la negativa de entrega de las actas eclesiásticas por abuso), es lo que me sucedió a mí, y la forma en que se actuó ha sido exactamente la misma. Ambos solicitamos allanamientos y obtuvimos la negativa. Se está tramitando la obtención de esos documentos a través del Vaticano, pero es un problema. Riñe con el sentido común, estamos a quince minutos de que simplemente entreguen una documentación que sería lo razonable de acuerdo a lo que estamos escuchando constantemente desde el Vaticano. No se comprende, hay una posición tan firme desde la Santa Sede que se entreguen los medios, lo que haga falta, que se colabore con la Justicia, que se esclarezcan esos hechos, tolerancia cero. Pero al pedir la documentación, nos contestan de esta forma. No hay coherencia.
¿A qué cree que se deba esta negativa?
No quiero aventurarme a una opinión que por ahora pueda ser subjetiva. Si debo decir que llama la atención.
En otros lados los Arzobispados sí entregaron las actas...
Sí, aquí no hubo manera de llegar, ni con un pedido formal ni a través de un allanamiento. Con este obstáculo del famoso Concordato, y estamos hablando de una Justicia Penal, la más fuerte en cuanto a consecuencias. Están priorizando un Concordato que con un interés tan superior como el que tenemos en vista, la verdad no se entiende. Tampoco se entiende que no se entregue ni siquiera la documentación a los interesados, eso también llama la atención. La persona que hace una denuncia tiene derecho a que se le entregue la copia, o por lo menos tener una constancia de qué es lo que dijo, o qué se consignó que dijo. Y son supuestamente víctimas que están acudiendo a esa sede y le niegan documentación.
El abogado Vanossi, que participó del diseño del Concordato, advirtió que está siendo mal usado.
Coincido totalmente, la Iglesia no puede hacer lo que estamos viendo hoy, la esencia del Concordato no fue esa. Además de que se está malinterpretando, permite una sensación muy negativa. Porque hay una sensación que queda en la sociedad, una sensación de encubrimiento, de negación, de impunidad, y no es positivo, no ayuda. Es bastante incomprensible, y no creo que sea el espíritu de esa reglamentación.
Si no hay unificación de criterios, ¿se puede dificultar la obtención de justicia? Porque los fiscales pueden tener una postura, pero los jueces otra.
Sí, como pasó con estos dos allanamientos de los que hablábamos. Fueron pedidos muy fundados. Particularmente en el caso Aguilera, en que fundé de manera muy acabada el motivo por el cual necesitaba esa documentación. Expliqué cómo podrían ser útiles cada uno de los elementos que podían hallarse dentro de esas actas para la causa penal. Las individualicé, las determiné, las especifiqué, de modo que ni siquiera me puedan decir “para qué las quiere” o “se piden genericamente”.
Y si no está la información, me sirve para ver por qué no está, por qué no se hizo o qué se iba a hacer. Sobre todo porque teniendo en cuenta que en la parte penal, como ya manifesté, el señor Aguilera no accedió a estudios que se habían solicitado y que podrían existir en esas actuaciones.
¿De qué serviría acceder a aquellas personas que solo denunciaron ante el fuero eclesiástico?
Hay rumores instalados de que hay más personas que fueron víctimas, pero que no hicieron las denuncias. Podrían ser útiles como testigos, no como víctimas. En el caso Rosa Torino hay muchas personas que hablaron de situaciones, que vieron o que les sucedió, pero no quieren ser sometidos a pericias ni atravesar el proceso como víctima, pero están dispuestos a declarar. En la causa de Rosa Torino accedimos a material que de otra manera no podríamos haber obtenido. Trajimos gente de otras provincias, de otros países, porque fuimos logrando unir datos. Después de mucho esfuerzo se logró la remisión de algunos legajos. Desde el Arzobispado sí nos enviaron, no tuvimos que hacer allanamientos. Ese caso igual era particu lar, porque estaba interviniendo el comisario pontificio y allanaron bastante el camino.
Se habla de una relación de la Iglesia y la Justicia que quedó demostrada en estos casos. En el de Aguilera, por ejemplo, se filtró la identidad de los denunciantes, que estaban bajo identidad reservada.
Sí, se filtró casi inmediatamente la identidad de los denunciantes. Las dos cosas son reales, no digo la vinculación de la Iglesia con la Justicia, porque no la conozco. Pero si llama la atención al menos las detenciones domiciliarias. Tenemos en alcaidía personas con grave estado de salud, con esta misma calificación del delito, que solicitaron la domiciliaria y no se la otorgaron. Ninguno de los casos tiene una sola denuncia, y en otros casos, con una sola denuncia y con ese encuadre jurídico están con prisión procesal. Llama la atención. Veamos dos causas al azar, con la calificación de abuso sexual gravemente ultrajante agravado. O veamos cuántos casos denunciados en fecha reciente de esos delitos están con prisión domicliaria, cuántos y quiénes.
Hace falta que se comparta la postura con los jueces.
Desde ya que los juzgados dan sus decisiones fundadas y no son cuestiones caprichosas. Si se repite este patrón, la fiscalía está instando, demandando y bueno, justifican en base al Concordato. A mí se me respondió que no se agotó de alguna manera la vía, que no se justifica un allanamiento. Cuando yo pido una documentación y me contestan “no existe pero solicitela a la Santa Sede, si ellos autorizan la damos”. Pido allanamiento y me contestan que no, porque no se justifica, porque no le dijeron que no se la iban a dar, sino que primero pida autorización. Ese fundamento no es compatible con una situación en la que tenemos premura en asegurar la prueba. Yo no sé qué puede estar sucediendo con esa documentación. Una cosa es que la obtenga ya y otra por vía diplomática. Es una pérdida de tiempo y más si se tiene en cuenta que los que participaron en el proceso no tienen constancia de lo que dijeron. La prueba era necesaria res guardarla inmediatamente. La respuesta judicial, con sus fundamentos, impide lo que estamos buscando.