En un anónimo atribuido a "agentes femeninas del Servicio Penitenciario" se plantearon pedidos de las trabajadoras, como la ampliación del cupo femenino en el ingreso, la creación de una guardería infantil y que se respeten los tiempos de la lactancia materna. También creen que debería haber un límite máximo de tiempo para desempeñarse en sectores críticos, como guardia y custodia.
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En un anónimo atribuido a "agentes femeninas del Servicio Penitenciario" se plantearon pedidos de las trabajadoras, como la ampliación del cupo femenino en el ingreso, la creación de una guardería infantil y que se respeten los tiempos de la lactancia materna. También creen que debería haber un límite máximo de tiempo para desempeñarse en sectores críticos, como guardia y custodia.
Los planteos se difundieron luego de que se conociera la acción judicial que inició Yone Mabel Farfán, quien no pudo llegar al cargo de subprefecto a pesar de haber sido calificada con sobresaliente por la Junta Superior. La Justicia le dio la razón a Farfán e indicó que el Servicio Penitenciario debe reformular los procedimientos para garantizar la igualdad de oportunidades en los ascensos.
Las trabajadoras del Servicio Penitenciario, que prefirieron no identificarse, solicitaron en un mensaje que llegó a El Tribuno que las autoridades les permitan reunirse en el salón Barbieri de la unidad carcelaria número uno para analizar mejoras en el sistema laboral. Plantearon que quieren que todas las empleadas puedan "emitir voz y voto libremente", y que están "cansadas de los atropellos".
En el escrito también sostuvieron que necesitan elegir a sus referentes y que no se sienten representadas por Yone Mabel Farfán, porque tuvieron fuertes diferencias con ella cuando se desempeñó como directora de la cárcel de mujeres.
Sin embargo, no explicaron si están de acuerdo con el reclamo de Farfán, que apunta a que no se obstaculice el ascenso de las mujeres a puestos jerárquicos que actualmente son mayoritariamente ocupados por varones.
"Nos movilizamos para que se nos brinde un espacio de escucha activa", indicaron, y pidieron que les den permiso para "presentar las notas correspondientes a todas las organizaciones que nos respaldan como mujeres y al Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos".
Las trabajadoras describieron que quieren proponer, en primera instancia, la creación de una guardería infantil donde puedan dejar a sus hijos, la ampliación del cupo femenino para el ingreso y la implementación de escuelas de formación en el interior para evitar traslados innecesarios.
Consideraron que se debe establecer un tiempo máximo de un año de traslado para las mujeres con hijos, salvo cuando las trabajadoras pidan lo contrario. También quieren formular proyectos sobre los horarios laborales para los sectores de guardia y "establecer tiempos de permanencia en sectores operativos como guardia y custodia, donde no puedan exceder los tres años".
Por otra parte, pidieron implementar medidas para madres lactantes durante los seis primeros meses de vida de los niños y que durante ese lapso no deban trabajar turnos de más de siete horas, como ya ocurre en Gendarmería Nacional.
El caso
La agente del Servicio Penitenciario Yone Mabel Farfán promovió una demanda judicial en contra del Servicio Penitenciario y el Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, porque no pudo ascender al cargo de subprefecto a pesar de haber demostrado los conocimientos suficientes.
En diciembre la jueza de Violencia Familiar y de Género de segunda Nominación, Mónica Naranjo, le indicó al Ministerio que ratificara el ascenso y que junto al Servicio Penitenciario modificaran sus sistemas de promoción, por considerarlos "discriminatorios en detrimento del género femenino".
Las adaptaciones debían hacerse teniendo en cuenta los acuerdos internacionales en defensa de los derechos de la mujer y un protocolo diseñado por la parte demandante, que incluye el cupo femenino.
Naranjo les dio a los organismos 90 días hábiles para cumplir con la promoción del ascenso y las modificaciones de sus reglamentaciones. "El plazo se venció en abril", según Ramiro Ulivarri, abogado de Farfán. El letrado indicó que se presentó un amparo ante la jueza de Minas, María Victoria Mosmann, por el incumplimiento.