Zanchetta es investigado por presunta estafa al Estado

La fiscal penal 3 de Orán, Mónica Viazzi, con colaboración de Claudia Carreras, fiscal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (GAP) avanzan, aunque con ciertos escollos por falta de información oficial, en la investigación por presuntas estafas al estado que habría realizado el obispo.

Por otro lado, la causa por abuso sexual está cercana al juicio y el obispo Gustavo Zanchetta podrá volver a Roma. El juez Claudio Parisi le retiró las medidas restrictivas que pesaban sobre él y le devolvió los documentos de viaje. En el medio de las medidas restrictivas se le había otorgado un permiso especial para volver al Vaticano, donde podrá "regresar a sus funciones", aunque está suspendido de ellas, según lo que indicó el propio Vaticano.

"Prestó constantemente colaboración con la Justicia desde el inicio de la causa que se sigue en su contra, por lo que mantener las medidas de coerción impuestas sería privar al mismo de poder continuar con su labor cotidiana", resaltó el juez de Garantías 2 de Orán Claudio Parisi. Sin embargo, desde el lugar donde el obispo presta su "labor cotidiana", el Vaticano, se informó en enero pasado que estaba suspendido de sus labores. Luego de que este matutino diera a conocer las denuncias que habían realizado en el 2016 cinco sacerdotes por desmanejos económicos y acoso a seminaristas, a través de su vocero Alessandro Gisotti, el Vaticano informó que Zanchetta había sido separado de sus funciones como Asesor de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA), y que había sido puesto bajo investigación canónica.

Las denuncias por abuso sexual fueron asentadas por dos seminaristas luego de que El Tribuno difundiera el caso. Mientras que las acusaciones de los religiosos por presuntos desmanejos económicos con fondos estatales fueron tomadas de oficio por la Fiscalía Penal 3 de Orán aunque se mantuvo bajo un estricto hermetismo.

"Nos preocupa también una relación demasiada estrecha y manifiesta del Sr. obispo con los gobiernos provincial y municipal. Este financia al Obispado con grandes montos de dinero (manejados discrecionalmente por el obispo) , por lo que, entre otras cosas, monseñor, en tiempos de elecciones provinciales, sugirió a los seminaristas "nosotros somos oficialistas y deben votar por el gobernador'", rezaba la denuncia que en abril del 2016 elevaron a la Nunciatura cinco sacerdotes. En el mismo documento acusaron también de acoso a seminaristas que luego se habrían agravado a abuso sexual y que formaron parte de una segunda denuncia eclesiástica que terminó por conseguir su alejamiento del obispado oranense.

Posterior a aquella primera alerta encendida dentro del seno eclesiástico por "desmanejos de fondos estatales", este año se sumó otra acusación formal. Una mujer colaboradora del Obispado denunció que al realizar una auditoría interna en el seminario San Juan XXIII detectó que se recibían subvenciones estatales por una división del instituto religioso que, según indicó en la denuncia que le entregó al actual obispo de Orán, Luis Scozzina, el "4A no existía", ya que, explicó la mujer, en el seminario solo se cursaba hasta el 3 año y luego los seminaristas se trasladaban a continuar sus estudios religiosos a Salta.

Según lo que este matutino constató mediante los decretos publicados, es que el dinero que el Gobierno provincial le otorgó al Obispado de Orán fueron $486 mil entregados en 9 cuotas de $54 mil a partir de junio del 2015 (decreto 1965/15) para la construcción del seminario San Juan XXIII. En mayo del 2017, mediante decreto 629/17, se le entregaron $600 mil para la restauración de la casa parroquial de la Parroquia San Roque de Embarcación. Quince días después, el decreto 746/17 mandó otorgar otros $200 mil para reparaciones edilicias en la escuela parroquial Pedro Ortiz de Zárate de Pichanal. Más de un millón de pesos es lo que oficialmente se le otorgó al Obispado de Zanchetta durante su gestión, mientras se desconoce el monto que se derivó para aquel "4A" del seminario que no habría existido, y por la que habrían cobrado docentes laicos y religiosos.

Amparándose en las disposiciones del decreto 1574/02 (que regula el ejercicio del derecho de acceder a la información pública), El Tribuno solicitó formalmente que se le brinde información tendiente a conocer la pertinente rendición de cuenta de los subsidios estatales otorgados al Obispado oranense, además de los contratos de comodatos de propiedades cedidas por el Estado, lo cual debiera ser información de libre acceso. Sin embargo, aún cumplidos y excedidos los plazos legales de 30 días que establece la norma, no se pudo conocer si las rendiciones de cuenta a los organismos fueron realizadas, produciéndose una manifiesta violación de este derecho que la Corte Interamericana de Justicia y la Corte Suprema de Justicia de la Nación han considerado como un derecho humano fundamental, y el que además se fundamenta en el derecho de conocer la manera en que los gobernantes y funcionarios desempeñan sus funciones. La fiscal Viazzi tampoco pudo acceder a dicha información a pesar de también haberla solicitado.

El Vaticano

En 2016 cinco sacerdotes asentaron una denuncia contra el obispo por desmanejos económicos, abuso de poder y acoso a seminaristas. La segunda denuncia fue en el 2017 que terminó por conseguir su alejamiento “a pedido del Papa”. Luego del destape del caso, el Vaticano lo separó de su cargo.

El Papa aseguró que había motivos para abrir una investigación canónica y que colaborarían con la Justicia. Sin embargo, aseguraron desconocer las primeras denuncias y paralelamente le otorgaron un certificado laboral para presentar a la Justicia. 

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