La inflación y los recortes prestacionales están causando estragos en la salud de personas jubiladas y pensionadas. En la tercera edad, las tasas de morbilidad y mortalidad marchan en alza por el fuerte encarecimiento de los remedios y las dificultades que encuentran los adultos mayores para acceder a medicaciones y tratamientos de afecciones crónicas en tiempo y forma.
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La inflación y los recortes prestacionales están causando estragos en la salud de personas jubiladas y pensionadas. En la tercera edad, las tasas de morbilidad y mortalidad marchan en alza por el fuerte encarecimiento de los remedios y las dificultades que encuentran los adultos mayores para acceder a medicaciones y tratamientos de afecciones crónicas en tiempo y forma.
Según un informe del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos, la morbimortalidad en jubilados se triplicó, al pasar de 1,2 a 3,7% anual.
El drama de los olvidados tiene indicadores que merecen especial atención porque muchos hombres y mujeres que dependen de una jubilación mínima, una pensión o un programa como Incluir Salud (ex-Profe) mueren por un medicamento que se les niega o un tratamiento que se les corta.
Las demandas de amparo, que se multiplicaron en los tribunales provinciales y en la Justicia Federal de Salta en los últimos tiempos, apenas muestran un costado de los graves incumplimientos que tienen a obras sociales y empresas de medicina prepaga demandadas en cientos de causas.
Según registros de la Justicia ordinaria, entre 2018 y lo que va de 2019 se presentaron más de 120 acciones de amparo contra el Instituto Provincial de Salud de Salta (IPSS).
Muchas de las presentaciones, que dieron lugar a medidas cautelares con las que se ordenó entregar remedios y agilizar tratamientos urgentes, involucran a adultos mayores.
Pese a las sentencias judiciales, en varios casos los incumplimientos prestacionales persistieron, con consecuencias en la salud y la propia vida de pacientes en condición crítica.
En distintas fiscalías del Ministerio Público de la Provincia se tramitan al menos nueve denuncias penales contra autoridades del IPSS. Ocho se radicaron ante la Oficina de Orientación y Denuncias, y otra en la Seccional Primera de Policía. Una de las más serias -por abandono de persona seguido de muerte- fue presentada por un oranense que enviudó en febrero de 2017. Su esposa falleció a causa de un cáncer de pulmón por el que había comenzado a recibir terapia especifica en el Instituto Médico de Alta Complejidad (IMAC) de la capital salteña. La obra social provincial, según la denuncia, debía suministrarle un inyectable endovenoso (Nivolumab) cada 15 días sin cargo alguno, pero luego de los dos primeros ciclos las entregas de la medicación oncológica se interrumpieron. Para el abandono de persona seguido de muerte el Código contempla penas de 5 hasta 15 años de prisión.
En la Justicia Federal de Salta hay cerca de 300 amparos tramitados contra el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), otras obras sociales, el programa público Incluir Salud y empresas de medicina prepaga.
Las acciones se presentaron por medicamentos no suministrados y por prestaciones médicas incumplidas, incluso en casos en los que la Justicia dispuso medidas cautelares para proteger el derecho a la salud y la vida de pacientes.
Entre mayo de 2015 y agosto de 2019 medicamentos que resultan indispensables para personas mayores aumentaron, en promedio, un 375%. Para los afiliados del PAMI el impacto inflacionario fue menor (239%), pero de todos modos superó largamente al incremento registrado en la jubilación mínima (201%). Esta en mayo de 2015 era de $3.821 y está hoy en $11.525.
En un informe publicado días atrás, el Centro de Economía Política (CEPA) advirtió que por la imposibilidad de acceso a medicamentos no solo aumenta la mortalidad entre personas jubiladas, sino también la morbilidad de patologías que generan dependencia y discapacidad, como lo es la concurrencia de un accidente cerebro vascular (ACV) con hemiplejía, consecuencia de la falta de un tratamiento antihipertensivo adecuado y oportuno. “La situación de salud que atraviesan las personas mayores hoy es grave”, concluyó la entidad.
Hay medicamentos que en menos de cuatro años aumentaron más de 1.000%, como el Acenocumarol, un anticoagulante necesario para evitar accidentes cerebro vasculares.
El Atenolol, un fármaco de primera elección para el tratamiento de la hipertensión arterial, taquicardias y otras enfermedades cardiovasculares, subió 799% en su valor de venta al público y 486% para afiliados de la obra social de los jubilados.
Solo en las primeras dos semanas de agosto último, por la escapada del dólar, los precios de los 50 medicamentos principales se incrementaron 7,8%. En los diez remedios que más aumentaron las subas promediaron en 12,1% y superaron en algunos casos el 14%.
En el país, el 32% de las defunciones de personas de más de 65 años se relaciona con enfermedades cardiovasculares, el 22% se vincula con afecciones del sistema respiratorio y el 16% se debe a tumores. En este punto, el CEPA recordó que el acceso gratuito a medicación crónica esencial quedó restringido en el PAMI por resolución 005. La citada norma exige para acceder al subsidio del 100% en la cobertura de medicamentos tener ingresos inferiores a 1,5 haberes previsionales mínimos, no estar afiliado a un sistema de medicina prepaga, no ser propietario de más de un inmueble, ni poseer un vehículo de menos de 10 años de antigüedad, entre otras condicio nes.