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Los derechos políticos de la mujer

Domingo, 22 de septiembre de 2019 00:00

Mañana, 23 de septiembre, se conmemora el día de los derechos políticos de la mujer, ocasión que resulta propicia para rememorar la labor desplegada por ellas a lo largo de la historia en aras de lograr su reconocimiento.

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Mañana, 23 de septiembre, se conmemora el día de los derechos políticos de la mujer, ocasión que resulta propicia para rememorar la labor desplegada por ellas a lo largo de la historia en aras de lograr su reconocimiento.

La lucha de las mujeres por los derechos políticos tiene un largo recorrido, que trasciende las fronteras nacionales.

Desde la Revolución Francesa en adelante, las mujeres se han organizado para demandar por condiciones de igualdad con los varones en relación al acceso a la política.

Un emblema de esa lid fueron las demandas por el voto femenino, tardíamente incorporado en la mayoría de las constituciones del mundo (siglo XX).

Hubo muchísimas mujeres que lucharon pero que fueron omitidas en las páginas de la historia oficial.

Entre ellas merecen destacarse la socialista Alicia Moreau de Justo; la radical Elvira Rawson y la independiente Julieta Lanteri, que recurrieron a diversas estrategias para instalar la problemática en la agenda pública: ya sea presentando proyectos de ley (que fueron denegados), hasta la realización de simulacros de voto para demostrar la exclusión femenina. Esta larguísima y accidentada tradición de lucha se plasma en la Ley 13010, que consagró la igualdad de derechos políticos entre la mujer y el hombre.

Ese 23 de septiembre de 1947 Eva Perón anunció el otorgamiento del voto femenino, que logró implementarse en las elecciones nacionales de 1951, por ello mañana se celebra el día de los derechos políticos de la mujer.

Un largo camino

Existen obstáculos que impiden la participación más representativa y efectiva de las mujeres en los diferentes ámbitos de toma de decisión tanto político como económico. Estos se originan, al margen de su cualificación, en los prejuicios y estereotipos culturales que se tejen en torno a la mujer, la discriminación y la visión tradicionalista de los roles de género que le ocasionan una debilitada posición social.

En el mundo solo hay once jefas de gobierno y las mujeres representan en promedio solo el 24% de los integrantes de los parlamentos y un escaso 20% de los puestos ministeriales.

Los valores tanto culturales como sociales enfatizan la importancia del cuidado de los hijos y la familia, sin embargo, cada vez más, la mujer incursiona en el mundo laboral, económico y político.

La participación paritaria de las mujeres en política es un elemento crucial: cuando acceden a lugares de decisión, ellas suelen hacer avanzar la agenda de género y ampliar el espectro de los problemas de política que se discuten y las soluciones que se encuentran.

Los opositores a la paridad argumentaban que "las mujeres debían llegar por "capacidad' y no por cuotas, pues se decía que estas constituían un "privilegio' porque obligaban a ubicar a mujeres aun a costa de excluir a un hombre supuestamente mejor preparado" (Goyes Quelal 2013: 73). También afirmaban que "la gestión política de las mujeres rinde menos porque son nuevas, entran a un escenario que no conocen" (ibid.: 72).

En contra de estos planteos las representantes del sexo femenino resaltaban el nivel y desempeño educativo de las mujeres, haciendo referencia en particular a varios estudios que "demuestran que las mujeres resultan mejor evaluadas que los varones y son las principales favorecidas con premios y reconocimientos en las carreras universitarias"; con ello hicieron notar la desconexión de los partidos con la realidad social y la debilidad argumentativa para sostener un estado de cosas excluyente.

Aunque sin duda el mérito es un criterio esencial para definir candidaturas y elegir representantes, no debe utilizarse para soslayar el tema de la representación y la legitimidad, el no reconocimiento de los méritos de las mujeres y su exclusión de los procesos de toma de decisiones sobre los asuntos político-públicos implican que la sociedad en su conjunto está desperdiciando capacidades y talentos. Considerar los aportes, experiencias, intereses, necesidades y conocimientos de las mujeres haría que las intervenciones públicas sean más precisas en la elaboración de soluciones más efectivas, evitando de esa manera la pérdida de recursos.

Así, en el informe "Las mujeres y el cambio estructural" de 1991, el OCDE planteó que la escasez de mujeres en puestos de dirección es un freno al desarrollo económico.

Las próximas elecciones

La Ley Nacional N´ 27412 de paridad electoral, hizo su debut inaugural en las PASO del 11 de agosto de este año, y se estrenará en los inminentes comicios generales.

Esta ley exige que todas las boletas de candidatos a senadores y diputados nacionales estarán integradas 50% por mujeres y 50% por hombres, de manera intercalada por sexo y en forma consecutiva, de modo que no haya dos personas continuas del mismo género en una lista. Asimismo, la norma obliga a los partidos políticos a cumplir con la paridad en su estructura interna.

El decreto reglamentario de la ley nacional no disipó las dudas acerca de cómo se van a integrar los candidatos por la minoría -en caso de interna partidaria o que compitan en un mismo frente electoral- para poder dar cumplimiento al mismo tiempo con la paridad de género.

El decreto establece que, si al conformar la lista definitiva, según el resultado de las elecciones primarias y de acuerdo al sistema de distribución establecido en la carta orgánica o reglamento de la alianza partidaria, no se cumpliere con los requisitos de conformación paritaria, la Junta de la agrupación procederá a ordenarla.

Si tras la intimación a reordenarla el partido no lo hace, lo ordena el juez de oficio, bajo apercibimiento de declarar la caducidad de la personalidad política.

En la actualidad el Congreso de la Nación se encuentra compuesto por 30 senadoras de un total de 72, lo que representa el 42% del cuerpo y por 99 diputadas de un total de 257, esto es un 39% del total de la Cámara.

Este año, de los 130 diputados nacionales que pondrán en juego su banca, 51 son mujeres, y de los 24 senadores en iguales condiciones, las mujeres son 10.

En 2021 cuando se renueve la otra mitad de la Cámara baja, la distribución de los escaños en partes iguales entre hombres y mujeres que establece esta legislación, va a significar una notoria redistribución del poder.

Salta, precursora

La Provincia de Salta fue una de las primeras en consagrar la paridad en cargos legislativos provinciales en 2016, asegurando una presencia femenina del 50% en la oferta electoral.

Las mujeres salteñas representan casi el 52% del listado nominal de electores, por lo que, al conformar la mitad o más de la ciudadanía la paridad debería surgir automáticamente, sin embargo, su incorporación a los espacios de decisión política no refleja esa equivalencia en la realidad. 

En 1983 en el Senado de la Provincia todos los legisladores fueron hombres. En 2018 son cuatro senadoras, tres senadoras suplentes que ocuparon sus bancas por fallecimiento del titular o porque los senadores titulares ocuparon otras posiciones políticas. En doce departamentos, desde 1983, solo fueron elegidos hombres. En muchos departamentos la senadora mujer tenía lazos estrechos de parentesco con el caudillo departamental, y en otros casos, como en el Departamento Capital, solo en una oportunidad fue elegida una mujer.

Cuando analizamos la dimensión de género en el ámbito de la Legislatura, frente a los indicadores de la paridad establecida por ley, queda en evidencia la paradoja de que, a pesar del incremento indicado en la legislación, se ha producido una reducción sustancial y sostenida del acceso de la mujer a las bancas legislativas, sobre todo en el Senado. En Salta para la elección de diputados provinciales el acceso femenino llegó al 30% y en el Senado apenas a un 10%. Las cifras están muy por debajo de la “igualdad real de oportunidades” y “la participación equivalente de géneros” que establece la Ley 7955.

El efecto cabeza de lista

El gran reto continuará siendo revertir el efecto “cabeza de lista en magnitudes impares”. Cuando se elige un número impar de candidatos no puede haber 50% de ambos sexos, en razón de que el género de la cabeza de lista hace la diferencia, producto de la alternancia secuencial de sexos por binomios. La realidad exhibe que los varones son, en gran medida, los titulares de las cabezas de las listas, lo que demuestra los límites que la praxis política impone al avance de la igualdad de género por medios normativos.

Sin embargo, la existencia de la ley de paridad constituye un punto de partida y un incentivo para el desarrollo de un proceso de cambio cultural que revierta prácticas negativas para el acceso de las mujeres a las cabezas de las listas de candidatos.

La integración de la mujer en las listas de autoridades partidarias vendría a garantizarle nuevos espacios.

Este cariz, a veces olvidado de la legislación provincial, permitirá alterar la balanza de género en los ambientes de decisión sobre el armado de listas de los partidos políticos. Por lo tanto, es esperable que resulte en la promoción de mujeres para ocupar, incluso, el primer lugar de la lista.

Sería altamente auspicioso adoptar medidas en los sistemas electorales, que alienten a los partidos políticos a integrar a las mujeres en los cargos públicos electivos y no electivos en la misma proporción y en las mismas categorías que los hombres, siguiendo las aguas de la ley nacional.

La idea de la paridad de género debería influenciar también en las listas de las fórmulas para gobernador, como así también mayor representatividad en otros estamentos como el sindical o las asociaciones intermedias, Consejo de la Magistratura, entre muchos otros, generando políticas públicas con perspectiva de género en los Poderes Ejecutivo y Judicial.

El Estado puede cambiar la legislación, e inclusive garantizarla, pero de allí a la transformación de las prácticas cotidianas y a la igualdad en la sociedad hay una distancia. La batalla en el campo de la legislación es necesaria pero no suficiente. Hay una lucha, quizás más silenciosa pero igualmente difícil, por transformar prácticas sociales, concepciones, valores muy arraigados que en realidad hacen a la vida en sociedad y no sólo a la política pública.

Garantizar iguales derechos y oportunidades a las mujeres no solo es justo, sino que además impulsará el desarrollo de la civilización.

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