El precio del boleto del transporte público de Salta está congelado desde diciembre pasado tras un fallo judicial. En paralelo, recientemente, a nivel nacional se decidió frenar las tarifas de trenes y colectivos en Capital Federal y provincia de Buenos Aires durante 120 días. Si bien las jurisdicciones son libres de adherir o no a la medida, desde la empresa Saeta dijeron que aguardan la revisión de los subsidios de Nación para poder tomar una decisión al respecto. No obstante, la apelación que interpuso la administradora de los colectivos contra la sentencia sigue su curso.
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El precio del boleto del transporte público de Salta está congelado desde diciembre pasado tras un fallo judicial. En paralelo, recientemente, a nivel nacional se decidió frenar las tarifas de trenes y colectivos en Capital Federal y provincia de Buenos Aires durante 120 días. Si bien las jurisdicciones son libres de adherir o no a la medida, desde la empresa Saeta dijeron que aguardan la revisión de los subsidios de Nación para poder tomar una decisión al respecto. No obstante, la apelación que interpuso la administradora de los colectivos contra la sentencia sigue su curso.
"Por una parte esperamos que la Justicia resuelva la apelación, y por la otra, con el nuevo anuncio del Gobierno, tenemos que ver qué va a pasar con el subsidio que paga Nación y a partir de eso recién vamos a poder tomar determinaciones", señaló el titular de Saeta, Claudio Mohr.
Siguiendo la idea, completó: "Hoy, decir que no o sí vamos a aumentar la tarifa es incierto, pero nuestra voluntad es impactar lo menos posible en la gente".
Tras el freno al aumento de los combustibles, el ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, anunció que no se podrán aumentar las tarifas de trenes y colectivos hasta mayo, por lo cual las empresas serían compensadas con más subsidios.
Mohr recordó que el sistema de transporte público urbano y del área metropolitana que administra la empresa Saeta es justamente un sistema subsidiado y que lo que se cobra por boleto no alcanza para cubrir los costos totales del servicio de transporte. Indicó que Saeta recibe poco más del 50% de subsidios y que el de Nación había decrecido mucho durante la gestión macrista, lo que los empresarios harán fuerzas para que se revierta.
"Un pasaje de colectivo con el subsidio nacional estaba recibiendo un apoyo de $4, si dividimos los $28 millones que se reciben por mes de la AMT (Autoridad Metropolitana de Transporte) y prorrateado en 6,9 millones de viajes dan los $4. Esto es muy poco, por eso la Provincia nos asiste con el resto del costo, más allá de lo que se recauda de los boletos", detalló el funcionario provincial.
Por eso, para Saeta es importante esperar la resolución de Nación. De acuerdo al ministro Meoni, su cartera se tomará los 120 días para revisar de forma integral la política de subsidios, revisión a la que por lo menos Salta estará expectante.
Ahora bien, Saeta espera tener novedades sobre su apelación al fallo del amparo colectivo presentado por la asociación Usuarios y Consumidores Unidos (UCU) después de la feria judicial, es decir, en febrero. Mientras tanto el pasaje común se mantendrá en $25 y a nivel nacional se anunciaría un nuevo esquema tarifario en mayo.
Servicio normal
Tras el congelamiento del boleto en Salta, desde Saeta habían advertido que para cubrir los costos del servicio habría que achicar gastos y que esto inevitablemente significaría reducir prestaciones. Sin embargo, ayer Claudio Mohr descartó por ahora esa posibilidad. "Hemos decidido que no se va a impactar de esa manera, porque en definitiva estaríamos afectando a la gente. Se hizo un esfuerzo con los servicios, la única disminución que se está haciendo es de un 10% pero tiene que ver con la estacionalidad", señaló.
Agregó que "el servicio de transporte va a seguir funcionando porque además de ser solidario cumple un rol social y es generador de recursos y motoriza la economía. La provincia deberá hacer el esfuerzo llegado el caso".
Tarjeta electrónica
El nuevo presidente de Saeta, Claudio Mohr, quien asumió en sus funciones en diciembre pasado, contó que por ahora su principal preocupación es que “el sistema sea viable, que el servicio sea bueno, mantener lo que este bien y lo que no que se pueda corregir”.
Anticipó que su gestión apostará a brindar más tecnología a la gente. Por ejemplo, sumar opciones de cargas a los 254 puntos existentes. También incorporar otras herramientas a través de medios electrónico, incluso tiene pensado desarrollar otros sistemas que además de la tarjeta plástica pueda ser portado en un celular. “Hoy las lectoras de colectivos tienen código QR, por lo que es factible tener tarjeta electrónica en un futuro, como una opción”, anticipó.
El fallo que frenó la suba del boleto
Por un amparo colectivo presentado por la Asociación UCU.
Un fallo de la jueza de Minas, María Victoria Mosmann, hizo lugar al amparo colectivo presentado por la Asociación Civil Usuarios y Consumidores Unidos (UCU) y declaró la inconstitucionalidad de las resoluciones 411/18 y 412/18 de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) de Salta por lo que la empresa estatal no puede aplicar nuevos aumentos. De esta manera, el valor del boleto se mantiene en $25.
La resolución cuestionada -AMT 411/18- había dispuesto la convocatoria al procedimiento de “Documento de Consulta” a fin del incremento tarifario. La resolución de la AMT 412/18 autorizó una readecuación del cuadro tarifario para el servicio de transporte público masivo en la región metropolitana, con un incremento de la tarifa vigente de $12,95 a $15 desde el 1 de enero de 2019 y en adelante una suba mensual de $1 hasta llegar a los 26 pesos el 1 de diciembre de 2019, cosa que no se pudo concretar.
En su resolución la jueza desestimó la pretensión subsidiaria de restitución a los usuarios afectados por los incrementos considerando el momento a partir del cual producirá sus efectos la sentencia.
En el proceso la AMT solicitó que el planteo se declare abstracto, “por entender que el aumento del boleto de colectivo dispuesto por la resolución Nº 412/18, había sido superado por la inflación del corriente año”, aspecto que fue rechazado por la jueza, aunque remarcando que “adoptar una decisión con efectos retroactivos pondría en grave riesgo de continuidad al servicio público de transporte de pasajeros afectando de modo directo al mismo grupo que en el presente se pretende proteger”.
“La protección del usuario y el interés público son el norte del presente proceso y, en ese contexto, no puede dejar de observarse que son esencialmente los trabajadores, así como los estudiantes y jubilados quienes emplean cotidianamente el transporte público de pasajeros, y es la continuidad plena de la prestación del servicio la que preocupa en esta instancia decisiva”, señaló la magistrada.
La empresa apeló la sentencia.