Las tierras que la Justicia Federal confiscó en Salvador Mazza, en el marco de una de las causas por narcotráfico que enfrenta Delfín Castedo, siguen dando que hablar en la frontera con Bolivia. Pobladores de la zona de Madrejones alertaron sobre talas ilegales en las fincas fronterizas que el Ministerio Público de la Nación pidió intervenir, en marzo de 2017, para evitar que sigan sirviendo de fachada al tráfico de cocaína a gran escala.
inicia sesión o regístrate.
Las tierras que la Justicia Federal confiscó en Salvador Mazza, en el marco de una de las causas por narcotráfico que enfrenta Delfín Castedo, siguen dando que hablar en la frontera con Bolivia. Pobladores de la zona de Madrejones alertaron sobre talas ilegales en las fincas fronterizas que el Ministerio Público de la Nación pidió intervenir, en marzo de 2017, para evitar que sigan sirviendo de fachada al tráfico de cocaína a gran escala.
Las denuncias pusieron en incómoda situación a la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), ya que los actos de conservación de los bienes de las estancias El Aybal y El Pajeal están confiados, desde hace dos años, a una sociedad anónima que creó la citada institución pública de educación superior para administrar campos.
La intervención de las fincas del clan Castedo fue resuelta en diciembre de 2017 por el juez federal N§2 de Lomas de Zamora, Federico Villena, ante un requerimiento formulado por los fiscales Diego Iglesias (a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad), José Luis Bruno (Orán), Leonel Gómez Barbella (subrogante de Lomas de Zamora), Eduardo Villalba y Carlos Amad (estos últimos de Salta).
Fuentes de seguridad confirmaron a El Tribuno que, ante las presuntas extracciones ilegales de madera nativa y usos irregulares de guías forestales, la Secretaría de Ambiente de la Provincia realizó procedimientos en la extensa franja fronteriza de la que fue despojado el clan Castedo. Al cierre de esta edición autoridades del organismo aguardaban el informe de los inspectores delegados en la zona.
El área de las fincas El Aybal y El Pajeal está pintada de amarillo (categoría II) en el mapa de ordenamiento territorial. Por el valor de conservación de sus bosques nativos, no se permiten allí desmontes, sino únicamente aprovechamientos forestales.
La Sociedad Administradora de Campos de la UBA presentó en 2019 un proyecto de aprovechamiento que autorizó la autoridad de aplicación provincial, pero lugareños denunciaron explotaciones madereras reñidas con el plan aprobado. Las presuntas irregularidades también habrían sido marcadas por gendarmes que controlan ese borde fronterizo de la provincia de Salta con Bolivia.
Línea caliente
Según los fiscales, que pidieron desapoderar a los Castedo de las fincas El Aybal y El Pajeal, con esos inmuebles rurales que ocupan casi 25.000 hectáreas la organización narco controló un frente fronterizo de más de 40 kilómetros. La extensa franja tiene decenas de pasos no habilitados, picadas que se abrieron con topadoras y hasta un camino consolidado que vinculó a ambas estancias con territorio boliviano sin barrera alguna. Al otro lado de la línea fronteriza, Roxana Castedo, hermana del sindicado líder de la banda, poseía otras 20.000 hectáreas. De esa forma se conformó un corredor narco por el que llegaron a traficarse 4.000 toneladas de cocaína al mes, hacia el país y Europa, según precisó el Ministerio de Seguridad de la Nación en 2016, cuando Delfín Castedo fue detenido en la localidad bonaerense de Ituzaingó tras diez años como prófugo.
El Aybal, una finca de casi 20.000 hectáreas, fue adquirida en diciembre de 2003 por Mario Alberto Yudi, de Salvador Mazza, en 600.000 dólares. En ese momento, el comprador tenía 23 años y carecía de actividad comercial declarada.
En noviembre de 2005, Yudi vendió la propiedad por 1.300.000 pesos a Delfín Castedo. Este, menos de un año después, en octubre de 2016, la transfirió al martillero Eduardo Torino, hoy encausado y encarcelado junto a otros presuntos miembros de la organización narco.
Panamá Papers
Según la cédula parcelaria de El Aybal, Torino compró la finca para Anzere, una firma offshore creada en la capital de Uruguay, Montevideo, y vinculada al sonado caso de los Panamá Papers.
La turbia empresa fue disuelta de oficio por el Banco Central de Uruguay, por incumplir con la actualización de datos sobre sus directores, y operó en Argentina sin registración legal.
Los fiscales del caso advirtieron que Anzere “aceptó la adquisición de finca El Aybal recién el 12 de marzo de 2008, o sea un año y medio después de escriturada la compra y, casualmente, el mismo día en que el entonces juez Raúl Reynoso llamará a Torino a prestar indagatoria en la causa”.
El presunto testaferro de la organización terminó sobreseído por el hoy destituido y apresado exjuez federal de Orán, pero los fiscales Eduardo Villalba y Diego Iglesias apelaron la decisión. En 2017, el juez subrogante de Orán, Gustavo Montoya, decretó la nulidad del sobreseimiento por cosa juzgada írrita y Torino terminó tras las rejas.
A fines de ese año, la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta le concedió la excarcelación, a través de un fallo dividido, pero en mayo de 2018 la Cámara de Casación Penal revocó el beneficio.
Al igual que Torino, Yudi terminó procesado y con requerimiento de elevación a juicio como miembro de la asociación ilícita.
Delfín Castedo
La finca El Pajeal perteneció al fallecido diputado Aparicio
Delfín Castedo afirmó que el legislador se la cedió por 15 años con un acuerdo de palabra.
El Pajeal es una estancia de más de 4.700 hectáreas que colinda con la finca El Aybal. Ese campo, donde gendarmes contabilizaron cerca de mil cabezas bovinas en octubre de 2017, tuvo como titular registral al fallecido exdiputado Ernesto José Aparicio, pero los encargados de su administración fueron los hermanos Delfín y Raúl Castedo.
Delfín declaró ante la Justicia que el legislador peronista del departamento San Martín le entregó esa finca para su explotación por 15 años, a cambio de desmontes parciales, a través de un acuerdo verbal. Los fiscales que promovieron los cargos por narcotráfico no solo cuestionaron “la inexistencia de constancias escritas”, sino que resaltaron que en imágenes satelitales requeridas a organismos competentes “tampoco se evidenciaron los supuestos desmontes”.
Aparicio, quien falleció en noviembre de 2013, también había sido procesado en el marco de esas actuaciones del Ministerio Público de la Nación por asociación ilícita y lavado de activos de origen delictivo.
Liliana Ledesma
En enero de 2006, Delfín y Raúl Castedo constituyeron la empresa Agroservicios El Aybal para administrar las tierras fronterizas. Meses después quedaron imputados como autores intelectuales del homicidio de Liliana Ledesma, una campesina de Salvador Mazza asesinada en septiembre de ese año.
Poco antes, en los micrófonos de FM Noticias, Ledesma había denunciado que los Castedo pretendían correr a su familia de la zona para asegurar el libre paso de los cargamentos de cocaína, en complicidad con Aparicio.
Tras el crimen, Raúl Castedo se refugió en Bolivia, donde tiempo después fue detenido y condenado por narcotráfico. Su extradición al país se concretó a mediados de 2016.
En julio de ese año, tras una década como prófugo, Delfín Castedo fue detenido en la provincia de Buenos Aires.
Los hermanos Castedo permanecieron encarcelados en distintos pabellones del penal federal de General Güemes hasta noviembre último, cuando el Juzgado Federal de Orán dispuso que sean traslados a la unidad penitenciaria de Ezeiza, en Buenos Aires. El magistrado dijo que dispuso la medida tras ser informado, por fuentes reservadas, sobre un presunto plan de fuga.
El juicio contra ambos por el asesinato de Liliana Ledesma había sido fijado por la Justicia provincial para comienzos de 2019, en la ciudad de Orán, pero el debate oral se reprogramó después para octubre y terminó finalmente postergado sin fecha.
La UNSa terminó al margen
En 2017 se anunció que intervendría en el manejo de las fincas fronterizas.
En abril de 2017, luego de que fiscales federales promovieron el embargo e intervención de las fincas El Aybal y El Pajeal, la Secretaría de Fronteras de la Nación comenzó a elaborar un plan para darle una utilidad pública a esas 25.000 hectáreas de la frontera.
En un primer momento se pensó en desarrollar allí algún emprendimiento productivo y social que ocupara a pobladores de la zona, pero esa propuesta no cuajó en el Ministerio de Seguridad.
Luego se masticó la posibilidad de entregar provisionalmente las tierras a Gendarmería para fortalecer las acciones del operativo Escudo Norte. Esta propuesta tampoco llegó más allá de la idea inicial.
Finalmente, se optó por confiar la administración y conservación de los bienes de las fincas intervenidas en la Sociedad Administradora de Campos que la Universidad de Buenos Aires creó el 16 de marzo de 2016.
La iniciativa, aprobada por el Consejo Superior de la citada casa de estudios superiores, aprovechó la nueva figura de las sociedades anónimas unipersonales habilitada por el Código Civil y Comercial que rige desde agosto de 2015.
Sobre estos pasos, Federico Villena, juez federal de Lomas de Zamora, resolvió en diciembre de 2017 designar a la Sociedad Administradora de Campos de la UBA como depositaria judicial de las fincas.
En ese contexto, ante lógicos cuestionamientos, la Secretaría de Fronteras anunció que pediría en otro expediente tramitado en Orán una medida similar para sumar a la Universidad Nacional de Salta (UNSa), pero la promesa nunca llegó a plasmarse con decisiones concretas.