¿Cuál es el nivel de gasto público óptimo?
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¿Cuál es el nivel de gasto público óptimo?
El ministro Martín Guzmán, en declaraciones recientes, sostuvo que no habría razones para que el gasto público bajara, lo que añade un nuevo elemento para una discusión que nunca aborda el planteamiento de fondo: ¿cuánto debería ser el gasto público para que sea consistente con las necesidades y posibilidades de la economía argentina?
Un poco de historia
Hasta "el tsunami" económico que representó la gigantesca crisis mundial de 1929 y años posteriores, el gasto público habría representado no más del 10% del PBI en las economías mundiales, cifra que es consistente con los datos de la economía argentina a lo largo de varios años, aunque en los últimos, ya en el siglo actual, se elevó a valores más cercanos al 40%.
Esta crisis no podía ser entendida porque la teoría económica hasta entonces sostenía que había que dejar hacer ("laissez-faire") porque así se conseguían los mejores resultados.
Sin embargo, aun cuando este principio es válido para circunstancias normales, obviamente en situaciones extremas no se puede "dejar hacer", del mismo modo que, aunque los aviones vuelan mejor con piloto automático, en emergencias lo mejor es que tomen el control los comandantes.
El problema es que la economía, por entonces, solo disponía de manuales de "piloto automático", pero los de "mantenimiento" no se habían escrito, al considerárselos innecesarios, a la vez que los planteos teóricos de la macroeconomía eran muy rudimentarios, cuando no incorrectos.
Keynes se planteó entonces dos tareas monumentales.
La primera era proponer un "nuevo manual" que corrigiera los errores del viejo y le agregara capítulos adicionales. La segunda tarea era diseñar soluciones para una crisis que arrastraba varios años, y mientras los economistas debatían si Keynes tenía o no razón, el desencadenamiento de la II Guerra, al obligar a Estados Unidos y el Reino Unido a acelerar su rearme, vino a demostrar que, en ausencia de inversiones ya sobredimensionadas, a lo que se añadía la extrema austeridad de las familias temerosas de endeudarse, el único que podía hacer algo era el Gobierno incrementando su gasto para "empujar el auto para que arranque", como el propio Keynes sostenía.
Como se señalaba, la II Guerra mostró por sí sola la validez del punto de vista de Keynes, pero, desafortunadamente, los economistas "keynesianos" posteriores, de los que en la Argentina tenemos ejemplos visibles en puestos de gobierno, tomaron esta propuesta "especial" de Keynes como un dogma permanente y general, según el cual el gasto público no tendría en principio límites porque el pleno empleo "nunca se alcanza", y entonces no habría por qué acotar la expansión del gasto.
Sin duda, una guerra o una catástrofe, como la actual pandemia, es una situación excepcional que amerita también medidas extremas tales como la de echar mano a la participación del Estado en la economía para contribuir a minimizar la caída del PBI y el empleo o ayudar a su recuperación. Sin embargo, una cosa es hacerlo cuando el tamaño del gasto en comparación al PBI es el 10%, y otra cuando está ya cerca del 50%, al mismo tiempo que la presión impositiva es también muy elevada en comparación con el tamaño de la economía y nada menos, el déficit fiscal que se asocia a este cuadro de situación también es abultado y su financiamiento, o bien enfrenta riesgos inflacionarios, o bien representa la necesidad de un endeudamiento de elevadas proporciones.
En pandemia y cuarentena
Pese a la incomprensible jactancia del Gobierno de pretender haber controlado la pandemia provocada por la COVID-19, "a diferencia de Chile y Suecia", en línea con aquella otra de "tener menos pobreza que Alemania" de hace algunos años, es claro que no lo ha logrado y no parece que lo consiga, al menos no con las medidas draconianas que ha puesto en ejecución, las que, en cambio, han resultado en una brutal caída del PBI y el empleo, sin que por ello la inflación haya conseguido abatirse, pese a múltiples controles y "apretones" a las tarifas, a la vez que la impericia y falta de iniciativas del Gobierno han provocado una confirmación de las sospechas de la población, ya evidenciadas luego de las elecciones PASO de 2019, de que la impronta de gobierno iba a ser anti-
mercado, en línea con la tradicional consigna peronista de "combatir el capital", lo que volcó a la gente a refugiarse masivamente en el dólar, provocando la pérdida casi total de las reservas de libre disponibilidad del Banco Central en un inútil (y atávico) intento de detener la hemorragia de dólares.
¿Hay salida?
Sin duda, en principio los problemas que crean las personas tienen solución. En el caso de los graves trastornos que aquejan a nuestra economía y la población, lo primero que debe hacerse es identificar los problemas y otorgarles un mínimo de ordenamiento en cuanto a la gravedad de las consecuencias de no abordarlos.
Probablemente, el principal de ellos sea el de la inflación, cuyas causas han sido tema de numerosas notas anteriores.
Claramente, como se ha señalado, el tamaño del gasto público y el déficit fiscal no es irrelevante porque están presionando sobre un PBI que, a diferencia del gasto que se expande sin pausa, permanece estancado desde hace largos años.
Se impone entonces una reducción del gasto público con medidas que deben basarse en una estricta austeridad republicana, rebajando sueldos de las funciones jerárquicas, prescindiendo de gastos reservados y otros innecesarios y provocando una baja vegetativa del personal, absteniéndose de tomar nuevo y reubicando el existente en las áreas donde se necesita.
Al mismo tiempo, debe provocarse una apertura de la economía que le dé competitividad, bloqueando la capacidad discrecional de las empresas concentradas de imponer precios, a la vez que se procede a una reforma integral del sistema sindical, modernizándolo y descentralizándolo sectorial y regionalmente.
En el caso del frenesí del dólar, es claro que, por ley de oferta y demanda, si se pretende que un precio no suba, lo peor que puede hacerse es limitar su oferta. Por lo tanto, en lugar de proponer “cepos” varios y “un dólar para cada necesidad”, lo más saludable es dar libertad al dólar para que alcance su valor de equilibrio, al mismo tiempo que se bajan impuestos a las exportaciones para estimular su oferta en línea con la reducción del gasto y se crean condiciones para que los argentinos traigan sus dólares de los “colchones” externos e internos, con sólidas garantías de que se respetará la Constitución, vale decir, el derecho de propiedad y el libre comercio.
Por supuesto, el déficit no bajará a cero en lo inmediato y será necesario por lo tanto financiarlo. La forma de hacerlo deberá ser a través del soporte del Banco Central, con un compromiso de devolución de los montos, los que deberán ser entendidos como un “préstamo” a ser devuelto y no como el alegre pago de fiestas irresponsables, al ser la alternativa de endeudarse en dólares impracticable por la desconfianza externa.
Por fin, las medidas que se sugieren u otras mejores o más completas, solo pueden tener éxito acompañadas de un gran acuerdo político -que no debe confundirse con uno de tipo corporativo-, el que debe aportar la grandeza de la oposición para aceptar que los principales réditos políticos los cosecharía el Gobierno, y de este, su compromiso de respetar los acuerdos con un apego no negociable a la Constitución junto al abandono definitivo de los “relatos” que nunca significaron nada más que grotescos envoltorios para “productos” refritados, de mala calidad, inútiles y de consecuencias nefastas para los argentinos, como la evidencia lo ilustra dramáticamente.
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