Luego del revuelo que se armó la semana pasada por el presunto cobro por la transfusión de plasma a enfermos de COVID-19, ahora será la Justicia Federal la que se encargará del tema.
Este medio pudo conocer, extraoficialmente, que el caso lo lleva adelante el fiscal federal Eduardo José Villalba, quien inició las actuaciones preliminares del caso a partir del reporte remitido por la División Investigación de Falsificación y Adulteración de Fármacos de la Superintendencia de Investigaciones Federales.
En vista de ello, y con asistencia de la auxiliar fiscal Mariana Gamba, se dispusieron diversas medidas a fin de establecer el presunto delito denunciado en las redes sociales, hecho que se le atribuyó al médico y gerente de la empresa HemoSalta SRL, Martín de la Arena.
Cabe resaltar que la investigación se ancla en base al artículo 91 de la Ley 22.290, el cual establece penas de prisión de seis meses a 5 años, como así también una multa de 10 a 500 mil pesos.
Estas penalidades, según la norma legal, están prevista para “el que intermediare comercialmente y/o lucrare en la obtención, donación, clasificación, preparación, fraccionamiento, producción, almacenamiento, conservación, distribución, suministro, transporte, actos transfusionales, importación y exportación y toda forma de aprovechamiento de la sangre humana, sus componentes y derivados, fuera de los casos autorizados en la presente ley o el que diere a la sangre, sus componentes o derivados, un destino distinto del que ella autoriza”.
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Luego del revuelo que se armó la semana pasada por el presunto cobro por la transfusión de plasma a enfermos de COVID-19, ahora será la Justicia Federal la que se encargará del tema.
Este medio pudo conocer, extraoficialmente, que el caso lo lleva adelante el fiscal federal Eduardo José Villalba, quien inició las actuaciones preliminares del caso a partir del reporte remitido por la División Investigación de Falsificación y Adulteración de Fármacos de la Superintendencia de Investigaciones Federales.
En vista de ello, y con asistencia de la auxiliar fiscal Mariana Gamba, se dispusieron diversas medidas a fin de establecer el presunto delito denunciado en las redes sociales, hecho que se le atribuyó al médico y gerente de la empresa HemoSalta SRL, Martín de la Arena.
Cabe resaltar que la investigación se ancla en base al artículo 91 de la Ley 22.290, el cual establece penas de prisión de seis meses a 5 años, como así también una multa de 10 a 500 mil pesos.
Estas penalidades, según la norma legal, están prevista para “el que intermediare comercialmente y/o lucrare en la obtención, donación, clasificación, preparación, fraccionamiento, producción, almacenamiento, conservación, distribución, suministro, transporte, actos transfusionales, importación y exportación y toda forma de aprovechamiento de la sangre humana, sus componentes y derivados, fuera de los casos autorizados en la presente ley o el que diere a la sangre, sus componentes o derivados, un destino distinto del que ella autoriza”.
En la provincia
El Ministerio Público Fiscal de la Provincia contempló esta posibilidad en un comunicado dado a conocer la semana pasada, en el que se hizo referencia a los artículos 91 y 95 de la denominada Ley de Sangre.
Por otra parte, según fuentes judiciales, se conoció que el viernes pasado, desde la fiscalía federal se remitió a la Unidad de Delitos Económicos Complejos, un escrito a fin de que se remita actuaciones realizadas en torno del caso.
El detonante del caso fue el sábado pasado, cuando se conoció una nota con la firma de De la Arena, en donde ponía en conocimiento a la familia de un paciente al que le iban a poner plasma que debían pagar 30 mil pesos. Fue tal el revuelo que se armó, que el propio ministro de Salud, Juan José Esteban, salió ese mismo día a decir que no se debe cobrar por el plasma.
Esta situación también generó ruido dentro del Centro de Hemoterapia. Y hasta hubo cruces entre la titular del Centro, Betina Saracino, y la exministra de Salud, Josefina Medrano.