Viene siendo noticia desde prácticamente el inicio del año, pero en estos días la Justicia federal ordenó la detención del exintendente de Aguaray, Jorge Enrique Prado y de otros imputados en la misma causa.
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Viene siendo noticia desde prácticamente el inicio del año, pero en estos días la Justicia federal ordenó la detención del exintendente de Aguaray, Jorge Enrique Prado y de otros imputados en la misma causa.
Se trata del robo de 35 kilómetros de caños de alta presión valuados en 5 mil dólares cada uno que conformaban el tramo norte del Gasoducto del NEA que hasta hace unos años construía la empresa Vertúa S.A. y que quedó suspendida en 2018 por disposición del Gobierno nacional cuando el Enargas le quitó la obra por considerar que la contratista no cumplió con los plazos establecidos en la adjudicación.
Sin embargo, acaba de trascender un comunicado oficial de IEASA (la exEnarsa) que generó las mejores expectativas para el malogrado gasoducto del NEA.
"Enargas celebró la reactivación del Gasoducto del Noroeste Argentino" fue uno de los títulos de las informaciones que dan cuenta que "El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) garantizó que cumplirá con su función de establecer tarifas justas, razonables, accesibles y asequibles para los nuevos usuarios del GNEA".
Levantamiento de la suspensión
El viernes pasado la empresa Integración Energética (IEASA) decidió retomar las obras del Gasoducto del Noreste Argentino al levantar la suspensión que recaía sobre el proyecto desde 2018.
Una vez que el GNEA se encuentre en condiciones de brindar el servicio para el que fue creado, el Enargas "habilitará los mecanismos necesarios para la participación ciudadana (audiencias) y garantizará el cumplimiento de los principios de transparencia, acceso no discriminatorio e igualdad de los oferentes respecto de la capacidad de transporte disponible", expresó el comunicado del organismo a cargo de Federico Bernal.
Características únicas
El GNEA es el único gasoducto de transporte de gas natural diseñado y construido por el Estado argentino luego de que este servicio público fuera privatizado en 1992, y como tal fue declarado de Interés Público Nacional mediante el decreto 267 del año 2007.
Con casi 1.500 km de longitud solo en su sección troncal de 24 pulgadas de diámetro, representa "un estratégico proyecto de infraestructura energética llevado adelante por la empresa Enarsa para el abastecimiento con gas natural a cientos de miles de usuarios de la región noreste del país, debiendo agregarse los segmentos comerciales e industriales de la misma zona".
El ente entendió que el proyecto fue "injustificadamente suspendido por la administración anterior", por lo que se retoma una obra "fundamental para llegar con el servicio público de gas natural a todos los argentinos, abriendo la puerta a futuras exportaciones hacia los países vecinos y brindando una contundente señal al sector del upstream".
A partir del anuncio, la empresa Ieasa, presidida desde marzo pasado por Andrés Cirnigliaro, tiene como primer paso iniciar conversaciones con las contratistas que habían sido originalmente adjudicatarias de las obras para buscar destrabar la continuidad de los trabajos. En caso de no poder llegarse a un acuerdo, la empresa deberá iniciar un nuevo proceso de licitación.
La decisión de reanudar la obra ya había sido informada en los primeros días de junio, tras la visita que el presidente Alberto Fernández realizó a la provincia de Formosa.
Controversia judicial
El Tribuno intentó comunicarse con el presidente de la contratista que hasta el 2018 tuvo a su cargo la construcción del tramo de 240 kilómetros correspondiente a las provincias de Salta y Formosa, Raúl Vertúa, pero el directivo solo confirmó que "en esta próxima semana vamos a tener una reunión con los responsables del organismo. Después de ese encuentro estaremos en condiciones de brindar alguna información", manifestó.
Servicios Vertúa S.A. tiene desde el año 2018 planteada una demanda contra el Estado nacional y al mes de noviembre del año pasado reclamaba $4.435 millones por la arbitraria rescisión del contrato de construcción de 230 kilómetros del GNEA que se ubican en jurisdicción de Salta hasta el límite con Formosa.
El juzgado federal N´ 6, a cargo de Enrique Lavié Pico, le dio la razón a la compañía en primera instancia pero una apelación presentada por IEASA, la ex Enarsa (la empresa estatal que regula la actividad hidrocarburífera en la República Argentina) retrasó hasta el momento la decisión final.
La causa presentada con el patrocinio de Mariano Cúneo Libarona es una demanda por daños y perjuicios por "la rescisión injustificada, abusiva y arbitraria de las obras de construcción de este tramo" .
En total el GNEA tiene 3.544 km de extensión y abarca, como su denominación lo indica, a las provincias del noreste argentino partiendo de Salta, desde donde se llevaría el gas de los pozos productores de la cuenca del NOA y del sur de Bolivia hacia esa región.
US$2.200 millones
La construcción del tramo del GNEA de 230 kilómetros que partía desde el norte de Salta hasta la localidad de Los Blancos en el límite con Formosa, a cargo de Vertúa S.A., comenzó en 2013. En diciembre de 2015 la ex Enarsa rescindió el contrato de construcción del GNEA con argumentos que nunca fueron del todo claros y es precisamente esa falta de argumentos la que puede condenar al Estado nacional a pagarle a la constructora rionegrina esos miles de millones en resarcimiento económico.
El gasoducto está prácticamente finalizado, salvo algunas terminaciones que aún falta concretar en Formosa y por supuesto unos 60 kilómetros en Salta, 35 de los cuales se los habría robado un grupo integrado por funcionarios y empresarios, entre los que está el exintendente de Aguaray Jorge Enrique Prado, detenido esta semana junto a otros imputados por disposición del juez federal Gustavo Montoya.
En total el gasoducto le costó al Estado nacional 2.200 millones de dólares, pero seguramente demandará un nuevo presupuesto para ponerlo a punto y para que finalmente cumpla el rol para el que fue construido: llevarle gas natural a 378.000 hogares del noreste argentino que hoy solo se abastecen con gas envasado.