Intentan hoy modificar la  ley de Ministerio Público

El bloque de senadores del Frente de Todos buscará aprobar hoy y girar a la Cámara de Diputados el proyecto de reforma de la ley de Ministerio Público Fiscal que reduce la mayoría necesaria para designar al procurador general de la Nación.

Tras la postergación de la sesión ordinaria de ayer a causa del fallecimiento del astro futbolístico Diego Maradona, los senadores nacionales volverán a reunirse para una sesión especial convocada para las 14.

En la extensa lista de temas se destacan la prórroga de la modalidad remota para las sesiones hasta el 1 de marzo y el proyecto que flexibiliza las condiciones de elección del procurador general y el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal.

El oficialismo logró darle dictamen a la iniciativa el viernes pasado durante una reunión de la comisión de Justicia que preside el kirchnerista Oscar Parrilli, quien motorizó el debate tomando como punto de partida dos proyectos presentados el año pasado por la oposición.

Luego de que el oficialismo rechazara el pedido de Juntos por el Cambio de retirar esos proyectos, el rionegrino Alberto Weretilneck, aliado del Frente de Todos, presentó uno propio, que sirvió de base para el dictamen que finalmente impulsó la bancada mayoritaria.

La iniciativa propone que la designación del procurador se realice con una mayoría absoluta (37 votos sobre los 72 del pleno) en lugar de la mayoría agravada de dos tercios de los presentes (48 si se sientan todos) que funciona actualmente.

También elimina el mandato vitalicio del procurador y lo acota a cinco años, con una única renovación a propuesta del Ejecutivo, al tiempo que establece que su nombramiento no podrá coincidir con años electorales.

Además, modifica la integración del tribunal de disciplina que define la remoción de los fiscales, que estará integrado por tres representantes del Congreso, uno del Ejecutivo, otro a elección de los fiscales, uno de los abogados y uno de las universidades nacionales.

La iniciativa también otorga mayor facultad de control sobre la actividad del Ministerio Público en el marco de la aplicación del nuevo sistema acusatorio que pasa las investigaciones de los jueces a los fiscales.

El debate se dará mientras permanece estancado en el Senado el pliego del juez Daniel Rafecas enviado por el presidente Alberto Fernández como candidato a encabezar la Procuración General.

Imputaciones

En tanto ayer dos exfuncionarios de la Dirección Administrativa de Asuntos Jurídicos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) fueron imputados por su supuesta participación en la elaboración de documentos "truchos" para intentar tapar el espionaje ilegal realizado desde ese organismo sobre el Instituto Patria durante el gobierno de Mauricio Macri.

Se trata de las maniobras de supuesta inteligencia ilegal por las que ya se encuentran procesados los exjefes de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, el exjefe de Operaciones Especiales Alan Ruiz y el exjefe de Contrainteligencia Martín Coste.

Los fiscales Santiago Eyherabide y Cecilia Incardona solicitaron que se extienda la imputación al exjefe del área de Jurídicos Juan Sebastián Destéfano y al exempleado de esa Dirección Bernardo Miguens, quienes ya están citados a prestar declaración indagatoria por las supuestas maniobras de espionaje desplegadas desde la AFI contra personas privadas de su libertad.

Los fiscales también le requirieron al juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Auge, que cite a prestar declaración indagatoria a la exfuncionaria del área de Contrainteligencia Jimena Honor, según consta en el documento judicial.

"Consideramos que las personas mencionadas participaron en la confección y utilización de documentos ideológicamente falsos para intentar darle apariencia de legalidad a actividades de inteligencia prohibidas por la ley 25.520, desarrolladas entre fines de julio de 2018 y el día 07 de agosto de ese año, frente a la sede del Instituto Patria y al domicilio de Cristina Fernández de Kirchner, sitos respectivamente en Rodríguez Peña 80 y en la intersección de calles Juncal y Uruguay, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", sostuvieron los fiscales. El espionaje ilegal tenía por objetivo "detectar el traslado de bolsos, dinero, cosas, y fotografiar a quiénes ingresaban y salían" de los domicilios espiados, según surge del expediente judicial.

 

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