El miércoles pasado se cumplieron 10 años desde la sanción de la ley nacional de salud mental (ley 26.657) y la norma, que establece un cambio de paradigma para el sistema sanitario argentino, aún está muy lejos de cumplirse en la mayoría de los distritos del país. En particular, Salta no escapa a esa situación e incluso está peor que otras provincias en cuanto a los pasos que se tuvieron que dar para estar a la altura de lo que la ley demanda: garantizar los derechos humanos.
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El miércoles pasado se cumplieron 10 años desde la sanción de la ley nacional de salud mental (ley 26.657) y la norma, que establece un cambio de paradigma para el sistema sanitario argentino, aún está muy lejos de cumplirse en la mayoría de los distritos del país. En particular, Salta no escapa a esa situación e incluso está peor que otras provincias en cuanto a los pasos que se tuvieron que dar para estar a la altura de lo que la ley demanda: garantizar los derechos humanos.
Una de las grandes deudas que demora la implementación de la normativa a nivel local es la creación de un órgano de revisión para proteger los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud mental y velar por el cumplimiento de la ley, que también abarca a las adicciones. La Cámara de Diputados provincial aprobó en agosto de 2019, por unanimidad, un proyecto para poner en marcha al organismo revisor, pero la iniciativa todavía duerme el sueño de los justos en el Senado, donde permanece archivada.
El Tribuno pudo conocer que el proyecto quedó estancado en la comisión de Justicia, Acuerdos y Designaciones de la Cámara Alta. En diálogo con este diario el presidente de la comisión de Salud en el Senado, Manuel Pailler, también se vio sorprendido porque el documento nunca llegó a su área.
Salta se encuentra entre las 12 jurisdicciones del país que aún no crearon sus órganos de revisión en la década que se cumplió. Un reciente relevamiento de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) da cuenta de que hay nueve de esas instituciones en funcionamiento en Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Jujuy, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego. Se encuentran en etapa de reglamentación los creados en Catamarca, La Rioja y Tucumán.
El informe de la ACIJ apunta principalmente a uno de los mayores incumplimientos de la ley, que es el cierre de los hospitales psiquiátricos, más conocidos como manicomios. Justamente, a fin de año se cumple el plazo establecido por la normativa para poner fin a ese sistema de atención, que, a la vista está, resulta obsoleto y que a esta altura viola los derechos de los pacientes allí internados. Lejos está la Nación de cumplir con lo que se autoimpuso y más lejos están las provincias como Salta que ni siquiera presentó un plan para la refuncionalización del hospital de Salud Mental Miguel Ragone, por ejemplo.
Pero no se pueden unir puntos sin trazar líneas. Y lo primero y básico que deben hacer los legisladores salteños es la creación del órgano de revisión.
Para muestra, un botón
Los detalles que se conocieron en el juicio que terminó a mediados de este mes contra tres profesionales del hospital Ragone por la muerte de un paciente de ese nosocomio, que ni siquiera tenía nombre, son una muestra de la crueldad y desidia con la que el sistema de salud salteño trata a un sector de la población totalmente vulnerable y desamparado.
"NN Kiko" o Carlos Villagrán, como fue rebautizada la persona por quien se desarrolló el juicio, murió el 23 de septiembre de 2014 tras 17 días de agonía producto de una serie de negligencias que comenzaron cuando lo ataron para contenerlo. Entendiendo que el hilo no se puede cortar en los más débiles, el juez Ignacio Colombo absolvió a los acusados, pero intimó al Gobierno a garantizar la salud mental de los pacientes psiquiátricos. Como están las cosas, la orden parece utópica.
Diez claves de la ley
1- Define la salud mental desde un enfoque de derechos. La salud mental es un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos.
2- Prohíbe los manicomios.
3- Establece un sistema de salud mental comunitario. La atención debe realizarse en la comunidad, preferentemente fuera del ámbito hospitalario, y propender a la plena inclusión social de las personas.
4- Las personas no pueden ser internadas contra su voluntad, salvo en caso de que exista riesgo cierto o inminente para sí o para terceros, y solo mientras tal situación subsista.
5- La ley reconoce a las personas usuarias de los servicios de salud mental, incluidas aquellas con adicciones, derechos relacionados con su dignidad.
6- Impone abordajes interdisciplinarios, que no solo involucren médicos.
7- Crea los órganos de revisión.
8- Fija un mínimo presupuestario del 10% del gasto total de salud (pero no se cumple).
9- Obliga a censar a la población internada cada dos años.
10- Consagra estándares mínimos que deben respetar las provincias.