Un concurso para ocupar un cargo en el Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVcM) continúa desde hace un año bajo la lupa de la Justicia. Es que el juez a cargo, de la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Marcelo Domínguez, había dictaminado anularlo a fines de agosto pasado, tras lo cual hubo apelaciones por parte de la postulante, Irene Cari, presidenta del Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades, y quien asegura que ganó el concurso, que también fueron rechazadas por el magistrado el 12 de noviembre pasado.
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Un concurso para ocupar un cargo en el Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVcM) continúa desde hace un año bajo la lupa de la Justicia. Es que el juez a cargo, de la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Marcelo Domínguez, había dictaminado anularlo a fines de agosto pasado, tras lo cual hubo apelaciones por parte de la postulante, Irene Cari, presidenta del Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades, y quien asegura que ganó el concurso, que también fueron rechazadas por el magistrado el 12 de noviembre pasado.
Sin embargo, el 25 de noviembre, la mujer junto a sus dos abogados Iris Roldán y Matías Nikovitch presentó un nuevo recurso de revocatoria con apelación en subsidio.
Todo comenzó el 3 diciembre de 2019, a las 14, en la sede del OVcM, en la calle 20 de Febrero donde se llevó a cabo un concurso para ocupar el cargo de directora del OVcM en representación de las organizaciones no gubernamentales locales. Cari aseguró que resultó electa en ese procedimiento. Pero María Antonieta Plaza Díaz, abogada y presidenta de la Fundación Tomar Acción que también se postulaba para el cargo, interpuso un recurso de amparo por supuestas irregularidades y solicitó la nulidad del concurso.
Ahora se supo que el nuevo pedido de Cari y su defensa pasó a despacho la semana pasada por lo que se lo está analizando. El mismo magistrado deberá resolverlo. No hay un plazo de tiempo estipulado para ello", indicaron fuentes judiciales.
Explicaron que la apelación en subsidio significa la reserva de la posibilidad de recurrir a la Corte de Justicia que es la instancia que le queda.
Al ser consultadas sobre si dado el panorama, el fallo de anulación del concurso dictaminado por Dominguez está firme o no, las fuentes judiciales respondieron "no está firme aún" y se refirieron a una estrategia por parte de Cari. "Evidentemente busca dilatar y evitar que se cumpla la sentencia. Podría haber presentado directamente la apelación, pero al presentar este recurso de revocatoria obliga al mismo juez a intervenir y luego deja abierta la posibilidad de apelar a la Corte, es decir, que trata de evitar que quede en firme lo resuelto por el mismo juez".
En tanto, la abogada de Cari, Iris Roldán, también explicó que la sentencia del juez no está firme y que por ese motivo tampoco se puede hacer otro concurso. "De hecho esta parte esta pidiendo que el juez mismo revoque la providencia y que en su defecto suba a la Corte con un recurso de apelación". Estimó que quizá la próxima semana pueda haber alguna novedad al respecto.
Puntualizó que la decisión del magistrado de anular el resultado del concurso y además llamar nuevamente a uno, en agosto pasado, "se considera totalmente injusto. No se ajusta a derecho bajo ningún punto de vista porque el no puede tomar decisiones legislativas que no le corresponden".
Feria por la pandemia
Añadió que las decisiones de éste son meramente jurisdiccionales."Así que nosotros apelamos esa resolución, sentencia pero como entramos en ese momento en una feria judicial extraordinaria por la pandemia y el sistema de trabajo de todos los letrados era vía virtual, todo se subía por web y no nos recibían el soporte papel".
Agregó que se les prestó el expediente el 31 de agosto y que estuvieron dos meses para poder devolverlo "porque la Sala III a cargo del juez Domínguez se encontraba cerrada y a pesar de que presentamos innumerables escritos de forma virtual a fines de que la Sala nos informe de que modo podíamos devolver el expediente para que siga su curso, no pudimos hacerlo hasta el 5 de noviembre".
Ese episodio fue empleado como argumento para intentar darle un cierre del caso, según Irene Cari.
Es que en las notificaciones constaba que se dejaba sin efecto el recurso de apelación porque se habían vencido los plazos procesales para presentar juegos de copias del memorial y de las piezas pertinentes para armar las piezas que puedan elevarse ante la Corte. "Se le había advertido que debía entregar esa documentación bajo apercibimiento de que se cayera su pretensión", consta en los escritos.
Cari manifestó que el juez tomó un supuesto error administrativo para intentar dejar sentado su fallo definitivo. "Tal error no existe porque nosotras tenemos documentación para certificar, acreditar que en todo momento se intentó devolver el expediente papel y nos respondieron que estaba cerrada la ventanilla", aseguró Cari, quien sumó: "Voy a seguir batallando por mi cargo de directora".
Su abogada recalcó que el caso"no solamente refleja toda esta tardanza innecesaria de la justicia, esta resolución totalmente arbitraria y una banca sin haberse asumido por parte de Cari sino que representa que todas las decisiones que se han tomado por el Observatorio de Violencia contra las Mujeres puedan devenir nulas".
Dijo que su representada se siente totalmente discriminada, víctima de una violencia institucional absoluta porque no ha podido expresarse. "Se han presentado y constan en el expediente todo tipo de pruebas, publicaciones de que el concurso se llevó a cabo con las formalidades debidas en que vienen llevandose a cabo los concursos anteriores", hizo hincapié.
En tanto, Cari expresó que hace casi un año que vive una peripecia. "Me extrañó la forma en que interpusieron el amparo. Fue una mujer a quien considerábamos una compañera con la que compartíamos un café, diálogo, acompañamiento", contó.
"Lo que ocurrió es violencia institucional porque la Justicia nos ha salido en contra del movimiento de mujeres que venimos hace muchísimos años luchando por tener presencia, visibilidad. Siento que es como una gran cachetada. Los movimientos de los asentamientos, villas, merenderos, comedores populares, comunidades indígenas también tenemos que estar presentes en los lugares de incidencia política para lucha por los derechos de las mujeres. Seguiremos reclamando lo que corresponde. Merecemos respeto", remarcó
Cari expresó: "Nadie nos llevará de las narices porque la lógica de los movimientos de mujeres territoriales es otra. No nos movilizamos por un sueldo o por un cargo sino por el deseo de transformar la sociedad a través del acuerdo, el diálogo", finalizó.
Todavía faltan dos cargos en el organismo
El directorio del Observatorio de Violencia contra las Mujeres está conformado por Ana Pérez Declercq, licenciada en sociología en representación de la UNSa; Inés Bocanera, especialista en problemáticas sociales, género y derechos, por la Cámara de Senadores de la Provincia; y María del Pilar González Sastre, abogada, por el Poder Judicial. En octubre pasado en representación de la Cámara de Diputados fue designada Florencia Sánchez, profesora de historia y especialista en educación sexual integral (ESI),
Todavía faltan las designaciones correspondientes al Poder ejecutivo y al movimiento de mujeres. Esta última continúa debatiendose en la Justicia.
“Sabemos que el Ejecutivo había llamado a concurso entre agosto y setiembre”, expresaron desde el OVcM.