Dos guardias de la empresa prestadora de seguridad de la Ciudad Judicial fueron desafectados en el marco de las actuaciones administrativas ordenadas por el presidente de la Corte de Justicia, Guillermo Catalano, para esclarecer y determinar las responsabilidades en torno de los hechos ocurridos el pasado 10 de diciembre en el hall de acceso y que involucraran al abogado oranense David Leiva. Además, se remitieron los antecedentes a la fiscalía penal interviniente para que determine si se cometió delito.
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Dos guardias de la empresa prestadora de seguridad de la Ciudad Judicial fueron desafectados en el marco de las actuaciones administrativas ordenadas por el presidente de la Corte de Justicia, Guillermo Catalano, para esclarecer y determinar las responsabilidades en torno de los hechos ocurridos el pasado 10 de diciembre en el hall de acceso y que involucraran al abogado oranense David Leiva. Además, se remitieron los antecedentes a la fiscalía penal interviniente para que determine si se cometió delito.
Previamente se requirieron las filmaciones de las cámaras de seguridad ubicadas en distintos puntos del acceso. También se recibieron los informes del encargado de seguridad del edificio de las personas que participaron en el hecho investigado, con la finalidad de determinar si existió exceso en el accionar del personal de la empresa de seguridad privada apostado en los accesos del público en general y abogados.
El 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, Leiva, uno de los abogados querellante en las causas federales más grandes por crímenes de lesa humanidad, denunció que fue víctima de agresiones por parte de personal de seguridad privada en la Ciudad Judicial.
Tras la denuncia la fiscalía empezó a actuar de oficio y el presidente de la Corte de Justicia, Guillermo Catalano, ordenó actuaciones administrativas.
El letrado contó en esa oportunidad a El Tribuno que arribó al edificio de la zona norte para presentar escritos de dos causas laborales. Desde hace nueve meses no iba debido a la cuarentena y porque pertenece a la población de riesgo por la edad. No sabía que los protocolos de ingreso al enorme edificio habían cambiado. Ingresó por donde lo hizo todos estos años. Relató que fue increpado de mala manera por el personal de seguridad privada. Según afirmó, cruzaron palabras, se desconocieron y entre tres uniformados lo sacaron a golpes de puño y empujones. Leiva cayó al piso y se lesionó la muñeca izquierda. Quedaron esparcidas sus pertenencias, documentos, papeles, el dinero y el carné de abogado; le rompieron hasta el teléfono. Lo siguieron arrastrando hasta que llegaron a la vereda de la avenida Memoria, Verdad y Justicia.
El caso generó fuerte repercusiones. El Colegio de Abogados y Procuradores de la Provincia de Salta se presentó como querellante particular.
El presidente del Colegio de Abogados, Pedro Burgos, consideró que debe analizarse por qué hay seguridad privada y no estatal en edificios públicos.
Afirmó que ser querellante es una medida habitual que se adopta cuando un colega matriculado es víctima de una agresión.
En otro sentido, Burgos precisó que el hecho que se investiga "pone en situación de análisis otra cuestión: conocer cuáles son las razones por las que los edificios públicos son custodiados por personal de seguridad privada, cuando está al alcance el personal policial".
Apoyo al abogado
Días atrás la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) manifestó su total solidaridad con David Leiva, quien fuera víctima de una agresión por parte del personal de seguridad privada en la ciudad judicial de Salta.
El 10 de diciembre de 202 el nombrado fue agredido de mala manera cuando intentaba ingresar a la Ciudad Judicial a realizar trámites.
El episodio también fue observado por personal policial de Salta que en vez de interceder para frenar la agresión intentó llevarlo detenido a Leiva. Como consecuencia, sufrió lesiones en su muñeca izquierda, problemas con su presión arterial y glucosa, además de la rotura de objetos personales.
“APDH manifiesta su repudio a la agresión sufrida por David Leiva, abogado reconocido querellante en las causas federales por crímenes de lesa humanidad. Asimismo, insta a las autoridades competentes a investigar la autoría de estas prácticas y a revisar la concesión de las empresas que deben estar a cargo del cuidado de la Ciudad Judicial”, comunicaron.