A un año del comienzo de la pesadilla, la comunidad científica aún no encontró respuestas definitivas sobre la infección del nuevo coronavirus, los tratamientos, la duración de la inmunidad ni los efectos a largo plazo en la salud.
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A un año del comienzo de la pesadilla, la comunidad científica aún no encontró respuestas definitivas sobre la infección del nuevo coronavirus, los tratamientos, la duración de la inmunidad ni los efectos a largo plazo en la salud.
Sí hay una conclusión unánime de los expertos y organismos multinacionales de la salud sobre el devastador impacto que está teniendo la pandemia en las personas mayores. Las estadísticas de las que todo el mundo está pendiente muestran que el 80% de las cerca de 40.000 muertes que tuvo el país por COVID-19 hasta ahora se correspondió con este grupo etario.
De las actuaciones que abrieron distintas fiscalías en la provincia se desprende que el aislamiento social agravó la indefensión de niños, niñas, mujeres y personas mayores expuestas a diferentes formas de violencia.
Si bien las víctimas son principalmente mujeres, con dependencia y socialmente aisladas, en medio de la emergencia sanitaria afloró con toda crudeza la vulnerabilidad de personas de más de 65 años que son maltratadas y sufren toda clase de abusos.
El director general de Adultos Mayores, Jorge O'Brien, precisó que "el 44% de las agresiones se produce en el propio núcleo familiar, mientras que el 36% ocurre en los establecimientos residenciales donde viven las personas mayores y el restante 20% se da en la comunidad", particularmente por la mala atención de los bancos y organismos estatales.
Desde el organismo provincial se calificó de llamativa y preocupante la creciente cantidad de casos de agresiones físicas y psicológicas, abuso sexual y patrimonial, fraudes, estafas y robos, como también de negligencia y abandono. Los adultos mayores también reciben golpes bajos desde las estructuras de la sociedad a través de normas legales, sociales, culturales y económicas que actúan como trasfondo de otras formas de violencia. "Uno de los tantos aspectos que contribuyen a estas conductas son las actitudes y estereotipos negativos hacia las personas mayores", advirtió O'Brien, en referencia al prejuicio de que con la edad pierden poder y control sobre sus vidas o la percepción de que se vuelven frágiles, débiles y dependientes.
Un anciano es evacuado desde un geriátrico.
La pandemia, además de exponer la fragilidad de los servicios de salud, evidenció una verdadera crisis humanitaria por los derechos vitales que tiene afectada la franja poblacional de más edad y menos recursos.
En este contexto, Salta acaba de sancionar la ley 8.221 de protección de los derechos humanos de las personas mayores.
La norma compromete al Estado a llevar adelante acciones para crear conciencia en la familia y en la comunidad sobre la importancia del buen trato a los mayores. También lo obliga a asumir la obligación de contrarrestar la violencia contra el adulto mayor con políticas planes y programas específicos.
"Como sociedad debemos hacer nuestras estas obligaciones y contribuir a cambiar la vida de los adultos mayores, para que puedan vivir una vida digna", sostuvo O'Brien.
El funcionario hizo notar que, por las medidas de aislamiento social, personas de edad perdieron sus rutinas y quedaron alejadas de sus redes familiares y sociales. El estado de confusión y desorientación hizo caer a muchos jubilados y jubiladas en cuadros de angustia, irritación, tristeza, estrés y depresión.
La pandemia del COVID-19 está causando un temor y sufrimiento indescriptible en las personas adultas mayores que ven como otro riesgo, mayor aún que el de la propia edad, los está acechando con un alto grado de letalidad.
Muchas personas mayores que viven solas se encuentran separadas de su núcleo familiar por el impedimento de contacto asiduo que solían tener previo al coronavirus. También han visto relegada en medio de la crisis sanitaria la posibilidad de contacto frecuente con amistades, lo que impacta fuertemente en su estado anímico y su salud.
Una ley que espera ser reglamentada
Salta dio un importante paso para garantizar derechos a adultos mayores.
Un jubilado busca mantenerse en forma en una plaza.
El pasado 30 de noviembre el Ejecutivo provincial promulgó la ley 8.221 de protección de los derechos humanos de las personas mayores. El antecedente más cercano de la norma se remonta a 1998, cuando las cámaras legislativas sancionaron la ley de creación del Consejo Provincial de los Mayores, reglamentado en 2006.
“Parece mentira que nunca se hubiera legislado sobre el tema”, señaló el director general de Adultos Mayores, Jorge O’Brien, tras destacar que tiene 160.000 habitantes con más de 60 años.
Sobre la nueva ley, O’Brien recordó que establece dos fases de actuación. La primera se refiere a los principios rectores de la Convención Interamericana sobre los derechos humanos de la personas mayores.
La norma contempla el derecho a una vida digna y autónoma libre de toda violencia abuso o maltrato. También la atención preferencial y diferenciada, especificando que todo adulto mayor debe gozar de trato prioritario en los organismos públicos y privados a los que concurra a solicitar protección o asistencia.
Garantiza su acceso a la Justicia y establece que todo trámite burocrático debe ser ágil para garantizar a los adultos mayores, víctimas de maltrato, asistencia psicológica y patrocinio jurídico.
Por otra parte, dispone mecanismos de abordaje preventivo y protección social. Uno de ellos es la divulgación de temas relacionados con la vejez, a través de medios de comunicación y redes sociales, para promover una imagen positiva del adulto mayor y eliminar estereotipos y mitos discriminatorios. Otro son los cursos y espacios de encuentro tendientes a reforzar su autoestima, hacerles conocer sus derechos, promover sus potencialidades y reforzar lazos y redes.
La norma también contempla talleres sobre nuevas tecnologías a fin de remover obstáculos.
O’Brien destacó que “la ley dispone un régimen de fiscalización de geriátricos y residencias públicas y privadas, estableciendo que el Gobierno provincial dictará las medidas conducentes para corroborar que los controles municipales se lleven a cabo en forma periódica y efectiva”.
La norma compromete al Ejecutivo a articular los medios para el tratamiento y la protección social para garantizar la vida, la integridad, la seguridad y la dignidad de los adultos mayores. Entre las medidas se incluye la toma de conocimiento de peticiones de protección y asesoramiento las 24 horas del día, los siete días de la semana.
Está previsto el abordaje y contención de los adultos mayores víctimas de maltrato a cargo de un equipo técnico interdisciplinario.
Otro aspecto resaltante es la derivación de adultos mayores que se encuentren en situaciones de alto riesgo en su integridad psicofísica a instituciones públicas o privadas de alojamiento o tratamiento, según su necesidad. La ley contempla el seguimiento de los casos y la habilitación de un registro central, permanente y actualizado, con datos de toda la provincia.
Ahora deberá esperarse a su reglamentación y que el Gobierno le asigne un presupuesto compatible con las necesidades que requiere su im plementación.