Pasados los dos primeros meses de gestión, el gobierno de Alberto Fernández aborda problemas de enorme dimensión estratégica, tales como la renegociación de la deuda externa y el posicionamiento internacional (en particular, el vínculo con Brasil y con el Mercosur), al tiempo que debe mantener el equilibrio interno y su autoridad en el seno del oficialismo.
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Pasados los dos primeros meses de gestión, el gobierno de Alberto Fernández aborda problemas de enorme dimensión estratégica, tales como la renegociación de la deuda externa y el posicionamiento internacional (en particular, el vínculo con Brasil y con el Mercosur), al tiempo que debe mantener el equilibrio interno y su autoridad en el seno del oficialismo.
El país afronta una crisis estructural, de elevado costo social, que se remonta a muchos años pero que remite a la ineficiencia económica y al atraso tecnológico, sumados al desequilibrio fiscal que atraviesa las dos primeras décadas del siglo XXI.
Estos problemas de fondo solo podrán ser resueltos por un consenso nacional y no por la gestión aislada y unilateral de un gobierno. Tampoco es recomendable que en las negociaciones que vienen desarrollando el presidente y el ministro Martín Guzmán se cuelen imprudentes búsquedas de culpables. Tal el caso del reclamo al Fondo Monetario Internacional de una quita en la deuda que formuló la vicepresidenta Cristina Fernández desde Cuba. Los problemas de la Argentina son generados por la displicencia en el gasto que caracteriza a nuestro país, más allá de que en todas las crisis aparezca la especulación.
No se va a lograr ningún acuerdo amenazando, sino transmitiendo confianza y negociando a los tenedores de títulos. Y tampoco se puede caer en la imprudencia de pedir al FMI una quita que el organismo no puede hacer.
La información oficial documenta que los 44.149 millones de dólares que el Fondo le prestó al país durante el gobierno de Mauricio Macri fueron aplicados a pagar servicios de la deuda en moneda extranjera (US$ 37.149 millones) y pasivos en moneda nacional (US$ 6.072 millones); además de comisiones, desembolsos y gasto primario en moneda extranjera. Es decir, no hubo fuga de capitales, como argumentó la expresidenta, y se cubrió déficit con recursos a una tasa del 4%.
Las decisiones políticas siempre son discutibles y la deuda es una carga antigua y pesada, pero encaminar al país hacia un futuro superador exige realismo.
El ministro Guzmán diluyó expectativas de alcanzar equilibrio fiscal antes de 2023. Corregir el déficit supone que el nivel de ingresos del Estado equipare o supere el de gastos. El gobierno deberá tomar medidas antipáticas como la reducción de gastos, que en la última década crecieron dramáticamente en relación con el PBI.
En una economía que destruye el empleo y recarga al Estado con gastos insostenibles, es imprescindible asegurar la recuperación de la inversión. Un informe de la Fundación Capital -que dirige Martín Redrado- indica que "la inversión acumularía en 2020 una caída de nada menos que 30% con respecto a 2017 y reduciría su participación a apenas 15,4% del PBI". El dato es alarmante, especialmente si se añade que la Argentina no crece desde 2011.
La coyuntura es compleja y exige, de todos, patriotismo, decisión y sensibilidad social. Además, la realidad del mundo impone prudencia política.
Según un informe del Banco Mundial, solo la deuda de las economías emergentes y en desarrollo aumentó hasta un máximo histórico de casi 170 % de su PIB en 2018. A su vez, el FMI reportó que la deuda total global (pública y privada, incluyendo a economías desarrolladas) ascendía a fines de 2019 a un récord histórico de US$ 188 billones, equivalentes al 230 por ciento del PIB global.
La sucesión de las crisis producidas desde los años 70 golpearon a las economías del mundo. Hoy aún se hacen sentir los coletazos de la quiebra de Lehman Brothers por el colapso de "hipotecas subprime" durante la cual la relación deuda/PIB en las economías en desarrollo creció desde un 54 % hasta 168 %.
En este escenario, el Gobierno y el FMI saben que la negociación es imprescindible, basada en criterios de sostenibilidad, transparencia y colaboración entre deudores y acreedores.
Es fundamental, por el país, la democracia y la república, que los argentinos cerremos filas tras el gran objetivo de generar empleo y calidad de vida y derrotar a la pobreza.