Hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer y la fecha cobra especial resonancia por la creciente movilización feminista en todo el planeta y en nuestro país.
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Hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer y la fecha cobra especial resonancia por la creciente movilización feminista en todo el planeta y en nuestro país.
El avance del protagonismo de las mujeres es irreversible.
Aunque aún queda un largo camino por delante, el reconocimiento de sus derechos acompaña la maduración de una sociedad que día a día deniega legitimidad a cualquier forma de discriminación.
Los derechos de la mujer son un capítulo inescindible de los derechos humanos.
Sin embargo, a pesar de la evolución de la cultura, las leyes y el sistema laboral, persisten viejas prácticas autoritarias de predominio masculino que exigen del Estado políticas enérgicas y perentorias.
Los femicidios, en este contexto, persisten como una infamia.
A pesar de todas las expresiones de solidaridad y comprensión de parte de la autoridad política, los gobiernos se siguen mostrando reticentes a poner en práctica medidas efectivas para evitar que los violentos se acerquen a sus víctimas, para agilizar la recepción de denuncias de la mujeres agredidas y para asistir con todos sus recursos a las madres e hijas, adultas o niñas, que sufren el martirio de la violencia de género.
Cuando el Estado baja la guardia, como en estos días, aumentan los femicidios que ya son más de 70 en el país en lo que va de 2020.
La conmemoración de hoy remite a las luchas, muchas veces cruentas, de las mujeres por la dignificación de su trabajo.
El recuerdo más trágico de esas luchas remonta al 25 de marzo de 1911, cuando 123 obreras textiles murieron al incendiarse una fábrica de camisas en Nueva York.
Desde entonces, la lucha y el reconocimiento de derechos avanzaron a la par de la creciente participación de las mujeres en el trabajo fuera del hogar, como profesionales o empleadas .
Así y todo, el llamado "techo de cristal" sigue funcionando hoy como un freno a la jerarquización de las empleadas y funcionarias, que ganan entre un 20 y un 30% menos que los hombres y que difícilmente superan a estos cuando se trata de acceder a las posiciones más calificadas.
La Organización Internacional del Trabajo considera que si el Estado no interviene, la brecha salarial de género puede tardar más de 70 años en cerrarse.
No existe una explicación razonable para esta brecha, que también aparece en el ámbito del Estado.
En la Legislatura salteña, a pesar de la Ley de Igualdad de Género, hay solamente 19 diputadas, sobre un total de 60 bancas, y una sola mujer entre los 23 senadores.
A lo largo de este tiempo, las mujeres avanzaron mucho más que los varones en cuanto a formación profesional. El censo de 2010 informó que sobre 1.929.813 argentinos con carrera universitaria completa, 1.050.662 son mujeres y 879.151 son hombres. Desde hace décadas, la población de estudiantes universitarios es mayoritariamente femenina y las mujeres presentan menos índices de deserción. Pero esto no se refleja en los niveles de empleo y en el reconocimiento profesional.
Por una parte, las tareas del hogar, no remuneradas, y las exigencias de la maternidad siguen estando a cargo de las mujeres. Esto significa un mayor sacrificio laboral con respecto al que toca a sus parejas.
El movimiento feminista considera que la mujer está obligada a demostrar siempre su capacidad, mientras que los varones se les da mayor crédito previo, aunque quizá no lo merezcan. Señalan, asimismo, que las tareas de la maternidad imponen a las mujeres altibajos en su producción laboral pero, al mismo tiempo, si comparan los rendimientos a lo largo de períodos extensos de tiempo, los resultados son iguales a los de los varones en el mismo lapso.
Todo indica que la mujer terminará igualando a los varones en el espacio público, pero la brecha es injustificable. Por eso se requieren políticas de Estado, destinadas a sostener las reivindicaciones alcanzadas.
No basta con los discursos.
Es necesario tomar medidas para que nadie, ni en el sector público ni en el privado, pueda seguir aferrado a prácticas discriminatorias definitivamente anacrónicas.