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Prisioneros del coronavirus

Viernes, 03 de abril de 2020 00:00

Nuestra sociedad tiene una pronunciada tendencia a la ilegalidad, afirmaba Carlos S. Nino. Pensemos en las dificultades que tenemos en mantener limpios los espacios públicos, en el modo en que conducimos por calles y rutas, en las altas evasiones impositivas, en la corrupción. Pensemos en lo que nos cuesta hoy quedarnos en casa para evitar la propagación del virus. Estamos, en cierta forma, habituados a desdeñar las normas jurídicas, sociales y morales. Nino llamaba "anomia" (...- nomos "fuera de la ley") a esta generalizada falta de respeto a las normas.

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Nuestra sociedad tiene una pronunciada tendencia a la ilegalidad, afirmaba Carlos S. Nino. Pensemos en las dificultades que tenemos en mantener limpios los espacios públicos, en el modo en que conducimos por calles y rutas, en las altas evasiones impositivas, en la corrupción. Pensemos en lo que nos cuesta hoy quedarnos en casa para evitar la propagación del virus. Estamos, en cierta forma, habituados a desdeñar las normas jurídicas, sociales y morales. Nino llamaba "anomia" (...- nomos "fuera de la ley") a esta generalizada falta de respeto a las normas.

El concepto fue utilizado por Durkheim en el campo sociológico, haciendo referencia a grupos que se aíslan de la sociedad, al margen de reglas de conducta sociales. Nino invirtió el sentido de esa noción original, para describir la inobservancia de las normas como un comportamiento que perjudica al cuerpo social. Y avanzó sobre la idea de "anomia boba", que conecta la inobservancia recurrente de las normas con la ineficiencia en distintas dimensiones, sobre todo económica.

Una larga tradición de anomia

¿Cuál es la causa de la débil adhesión que tenemos por las normas? Nino señaló que nuestra tradición de desobediencia a la ley puede rastrearse en algunos rasgos de la vida colonial de la América española. Uno de ellos es la importancia que tuvo el contrabando en el crecimiento de Buenos Aires y del Río de la Plata, con lo que se rompió el monopolio del comercio que España, bajo los Austrias, imponía a sus colonias. Otro rasgo fue la abierta violación de la ley impuesta por las autoridades de la metrópolis por parte de los funcionarios locales, tan bien relatada por el tucumano José I. García Hamilton en "Los orígenes de nuestra cultura autoritaria (e improductiva)".

De allí en adelante nuestro persistente desprecio a la ley puede reconocerse en distintos sucesos dentro del desarrollo histórico institucional de nuestro país. Uno de los puntos más ilustrativos fue el escepticismo absoluto sobre el poder estructurador de la normas demostrado por Rosas, llamando sarcásticamente "ese cuadernito" a la Constitución.

Esa dinámica de interacción autodestructiva -desde lo cívico-, aparece en los fraudes electorales en la década infame, en los sucesivos golpes de estado que en adelante fueron la regla, en las proscripciones electorales -como la que ocurrió con el radicalismo en esa misma década y luego con el peronismo desde 1958 hasta 1973-, en la reiterada manipulación de la justicia, en el abuso del estado de sitio. La dictadura de 1976 aparece como la gran hipérbole en la subversión del estado de derecho. Nuestro Poder Judicial, que debía defender la constitucionalidad y la legalidad, acompañó a los gobiernos ilegítimos como si fueran constitucionales.

Desobedecer como resistencia

Teniendo en cuenta esta pedregosa senda recorrida hasta ahora, ¿Qué persona razonable depositaría confianza en la ley? Alberto Binder sostiene que existen razones objetivas, hasta cuantificables, para demostrar que esa desconfianza es un acto razonable, indispensable para planificar adecuadamente la vida personal.

La persistencia en el tiempo, la densidad -y la gravedad- del fenómeno de desobediencia a la ley no resiste explicaciones livianas, como la ignorancia, falta de información o la falta de compromiso moral o cívico. Las raíces son más profundas y es conveniente replantearse el tema en estos tiempos extraordinarios.

Anomia y pandemia

La pandemia está entre nosotros, modificando de modo dramático nuestras interacciones, costumbres, subjetividades, transformándonos a través del miedo, agitando reacciones oscuras como la xenofobia, escraches sociales o algún brote fascista.

La emergencia sanitaria nos obliga a resignar casi todas nuestras libertades personales y seguir órdenes de "aislamiento social, preventivo y obligatorio", según el DNU de la Nación N´ 297/2020 y el decreto 250/20 en la provincia. En este escenario de emergencia, que configura un verdadero estado de excepción, irrumpe recargada nuestra anomia, justificada por nuestro contexto histórico.

Tomar conciencia de los riesgos que acarrea la pandemia debería ser suficiente para generar en nosotros un giro ético-social que privilegie la importancia de la cooperación, de una real coordinación colectiva, de mantener la cohesión social, de entender la necesidad de la autorrestricción de nuestras libertades en pos del bien común, hoy menos difuso que nunca.

En Suecia, país en que las cifras de infectados se mantienen bajas, las autoridades solo aconsejan aislamientos en ciertos casos y una higiene escrupulosa, sin necesidad de imponer restricciones.

Tal vez la matemática aplicada pueda auxiliarnos en el análisis, mediante una herramienta llamada "Teoría de los juegos".

Este ejercicio nos permite inferir resultados sobre la eficiencia o ineficiencia de diversas configuraciones del comportamiento colectivo, recurriendo a modelos formales que toman en cuenta variables sobre las posibilidades de acción, las preferencias y el conocimiento o ignorancia de los actores y presuponiendo su racionalidad autointeresada.
Si pensamos el comportamiento social en tiempos de pandemia a través de un análisis de la interacción social va a ser posible comprender por qué la inobservancia de las normas, en este caso de emergencia, dan lugar a resultados sociales ineficientes.
Uno de los modelos clásicos de esta teoría es el “dilema del prisionero”, que muestra que dos sujetos podrían no cooperar, aunque parezca que lo mejor para ambos sea hacerlo.
Si aplicamos el dilema a una situación con más de dos actores, y de sujetos infectados por COVID-19 y asintomáticos, el esquema demuestra que el resultado más eficiente, en el que todos nos beneficiamos, es en el que deben aislarse los dos individuos, no solo uno.
Es decir, si todos acatamos las normas derivadas de esta emergencia (reducimos los contactos, respetamos el aislamiento, nos lavamos las manos con frecuencia, etc.) disminuyen drásticamente las posibilidades de propagación del virus. Esta teoría nos marca la importancia de un comportamiento solidario y de acatar las medidas de la emergencia: el dilema muestra que reducir el beneficio individual permite maximizar el beneficio social.
La tendencia a la anomia, a la ajuricidad, se retroalimenta en un círculo vicioso. Tal vez la superación de esa dinámica de interacción autofrustrante se encuentre en generar y fomentar formas de cooperación social. Los mecanismos de cooperación requieren cumplir normas y, por ende, un compromiso de adhesión al derecho que puede ser generado mediante un ejercicio de deliberación pública, factor consustancial de la democracia y que no es habitual aún -no en la medida de lo deseable- en nuestra realidad política.
En este punto las normas son útiles para superar problemas de cooperación, ya que pueden o bien modificar las preferencias de los individuos o bien asegurar las expectativas. Los individuos que tienen como primera preferencia la de cooperar con los otros pueden prever que los otros también cooperarán. Y esto permite encontrar la salida de los dilemas.

Lo urgente

Es claro que esperar un comportamiento cooperativo para la ventaja mutua presupone necesariamente una sociedad sin grandes asimetrías sociales.
Cuando existe pobreza extrema y, por ende, desigualdad extrema no está garantizado un piso mínimo para el ejercicio de una ciudadanía que pueda llegar a ser cooperativa. La amenaza de un virus potencialmente mortal pierde contundencia ante la urgencia de cubrir necesidades básicas acuciantes.
El más básico de los derechos es el derecho a la subsistencia, ya que el disfrute de otros derechos depende de su satisfacción.
Es por eso que asegurar los derechos básicos de la población mas vulnerable debe ser urgente y prioritario en la actual agenda de crisis provincial. Las respuestas represivas -penales o contravencionales- en situaciones de desventaja económico-social no parecieran ser ni justas ni adecuadas, mucho menos en una emergencia sanitaria. Es allí donde el Estado debe estar presente, compensando la asimetría social, generando directrices protectoras hacia los/las más vulnerables. Asegurar agua, alimentación, servicios de salud en el norte, garantizar la salud en los barrios salteños, diseñar medidas urgentes para quienes consiguen su sustento día a día.
Es necesario también, desde el Estado, el esfuerzo de pensar programas sociales que focalicen en las mujeres que tienen a su cargo el cuidado de niños/as y de adultos/as mayores, tareas exacerbadas por la dinámica de la pandemia y medidas que las protejan de manera eficiente de las violencias.
El desafío de este nuevo gobierno es cerrar la brecha social para que no se desarticule el “cemento de la sociedad” y, además, requiere de nosotros un gran esfuerzo integrado y coordinado.

Una ética de la solidaridad

Una ética de la solidaridad puede “vertebrar procesos de cooperación que concurran al bien común” decía Alfonsín por 1987. Nino, Rawls y la tradición contractual clásica pensaban a la sociedad como un sistema de cooperación, que no podría ser exitoso sin la solidaridad de las/los participantes.
Este modelo de sociedad solidaria no solo nos aleja de las tentaciones autoritarias que se multiplican en estos días confusos, sino que, a la vez, puede transportarnos al mejor lugar posible en tiempos de pandemia. Poder pensarnos y asumirnos como sujetos solidarios y cooperativos puede ayudarnos a encontrar la salida a esta situación extraordinaria.
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