En Salta, más de 8.000 suscriptores que adquirieron vehículos por planes de ahorro en los últimos tres años se encuentran en un callejón sin salida, con la soga al cuello, porque los valores de las unidades, prendas y seguros están sobredimensionados.

Muchos quedaron sin su fuente de ingresos por la cuarentena obligatoria y a otros ni siquiera les alcanzan ya sus sueldos completos para poder pagar la cuota del auto.

Los gobiernos, el Congreso y la Justicia salteña, tanto en el fuero federal como en el provincial, han sido hasta ahora notables ausentes frente al atolladero que, una vez agotada la tregua dispuesta por el aislamiento social preventivo y obligatorio, se traduciría en ejecuciones masivas de prendas y garantías escritas.

El escenario se parece cada vez más al de 2002, cuando el Congreso tuvo que frenar una catarata de remates, en medio de un incendio social, con más de una sanción de emergencia. En varias provincias, jueces apuraron medidas cautelares que obligaron a las terminales automotrices a reducir las desmedidas cuotas de los planes. En algunas jurisdicciones ya se habilitaron cuentas judiciales para evitar atropellos de derechos que podrían ocasionar perjuicios irreversibles en las asfixiadas economías de miles de familias afectadas .

El caso más cercano es el de Tucumán, donde una acción colectiva entablada por su Defensoría del Pueblo atendió la situación de más de 20.000 suscriptores con autos adjudicados y entregas pendientes de todas las marcas.

“El fallo, que está firme, ordenó retrotraer las cuotas a su valor de marzo de 2018, restarles un 20% y actualizarlas, a partir de abril de 2018, con el Indice de Precios al Consumidor”, señaló el defensor del Pueblo de Tucumán, Fernando Juri, a El Tribuno. 

En la vecina provincia se habilitaron nueve cuentas especiales en las que suscriptores depositan las cuotas vencidas y atrasadas en función de los parámetros dictaminados por la Justicia, mientras se dirime la demanda de fondo.

El organismo tucumano habilitó en su sitio oficial un simulador con el que se determinan las nuevas cuotas que los suscriptores depositan por cajeros automáticos. A modo de ejemplo, Juri precisó que una cuota que ascendía a $21.000 está recalculada hoy en $11.000, por la resolución de la Justicia Civil y comercial de Tucumán. 

En Santiago del Estero una cautelar retrotrajo las cuotas a los valores de abril de 2018, sin actualización. 

En Misiones, suscriptores de planes de todas las marcas y en todo el territorio de esa provincia están cubiertos por un fallo de la Justicia federal. 

En esta provincia, Nicolás Zenteno, quien años atrás se desempeñó en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Salta, patrocinó una acción de consumo con base idéntica a la de Tucumán. Ante esa demanda, planteada por un jubilado del barrio Docente al que ya no le alcanza su haber entero para pagar la cuota de un Gol Trend, el juez federal Julio Bavio dictó el 6 de agosto de 2019 una cautelar. La resolución obligaba a Volkswagen a reducir un 40% las cuotas desde mayo de esa año. La medida, que asomaba como un caso testigo, terminó caída porque la Justicia Federal de Salta se declaró después incompetente. Luego de esa decisión, un puñado de demandas individuales recaló en la Justicia provincial, donde siguen sin resolución.

En noviembre de 2019, ante un amparo colectivo interpuesto contra Fiat, Volkswagen, Ford, Chevrolet y Renault, la jueza Claudia María Ibáñez ordenó congelar las cuotas por seis meses. El fallo decepcionó a los demandantes, que habían reclamado retrotraerlas a los valores de abril de 2018, como se ordenó en Tucumán, Santiago del Estero, Misiones, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, San Juan y Mendoza.

En primera persona

‘En 2017, en familia, tomamos la decisión de adquirir un plan de ahorro en la empresa Volkswagen. Nos pusimos en contacto con un representante de ventas y firmamos un contrato, con la promesa, de palabra, de que sería accesible económicamente. Doce meses después empezaron nuestras pesadillas con los abusivos aumentos de las cuotas. Comenzamos en enero del 2017 con un valor móvil de $235.000. Ahora, según la empresa, nuestro Gol Trend vale $1.050.000 y las cuotas superan los $20.000”, manifestó Rodrigo Sanmillán. 

En 2018, con Luciana Ataco, decidieron empezar a convocar a otros afectados de la provincia. “Con el tiempo hicimos contacto con ahorristas de todo el país, viendo lo que podía hacerse aquí. Pasamos por organismos tanto provinciales como municipales sin lograr acompañamiento alguno con miras a una solución”, acotó Sanmillán, un empleado del sector de la salud que vive en el barrio Don Emilio. 

Cecilia, una profesional del macrocentro salteño que prefirió mantener su apellido en reserva, adquirió un Fiat Cronos en 2018. “Comencé pagando $3.500 y hoy la cuota es de 15.377”, indicó. En su caso, el plan se encareció un 250%.

Entre los afectados hay cientos de trabajadores registrados e informales que en los últimos meses tuvieron que destinar sus sueldos prácticamente enteros para mantener las exorbitantes cuotas al día. Es el caso de muchos choferes y guías de turismo que se ganaban la vida con transportes escolares y en excursiones los fines de semana. Ambas actividades están totalmente paralizadas por la pandemia de COVID-19 y su normalización está prácticamente descartada por un tiempo más. Desde marzo cayeron en moras y, por las condiciones firmadas, están condenados a perder sus autos ni bien expire la tregua que dispuso la Inspección General de Justicia (IGJ), en la resolución que sacó el pasado 11 de abril. En esa norma se estableció un mecanismo de diferimiento de cuotas que la inmensa mayoría de los suscriptores apremiados considera una burla. Mientras tanto, estudios jurídicos transforman sus vidas y las de sus garantes en un tormento, con hostigamientos telefónicos que superan todos los límites y que, por cierto, también desataron denuncias ante las que la IGJ (el ente de control de los planes de ahorro), los organismos de Defensa del Consumidor, fiscales y jueces hacen oídos sordos.

Un diferimiento que solo le sirve a pocos

Según registros oficiales, solo el año pasado la Secretaría de Defensa del Consumidor de la Provincia recibió 756 denuncias por los planes de ahorro.

En esos expedientes administrativos se abrieron instancias de conciliación en las que las concesionarias propusieron diferimientos de cuotas idénticos a los del régimen que instrumentó la Inspección General de Justicia (IGJ) el pasado 14 de abril a través de la resolución 14/2020, como supuesta salida beneficiosa para los suscriptores que fueron estafados.

El diferimiento implica una merma en las cuotas por hasta 12 meses, pero obliga a los suscriptores a pagar los descuentos acumulados más adelante.

Las conciliaciones que se hicieron en el organismo de Defensa del Consumidor de Salta son una muestra cabal de que el promocionado régimen adoptado por la IGJ solo juega a favor de las administradoras de los planes de ahorro y de unos pocos afectados.

En las conciliaciones, solo aceptó el diferimiento un puñado de suscriptores que tenían pocas cuotas para cancelar el auto. Solo con eso, el organismo dio por agotadas las instancias administrativas de los reclamos. Ahora, por si fuesen pocos los golpes bajos, para acceder al diferimiento parcial de hasta 12 cuotas los suscriptores deben renunciar a las acciones judiciales porque así lo dispuso la IGJ. 

 

 

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