Pasó al fuero federal el caso del robo de una antena

Un juez salteño declaró la incompetencia de la Justicia provincial en la causa que investiga el robo millonario de una antena de alta tensión en la localidad de Aguaray, al norte de la provincia, en cuyo marco están detenidas e imputadas cuatro personas, por lo que la investigación pasó al fuero federal.

El juez de Garantías 2 de Tartagal, Héctor Fernando Mariscal Astigueta, hizo lugar a la solicitud del fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón, y declaró la incompetencia material y territorial de la fiscalía, en la causa que investiga el robo millonario de una antena de alta tensión.

De esta manera la causa, que tiene a cuatro imputados que permanecen detenidos y 279 caños secuestrados de una antena de alta tensión de 40 metros de altura, que formaba parte del acuerdo binacional de interconexión eléctrica entre Argentina y Bolivia, pasó al fuero federal.

La intervención del fiscal provincial se inició a partir de las actuaciones de la Brigada de Investigaciones de Tartagal y Salvador Mazza, del norte salteño.

Esto surgió luego de que el administrador de un proyecto de obras de compensación tomara conocimiento a través de un puestero y denunciara que el pasado 23 de febrero un grupo de personas desconocidas volteó una torre de cableado de alta tensión ubicada frente a la comunidad Tres Quebradas, de Aguaray, a más de 410 kilómetros al norte de Salta Capital. Asimismo, precisó que en el lugar había una camioneta negra con siete hombres a bordo.

En una ampliación de su denuncia, el hombre indicó que el costo de la antena robada y destruida es de 30 mil dólares y que el total del daño sufrido fue de cuatro millones de pesos.

De los informes de la investigación elaborados hasta el momento se desprende que el personal policial tomó conocimiento de que los propietarios de una ladrillera ubicada en el paraje Virgen de la Peña tenían en su poder hierros similares a los de la antena.

Al llegar allí, los efectivos fueron recibidos por un hombre que manifestó trabajar como changuero e informó sobre los nombres de los propietarios del lugar. A la vez, observaron que las bases para sostener maquinaria estaban construidas con hierro galvanizado y presentaban un código alfanumérico con el logo de una antena. Ninguno de los propietarios pudo justificar la procedencia de los materiales.

Distintas tareas investigativas

En total, 279 caños fueron secuestrados con hierros color gris galvanizados, con código alfanumérico y el logo de la empresa damnificada. Los cuatro sospechosos fueron imputados y puestos a disposición de la Justicia, ahora bajo la órbita del fuero federal.

Teniendo en cuenta las denuncias, testimonios, informes policiales, imágenes fotográficas, inspecciones oculares y elementos secuestrados, Cazón entendió que los elementos fueron suficientes para imputar provisionalmente a cuatro personas por la comisión del delito de robo calificado en grado de coautores, por lo que permanecen detenidos.

Desde un primer momento la causa tuvo algunos aspectos contradictorios, dado que los hechos de la realidad no coincidían con lo denunciado.

La antena de alta tensión formaba parte del Corredor de Intercambio Juana Azurduy, instalada por la contratista y encargada del proyecto ESE&CC, para el abastecimiento de energía al sistema local desde Bolivia.

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