El COVID-19 ha dejado en evidencia ineficiencia y acciones inapropiadas en las compras públicas.
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El COVID-19 ha dejado en evidencia ineficiencia y acciones inapropiadas en las compras públicas.
El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación adquirió hace unas semanas alimentos para los sectores más vulnerables con sobreprecios de $220 millones.
La compra se hizo mediante intermediarios y no precisamente a proveedores alimenticios, lo que hubiera reducido sensiblemente su costo. No hubo licitación, solo compras directas con empresas elegidas a dedo, despertando en la opinión pública justificadas sospechas de corrupción, anulándose las contrataciones de alimentos secos por tal motivo, lo que generó considerables demoras en la entrega de esos insumos básicos para los más pobres.
Un pedido de informe requerido por una legisladora nacional advirtió acerca de una compra que efectuara el 2 de abril el PAMI de alcohol en gel, con un precio 157 % superior al que el Gobierno sugiere por este producto de primera necesidad para el combate de la pandemia del coronavirus.
A fin de dotar de elementos al personal médico, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Bs. As. compró en forma directa 16.000 barbijos Nro. 95 a $3.000 cada uno, lo que produjo una situación de alerta, por cuanto el valor pactado se encontraba por encima de los precios en los cuales se consigue el producto en tiendas virtuales de todo el mundo, además de encontrarse vencidos. La empresa que vendió los barbijos, "Green Salud", no figura en el registro de proveedores.
Al pueblo argentino, que otrora se percató de la corrupción en la obra pública, hoy le toca presenciar el rasgo más despreciable del Estado: comprar comida e insumos hospitalarios con sobreprecios en medio de una pandemia, lo que ahonda aún más la profundización de la crisis.
Resulta inadmisible el aprovechamiento político que muchos están haciendo ahora mismo de la emergencia, lucrando con el hambre y la salud del pueblo, lo que merece el más enérgico reproche legal y moral. Ello dejó al desnudo algunas cuestiones endémicas de la política argentina que han quedado expuestas con estos deslices de los últimos días. La gravedad de los episodios impone investigar profundamente toda la cadena de responsabilidades.
La transparencia
Estos incidentes vienen a poner sobre el tapete la imperiosa necesidad de que se reforme la legislación vigente, estableciendo para los delitos de malversación de caudales públicos y fraude a la administración cometidos en una situación de catástrofe- como lo es la pandemia- un sistema de agravación de la pena en forma similar al previsto para el hurto calamitoso. Asimismo, a los funcionarios públicos que incurran en aquellos ilícitos debe aplicárseles lo estatuido en el Art. 36 último apartado de la Constitución Nacional, serán considerados infames traidores a la patria, conforme Art. 29 previsto en la citada norma.
De igual modo, resulta imprescindible transparentar el uso de los recursos del Estado, diseñando un régimen de compras y contrataciones de la administración pública, que proyecte la modalidad de compra que revista carácter de "urgente" en el marco de estas situaciones de emergencia, especialmente estructurado para respetar normas de transparencia y, sobre todo, enfocado en evitar que sobrepasen los precios máximos impuestos por el Gobierno, a cargo de personal capacitado y con el debido contralor.
Ante tales hechos no podemos evitar que acuda a nuestra memoria la figura de quienes han evidenciado una conducta ética en el ejercicio de la función pública. Inmediatamente aparece la efigie del Dr. Arturo Oñativia, ilustre médico salteño, que fuera ministro de Asistencia Social y Salud Pública de la Nación durante la presidencia del Dr. Arturo Illia, conmemorándose el pasado 16 de abril los 106 años de su natalicio.
Proveniente de las huestes de la UCR fundó en 1955 el Instituto de Endocrinología de Salta (originariamente denominado Instituto del Bocio) habiendo participando en forma activa en la creación de la Universidad Nacional de Salta (1972).
Es justo que lo evoquemos en este momento, por cuanto fue el promotor de la ley nacional de medicamentos Nro. 16.462 cuyo artículo 4 establecía un novedoso sistema a fin de que el Poder Ejecutivo -en caso de urgencia o emergencia sanitaria- pueda comprar medicamentos e insumos para uso y aplicación a la medicina (1) implementándose en esta legislación penalidades para aquellos que aumenten en forma artificial el precio de los productos para uso y aplicación médica (Art. 6).
Fue un avanzado para su época al llevar a cabo una gestión ejemplar con eje en la Salud Publica, entendiendo que la misma debía integrarse a los planes de desarrollo, así, el saneamiento ambiental, la educación, la ocupación plena con salario justo y la vivienda debían ser parte de un mismo propósito, instaurando para ello el Departamento de Planificación y Evaluación de la Salud.
Promovió la descentralización ejecutiva de la Sanidad Nacional en cada distrito mediante la reorganización de las delegaciones sanitarias federales; el hospital de niños Ricardo Gutiérrez, la maternidad Ramón Sardá y el Instituto del Quemado y de Cirugía Plástica y Reparadora, poniendo énfasis en resaltar la retroalimentación existente entre pobreza y enfermedad. El hospital San Vicente de Paul en Orán (Salta) fue inaugurado durante su misión.
Interesó a los economistas en la temática sanitaria y marcó su influencia en los cambios del medio ambiente, en las tasas de crecimiento y en los índices demográficos.
- Agua potable: concibió el Plan Nacional de Estadísticas Sanitarias con el fin de analizar la información registrada en todo el territorio argentino. A través de los Centros Regionales de Investigación Nutricional buscó resolver los trastornos alimentarios propios de cada lugar. Mediante un préstamo del BID financió el Plan Nacional de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento Rural, coordinando con la Secretaría de Obras Públicas y Obras Sanitarias las acciones necesarias para que 234 localidades de siete provincias gozaran de sus beneficios, ocupándose de investigar los costos hospitalarios, elevando al Congreso un proyecto de ley de reforma en el sector, que obtuvo media sanción en enero de 1965.
- Ley de medicamentos: el Dr. Oñativia inspiró el contenido de la ley de medicamentos, la que estaba imbuida de su ideario, en tanto consideraba al medicamento como un bien social que escapa a la ley de la oferta y la demanda, estableciendo una política de precios y de control de fármacos, y receta según medicamento genérico; fijaba topes para los gastos de propaganda, imponiendo límites a la posibilidad de realizar pagos al exterior en concepto de regalías y de compra de insumos. El sector de la industria farmacéutica se sintió afectado por la medida, interponiendo múltiples obstáculos para evitar su sanción. El senador por Córdoba Mario Zinny, miembro informante del oficialismo, explicitó que el proyecto no solamente se encaminaba a bajar el costo de los medicamentos, sino también a moralizar el negocio de los fármacos. Siendo de destacar que el objetivo que se proponía el Dr. Oñativia era lograr que en su venta se alcancen precios justos, razonables y uniformes, que guarden relación con los índices de los costos reales de su producción, lo que formaba parte de una política sanitaria nacional que buscaba establecer la solución integral de la atención medica del país. Los posteriores acontecimientos inducen a pensar que esta ley de medicamentos precipitó la caída del gobierno de Illia (28/06/1966), por cuanto, una de las primeras medidas del presidente Onganía fue dejarla sin efecto, disponiendo el libre precio para los medicamentos.
El interés nacional
En enero de 1985 un grupo de diputados peronistas presentó “un proyecto tendiente a reconocer como única legislación válida para el abastecimiento y control de drogas medicinales a las leyes 16462 y 16463 aplicadas durante la gestión del funcionario radical”.
Los fundamentos del proyecto, firmado por los legisladores justicialistas Diego Ibáñez, Alberto Melón, Lorenzo Pepe y David Lezcano, hacían referencia a la vigencia de la práctica del derecho a la salud, calificando al Dr. Oñativia como “un grande de la provincia de Salta, que demostró la dimensión social de su patriotismo, con una iniciativa político-jurídica, al declarar bienes sociales a los medicamentos”, ponderando que haya infligido el más severo golpe a aquellos que, al servicio de intereses multinacionales, lucran con las carencias sanitarias de nuestro pueblo. Refiriéndose a esta ley y a las dificultades que se les presentaron, el presidente Illia fue categórico al expresar que, al analizar el problema de la salud pública relativo al precio de los medicamentos, se nombró una comisión para estudiar su calidad y otra comisión experta en costos, y luego de examinar más de 30.000 muestras, se constató que muchos de los ingredientes y de las drogas que debía contener el medicamento no las tenía, esto es, estaban fraguados, constatándose exorbitantes márgenes de utilidad. Por eso, peticionaron al Congreso que se congelara su precio.
El Dr. Oñativia resistió con hidalguía las fuertes presiones de las compañías farmacéuticas, rechazando dádivas ofrecidas por los laboratorios para que desistiera de su cometido, y que iban desde costosos autos importados hasta millonarias sumas de dinero, manifestándole a sus emisarios:
“Expréseles a sus mandantes que no hay nada que pueda comprar a este ministro. Ante ello está su moral y el respeto que tiene a su pueblo y a sus leyes”.
Merece un justo reconocimiento la honestidad y bizarría que signaron la gestión del Dr. Arturo Oñativia en el desempeño de su función y que hoy adquiere especial connotación frente a la degradante conducta humana patentizada en los comportamientos inicialmente descriptos.