Ayer por la mañana, una guardia urbana de la localidad de Pichanal impidió el ingreso y el reparto del diario El Tribuno en esa localidad del norte, atropellando un derecho constitucional: el de la libertad de prensa.
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Ayer por la mañana, una guardia urbana de la localidad de Pichanal impidió el ingreso y el reparto del diario El Tribuno en esa localidad del norte, atropellando un derecho constitucional: el de la libertad de prensa.
La cuarentena no tiene por qué estar en conflicto con la libertad de prensa, siendo que la tarea periodística, desde el minuto uno luego de las restricciones impuestas por el decreto nacional, fue declarada por el propio presidente Alberto Fernández como una actividad esencial.
La prensa en tiempos de pandemia, y así lo demuestran los hechos, ha sido un factor clave dentro de las sociedades para el control de la enfermedad. La información objetiva y seria de los medios de comunicación han marcado el camino a seguir dentro de las restricciones que impone la crisis sanitaria.
La prohibición para el ingreso del diario El Tribuno al municipio de Pichanal, hecho ocurrido en la mañana de ayer, constituye no solo un ataque a la libertad de expresión, sino lisa y llanamente un desconocimiento total de los derechos constitucionales y una subestimación al rol del periodismo en un momento como el que se vive, donde la información es una herramienta crucial para la sociedad.
Además de ello, los municipios por sí mismos no pueden arrogarse la facultad inconstitucional de prohibir la circulación por sus calles. Hubo claros intentos en todo este proceso de cuarentena, de aplicar la ley de "lo que me parece", razonando erróneamente una conducta que roza con la tiranía y el desprecio a las instituciones.
Entre ellas se cuenta la idea ya ejecutada varias veces en esta cuarentena larga, de levantar barricadas en los accesos a los pueblos, cortar los accesos, o provocar la reacción popular contra las personas enfermas de coronavirus, como se pudo ver en el municipio de Rosario de Lerma, por ejemplo, días pasados. Eso es la antesala de la anarquía. Estas actitudes negligentes no hacen más que poner en serio riesgo la estabilidad democrática y la mesura social, en un momento en el que se necesita pensar antes de actuar.
De nada sirven las disculpas a una actitud que atenta contra los derechos de las personas, sobre todo cuando estas actitudes se concretan con la prepotencia y la amenaza que otorga el poder político; un poder que procede del pueblo en tanto y en cuanto gozamos de un sistema democrático.
Ojalá que el intendente de Pichanal, Sebastián Domínguez, lo vea de esta misma manera.