El crimen de la maestra Rosa del Milagro Sulca, entre otros hechos de sangre que se vienen sucediendo desde hace un tiempo largo en la provincia, terminó por resquebrajar la relación entre la Policía de Salta y el Ministerio Público Fiscal. Las declaraciones del diputado provincial Gustavo Orozco, expolicía y quien preside la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, donde expuso a uno de los fiscales como la persona que "fugó" el audio de la víctima, se hizo eco en el edificio fiscal desde donde el procurador general, Abel Cornejo, ordenó la creación de la cuarta Unidad Fiscal de Colaboración para investigar los dichos del legislador.
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El crimen de la maestra Rosa del Milagro Sulca, entre otros hechos de sangre que se vienen sucediendo desde hace un tiempo largo en la provincia, terminó por resquebrajar la relación entre la Policía de Salta y el Ministerio Público Fiscal. Las declaraciones del diputado provincial Gustavo Orozco, expolicía y quien preside la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, donde expuso a uno de los fiscales como la persona que "fugó" el audio de la víctima, se hizo eco en el edificio fiscal desde donde el procurador general, Abel Cornejo, ordenó la creación de la cuarta Unidad Fiscal de Colaboración para investigar los dichos del legislador.
Desde un primer momento ambos organismos se encargaron de echar culpas. Desde el Ministerio Público, a través de los fiscales que actúan en el caso Sulca, decidieron apresar a los dos policías -Antonio Exequiel Sanhueso y Juan Carlos Vizgarra- que en esa trágica jornada estuvieron en la escena del crimen, además de relevar de su cargo a quienes manejaban la comisaría 4ta en Villa Mitre, donde ocurrió el crimen, e imputar al comisario mayor jefe del Centro de Coordinación Operativa, Fabián Tolaba. Mientras que desde la Policía de la Provincia y el Ministerio de Seguridad señalan que los protocolos se llevaron a cabo correctamente y fue desde la fiscalía desde donde se habría filtrado el audio donde Rosa Sulca clama por su vida.
"Al doctor Abel Cornejo evidentemente le molestó que se desnuden algunas irregularidades, lo que hacen mal sus fiscales. Se llevaron a cabo actuaciones que no fueron correctas y ahora tenemos a gente honesta, policías con experiencia detenidos por algo que no hicieron", le dijo a El Tribuno el legislador de Rosario de la Frontera, Gustavo Orozco. "Hay que saber que nadie es perfecto, desnudar las falencias que tienen no les gustó y salieron a hacer una opereta de prensa. Lo que se hizo es para hacerme quedar mal y la sociedad está ávida de la verdad", agregó.
El legislador dijo "ponerse a disposición del Ministerio Público" pero también señaló que la creación de una comisión para investigar sus dichos suena "amenazante no solo contra mi persona, sino para todos los diputados que no podrán opinar. Se está violando el principio constitucional que nos permite tener inmunidad de opinión. Encima soy el presidente de la comisión de Seguridad en la cámara, si no puedo opinar yo...". Orozco sostuvo que su opinión se sustenta "en base a informes que me dieron desde el Ministerio de Seguridad de cómo sucedieron los hechos. Creo que pecan de soberbia y tratan de cortar el hilo por lo más delgado, en este caso por la Policía".
Desde el Ministerio señalaron que "el diputado acusó a uno de los fiscales, sin nombrarlo, de "fugar" el audio del llamado al 911 en el momento en el que Rosa Sulca pide ayuda al Sistema de Emergencias y anticipó que pedirá la intervención de la comisión de Juicio Político". La nueva Unidad Fiscal la integran los fiscales penales Mónica Poma, Elisa Pérez y Leandro Flores.
No es la primera vez que un hecho -no solo de sangre- confluye en la disputa entre ambos organismo, hace algunas semanas desde el MPF la directora del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) salió a criticar a los médicos de la Policía por considerar que el CIF realiza autopsias y exámenes que no debe, dado que los médicos policiales no lo hacen. Otro de los episodios que mantuvo la tirantez tuvo que ver con en el número de consignas policiales. Desde el Ministerio de Seguridad solicitaban mermar la cantidad a víctimas de violencia de género, mientras los fiscales hicieron pública su preocupación.