El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) recomendó a las autoridades de la provincia de Salta la derogación de la Ley 8.191 (DNU 255/2020). Esta norma faculta al jefe de Policía provincial a imponer penas de arresto por un máximo de sesenta días y multas por igual término para personas encontradas en flagrante transgresión de las disposiciones dictadas en el marco de la emergencia sanitaria, sin intervención judicial ni garantías de acceso a una defensa técnica apelable sin efecto suspensivo.
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El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) recomendó a las autoridades de la provincia de Salta la derogación de la Ley 8.191 (DNU 255/2020). Esta norma faculta al jefe de Policía provincial a imponer penas de arresto por un máximo de sesenta días y multas por igual término para personas encontradas en flagrante transgresión de las disposiciones dictadas en el marco de la emergencia sanitaria, sin intervención judicial ni garantías de acceso a una defensa técnica apelable sin efecto suspensivo.
En su resolución N§ 17/20, notificada a las autoridades provinciales, el Comité afirmó que esta ley se encuentra en clara contradicción con las reglas del debido proceso legal, las garantías mínimas reconocidas en materia de derechos humanos y no se adecua a los estándares internacionales de prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
"Aun cuando los derechos de circulación y de libertad personal se encuentran entre aquellos pasibles de ser suspendidos de manera temporal durante situaciones de excepción y el Estado puede establecer medidas que tengan derivaciones de índole sancionatorio para quienes las incumplan", el CNPT recuerda que "los sistemas internacionales de protección de derechos humanos no permiten suspender garantías esenciales ni afectar derechos determinados".
La Secretaría de Derechos Humanos de Nación, a cargo de Horacio Pietragalla, presentó un hábeas corpus colectivo y preventivo a raíz de “numerosas denuncias” recibidas por casos de violencia institucional en Salta. La Secretaría explicó que “la solicitud fue impulsada como consecuencia de las numerosas denuncias recibidas por la Secretaría de Derechos Humanos desde el comienzo del aislamiento social, preventivo y obligatorio”.
En el escrito enviado señalan que "las restricciones excepcionales deben ser previstas por una ley que no comprometa la esencia del derecho, utilice criterios precisos, no confiera discrecionalidad a las personas encargadas de su aplicación, se ajuste al principio de proporcionalidad, sea compatible con otros derechos y con los principios fundamentales de igualdad y no discriminación".
"Es para destacar que, en referencia expresa a la COVID-19, los organismos internacionales de protección de los derechos humanos han puesto especial énfasis en el límite que los Estados tienen para restringir derechos y garantías de las personas. En este sentido, se destaca la comunicación conjunta de expertos de la ONU indicando que los Estados no deben abusar de las medidas de emergencia", señaló el texto.