Hace 26 años, el 18 de julio de 1994, un coche- bomba explotó frente al edificio de la AMIA, una de las organizaciones más emblemáticas de la comunidad judía argentina. La explosión enterró y mató a 85 personas y dejó cientos de heridos. Se trató del peor atentado terrorista en la historia no solamente de la Argentina sino de la región. Pero tristemente, ninguno de los sospechosos de haber planeado y perpetrado este crimen ha debido enfrentar a la Justicia.
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Hace 26 años, el 18 de julio de 1994, un coche- bomba explotó frente al edificio de la AMIA, una de las organizaciones más emblemáticas de la comunidad judía argentina. La explosión enterró y mató a 85 personas y dejó cientos de heridos. Se trató del peor atentado terrorista en la historia no solamente de la Argentina sino de la región. Pero tristemente, ninguno de los sospechosos de haber planeado y perpetrado este crimen ha debido enfrentar a la Justicia.
La investigación inicial estuvo plagada de incompetencia y corrupción, lo que hizo que en el año 2004 deba anularse todo lo actuado. Recién en 2005, cuando el fiscal Alberto Nisman fue designado como fiscal principal de la causa, se pudo avanzar.
Nisman concluyó que el ataque fue planeado por el régimen iraní, y perpetrado por agentes de la organización terrorista chiíta libanesa Hezbollah que operaban en la región. Así fue como en 2007 logró que Interpol emitiera órdenes de arresto internacional (conocidas como "circulares rojas") en contra de cinco iraníes: el entonces ministro de Inteligencia de Irán Alli Fallahian; el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria Islámica Moshen Rezai; el comandante de la Unidad Especial conocida como "Quds" Ahmad Vahidi; el agregado cultural de la Embajada iraní en Buenos Aires Moshen Rabbani, y el tercer secretario de la Embajada Ahmad Reza Ashgari. Una sexta circular roja recayó en el libanés (y miembro de Hezbollah) Imad Fayez Moughnieh. En 2009, Nisman logró que otro miembro de Hezbollah, Samuel Salman El Reda, sea incluido en las alertas rojas.
En 2013, la sociedad argentina fue sorprendida con la noticia de que el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner había firmado un "pacto" con el régimen iraní, para investigar "conjuntamente" la causa AMIA. La sola idea de este pacto sonaba absurda.
La explicación del Gobierno fue que la causa estaba "paralizada" y que había que hacer algo para poder avanzar. Esto no convenció al fiscal de la causa, quien lo consideró un delito (el delito penal de encubrimiento). Así, en 2015 Nisman acusó a la presidenta Fernández de Kirchner, a su canciller Héctor Timerman y a otras personas involucradas en la negociación de este pacto, de haber firmado este acuerdo con la finalidad de otorgar impunidad a los acusados, a cambio de ciertos beneficios económicos o comerciales, y a expensas de las víctimas de este terrible acto criminal.
Pocos días después, el fiscal fue hallado muerto en su departamento de Puerto Madero, con un tiro en la cabeza. Han pasado cinco años y aún no sabemos quién asesinó al fiscal, el que se convirtió en la víctima 86 del atentado a la AMIA.
El pacto con Irán fue subsecuentemente declarado inconstitucional en Argentina. Pero los iraníes todavía están tratando de lograr que caigan las alertas rojas de interpol en contra de los acusados, y citan el pacto firmado con el gobierno de Cristina Kirchner como prueba de que Argentina consintió esto, lo que demuestra claramente cuál fue la finalidad de este nefasto acuerdo.
Dos años antes de que se hiciera público el acuerdo con Irán, el periodista Pepe Eliaschev había publicado un artículo en la revista Perfil, en el que aseguraba que la Argentina negociaba con los iraníes para dejar atrás la causa AMIA. Él aseguró que con ese fin hubo una reunión secreta en la ciudad de Alepo en Siria, en enero de 2011, entre el entonces canciller Héctor Timerman con su par sirio y con el presidente Bashar Al-Assad.
Casi nadie le creyó, ni siquiera el fiscal Nisman. Lamentablemente, la firma de este pacto confirmó que lo que había denunciado Eliaschev era cierto.
Cuando el acuerdo con Irán se hizo público, el actual presidente de la Nación, Alberto Fernández, lo condenó duramente, alegando que este pacto solo buscó encubrir a los acusados iraníes. Lo hizo en un artículo que lleva su firma publicado en el diario La Nación el 16 de febrero de 2015. Hoy, en un giro de 180 grados, alega exactamente lo contrario.
La causa AMIA y la muerte de Nisman son dos grandes heridas que no han podido sanar en la Argentina. Se trata de causas emblemáticas por su gran envergadura, que reflejan el problema endémico que existe en nuestro sistema judicial y en nuestras instituciones. Duele mirarnos en ese espejo, pero si no lo hacemos, corremos el peligro de no poder salvar a nuestro país de la trampa de corrupción e inmoralidad en la que está por lo menos parcialmente sumergido.
(*) Miembro de B'nai B'rith (Asesora especial para Asuntos Latinoamericanos y de las Naciones Unidas).