Oportunismo y descontrol

El escándalo de los políticos que solicitaron el pago del Ingreso Familiar de Emergencia no requiere adjetivos. Por sí solo muestra lo más crudo de una realidad argentina que parece oculta tras los mensajes por redes, las polémicas de baja calidad y de las miradas mesiánicas o maniqueas que ponen el sello a nuestro “debate democrático”. La información queda siempre sepultada en esa vorágine que algunos llaman “la grieta”, pero que no es más que una metodología del encubrimiento. 

En los ríos revueltos siempre hay pescadores. La cuarentena y la pandemia son un “río revuelto” que afecta a un país endeudado, con déficit agobiante, una sociedad empobrecida y con una cultura política en la que la dependencia del Estado de miles de personas instala el “clientelismo”, que así reemplaza a la “voluntad del ciudadano”. 

El caso más elocuente es el del titular de una de las delegaciones de la Anses Salta, Marcos Vera. Esta persona, que administra un organismo de semejante envergadura, explicó que solicitó el beneficio antes de que lo nombraran en el cargo. Por la noche dijo que se trataba de “un tutorial”. Y con ese argumento ¿Convencerá a la fiscal? En octubre, él fue uno de los candidatos a diputados nacionales del Frente de Todos. Su inscripción “ficticia” data de marzo y su designación si bien lo explica, de mayo. Quien hace un tutorial para informar al pueblo, ¿no toma la precaución de invalidarlo? Sus compañeros de ruta no se solidarizaron con él. El diputado Juan Ameri, se ocupó de aclarar que “no es del Frente de Todos, sino de La Cámpora”. 

La Anses maneja el tercer presupuesto del país, después del nacional y el de la Provincia de Buenos Aires. ¿Así la administran?

Pero esto no es una cuestión de camisetas políticas. Las denuncias implican a 51 funcionarios y concejales, donde probablemente aparecerán oportunistas sin ideología que medran con la necesidad. 

Pero detrás del escándalo se insinúa un sistema descontrolado. Según informaciones oficiales, en Salta 322.416 personas reciben el IFE. Es una cifra que triplica el número de empleados registrados en el sector privado de la provincia. Según el Ministerio de Trabajo de la Nación, en Salta había 118.000 empleados. Y en abril, 10.000 menos. 

Según la misma Anses, el Ingreso Familiar de Emergencia lo cobran los beneficiarios siempre y cuando “el titular o su grupo familiar no tenga ingresos provenientes de un trabajo en relación de dependencia en el sector público o privado”. El IFE es compatible solamente con el cobro de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y el programa Progresar. Concejales y funcionarios, claro, están excluidos.

Todo indica que en muchos hogares entran varios IFE. ¿Es lo que estaba previsto? ¿Satisface necesidades reales?

Según las proyecciones actuales, en Salta viven menos de 1.450.000 personas. Es decir, más del 20% de los habitantes recibe el IFE, que comparte con su familia a cargo. 

Y el otro dato, pero del Censo 2010, señala que hace diez años había en la provincia en total 299.794 hogares, de los cuales la mitad tenía las necesidades básicas (parcial o totalmente) insatisfechas.

Toda política pública (un término que suena a música en la narrativa política actual) requiere un sistema de precisión en su implementación, mecanismos serios de control y previsiones de evaluación. 

¿Los tiene la Anses?

Es evidente que son demasiadas las hendijas que deja esta improvisada política (el tiempo dirá si acertada o no) que, según estimaciones privadas nunca desmentidas, se sostiene con una emisión monetaria histórica, superior a los $1,2 billones y que se proyecta para 2020 en unos 2,5 billones: US$ 34.799.700.000, al cambio de ayer.

La emergencia suele ser buen pretexto para justificar la improvisación. Pero más allá de algunos inescrupulosos, semejante cantidad de IFE de una pobreza agobiante, que requiere dirigencia seria. 
Una crisis ante cuyos números los sermones de la grieta pierden sentido. 

 

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