En primer lugar, más allá de las discrepancias o coincidencias que podamos tener, creo en la buena voluntad del Presidente, ya que es loable el propósito de mejorar la administración de justicia. Es imprescindible que, antes del tratamiento parlamentario en el recinto, se analice, se debata y se escuche a los colegios de abogados y de magistrados, y a las autoridades académicas. No sería recomendable una reforma definida solamente por un círculo político. La injerencia del poder político en el ámbito de la Justicia es el resultado de falencias humanas, de fragilidades de funcionarios y magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público.
Al crearse nuevos juzgados y fiscalías, donde había secretarías, esto supone costos presupuestarios que aún no están estimados, al menos hasta donde sabemos. El aumento de estructura no garantiza mejor funcionamiento; eso lo prueba la comparación con muchos otros países del mundo.
Pero también hay otros aspectos que no deben descuidarse: es esencial contemplar que las fallas de la administración de justicia obedecen a la formación y la selección de los jueces. Por esto, es imprescindible tener en cuenta el peso de la política en el Consejo de la Magistratura; la sobrerrepresen- tación de los poderes políticos en ese Consejo, que administra los concursos y la conformación de ternas, conspira contra la independencia a la Justicia.
Habrá que verificar, también, la constitucionalidad de la transformación, a través de una ley, de los jueces nacionales (jueces ordinarios de la CABA) en jueces federales, ya que las competencias son distintas y son distintos, también, los concursos que han ganado.
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En primer lugar, más allá de las discrepancias o coincidencias que podamos tener, creo en la buena voluntad del Presidente, ya que es loable el propósito de mejorar la administración de justicia. Es imprescindible que, antes del tratamiento parlamentario en el recinto, se analice, se debata y se escuche a los colegios de abogados y de magistrados, y a las autoridades académicas. No sería recomendable una reforma definida solamente por un círculo político. La injerencia del poder político en el ámbito de la Justicia es el resultado de falencias humanas, de fragilidades de funcionarios y magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público.
Al crearse nuevos juzgados y fiscalías, donde había secretarías, esto supone costos presupuestarios que aún no están estimados, al menos hasta donde sabemos. El aumento de estructura no garantiza mejor funcionamiento; eso lo prueba la comparación con muchos otros países del mundo.
Pero también hay otros aspectos que no deben descuidarse: es esencial contemplar que las fallas de la administración de justicia obedecen a la formación y la selección de los jueces. Por esto, es imprescindible tener en cuenta el peso de la política en el Consejo de la Magistratura; la sobrerrepresen- tación de los poderes políticos en ese Consejo, que administra los concursos y la conformación de ternas, conspira contra la independencia a la Justicia.
Habrá que verificar, también, la constitucionalidad de la transformación, a través de una ley, de los jueces nacionales (jueces ordinarios de la CABA) en jueces federales, ya que las competencias son distintas y son distintos, también, los concursos que han ganado.