En el dictamen de la reforma judicial que la próxima semana tratará el Senado de la Nación, el kirchnerismo incluyó una controvertida cláusula que obliga a los jueces a denunciar las supuestas presiones “de los poderes mediáticos” que reciban en el ejercicio de sus funciones. La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) se pronunció al respecto y repudió la propuesta del oficialista Oscar Parrilli.
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En el dictamen de la reforma judicial que la próxima semana tratará el Senado de la Nación, el kirchnerismo incluyó una controvertida cláusula que obliga a los jueces a denunciar las supuestas presiones “de los poderes mediáticos” que reciban en el ejercicio de sus funciones. La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) se pronunció al respecto y repudió la propuesta del oficialista Oscar Parrilli.
“Días atrás, Adepa sostuvo que ‘combatir a la prensa no ayuda a mejorar la Justicia’. Lo hizo al difundirse una propuesta para incluir en el proyecto de reforma judicial una cláusula con el indisimulable fin de favorecer la autocensura, inhibir el escrutinio periodístico y debilitar un debate público vigoroso sobre cuestiones de interés institucional, como son la administración de Justicia y el funcionamiento de uno de los poderes del Estado”.
“Ante el dictamen favorable a esa iniciativa aprobado por los senadores oficialistas, Adepa lamenta profundamente que ese cuerpo haya desoído las fundamentadas críticas y objeciones constitucionales formuladas. Alertábamos allí sobre los riesgos de intentar imponer normas arbitrarias y sin antecedentes en el mundo, que terminen desalentando el pleno ejercicio de la libertad de expresión”, indicó la Asociación.
“Hay un asalto a la Justicia y se pretende imponer una limitación a la libertad de expresión”, Mario Negri (diputado nacional).
Cabe destacar que Parrilli formuló su propuesta el 4 de agosto, durante la primera audiencia de debate de la reforma judicial en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia del Senado. Ese día expuso la ministra de Justicia, Marcela Losardo.
“Acá es necesario hablar explícitamente de los poderes mediáticos, porque hemos visto cómo en los medios de comunicación salían a alentar y a escrachar a distintos funcionarios del Poder Judicial porque no hacían lo que esos medios pretendían con determinada causa”, afirmó el exjefe de la AFI de Cristina.
Adepa sostuvo que “la repudiable incorporación de la insólita figura de ‘presiones mediáticas’ en un dictamen que se refiere a la organización interna del Poder Judicial no deja dudas respecto de la intención de limitar, ensuciar o entorpecer la investigación y la opinión periodísticas sobre casos de interés público que se debatan en el ámbito judicial, casos que muchas veces el periodismo ha contribuido a revelar, ya que es una de sus funciones en la democracia. Más aún, la incorporación sorpresiva de esta cláusula parece responder a un objetivo de represalia ante el trabajo de la prensa en casos de corrupción en los últimos años”.
“Adepa ha sostenido invariablemente que a la prensa no le corresponden fueros ni tratamientos especiales. Simplemente el cumplimiento de las normas de la Constitución Nacional y los tratados internacionales sobre derechos humanos, que protegen de manera estratégica la libertad de pensamiento, expresión e información y prohíben toda forma de censura previa, directa o indirecta”.
“‘Creo que volvieron peores porque ahora tienen una bandera de venganza y de odio”, Mario Negri (diputado nacional) .
“Quieren impunidad para ellos”
El senador nacional del Frente de Todos Oscar Parrilli defendió ayer el inciso que establece que los jueces deben comunicar al Consejo de la Magistratura sobre “presiones” de “poderes mediáticos” y afirmó que las críticas en contra son de medios de comunicación que “quieren impunidad para ellos” y “seguir con la cloaca que les fue útil”.
“Hay un refrán que dice ‘pegale al chancho que aparece el dueño’. Eso es lo que está ocurriendo. ¿Alguien duda de que hay presión mediática sobre jueces, funcionarios, políticos? Nadie. Ellos quieren que sea una buena acción tener el derecho de presionar jueces”, sostuvo el referente kirchnerista.
El legislador oficialista afirmó que con el inciso E del artículo 72 del reformado proyecto de reforma judicial “lo único que cambia es que los jueces van a tener que informar” si reciben “cualquier intento de influencia en sus decisiones”.
La función
Adepa recordó que “uno de los papeles constitucionales de la prensa en la democracia es, justamente, ejercer -por delegación ciudadana y a través de sus distintas voces, representativas de diversos sectores de la sociedad- su función de auditoría frente a los poderes del Estado, incluyendo obviamente el Judicial”.
A CONTINUACIÓN, EL COMUNICADO DE ADEPA
Una repudiable figura que lleva a oscurecer la administración de justicia
Hace sólo quince días, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) sostuvo que «combatir a la prensa no ayuda a mejorar la justicia». Lo hizo al difundirse una propuesta para incluir en el proyecto de reforma judicial una cláusula con el indisimulable fin de favorecer la autocensura, inhibir el escrutinio periodístico y debilitar un debate público vigoroso sobre cuestiones de interés institucional, como son la administración de Justicia y el funcionamiento de uno de los poderes del Estado.
Ante el dictamen favorable a esa iniciativa aprobado por los senadores oficialistas, Adepa lamenta profundamente que ese cuerpo haya desoído las fundamentadas críticas y objeciones constitucionales formuladas. Alertábamos allí sobre los riesgos de intentar imponer normas arbitrarias y sin antecedentes en el mundo, que terminen desalentando el pleno ejercicio de la libertad de expresión.
La repudiable incorporación de la insólita figura de «presiones mediáticas» en un dictamen que se refiere a la organización interna del Poder Judicial no deja dudas respecto de la intención de limitar, ensuciar o entorpecer la investigación y la opinión periodísticas sobre casos de interés público que se debatan en el ámbito judicial, casos que muchas veces el periodismo ha contribuido a revelar, ya que es una de sus funciones en la democracia. Más aún, la incorporación sorpresiva de esta cláusula parece responder a un objetivo de represalia ante el trabajo de la prensa en casos de corrupción en los últimos años.
Adepa ha sostenido invariablemente que a la prensa no le corresponden fueros ni tratamientos especiales. Simplemente el cumplimiento de las normas de la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, que protegen de manera estratégica la libertad de pensamiento, expresión e información y prohíben toda forma de censura previa, directa o indirecta.
Cualquier responsabilidad de la prensa por su actuación siempre será ulterior y sometida a las reglas del debido proceso. Por eso, la incorporación de esta figura ambigua y superflua, que sólo se verificaría con una denuncia ex ante, subjetiva, sin pruebas, genérica, innecesaria e intimidatoria, altera gravemente la garantía de la libertad de expresión en nuestro país.
Como sostuvimos el 6 de agosto, uno de los papeles constitucionales de la prensa en la democracia es, justamente, ejercer -por delegación ciudadana y a través de sus distintas voces, representativas de diversos sectores de la sociedad- su función de auditoría frente a los poderes del Estado, incluyendo obviamente el judicial.
Establecer inhibiciones revestidas de giros grandilocuentes, pero que en definitiva buscan acallar esas voces, lejos de permitir un debate abierto y vigoroso que mejore y transparente la administración de Justicia, contribuirá a hacerla más opaca, más presionable, menos efectiva y menos cercana a la ciudadanía.
Adepa exhorta a los senadores de la Nación a que reflexionen sobre la gravedad institucional de una medida destinada, en definitiva, al silenciamiento de la libertad de expresión. Y se compromete, entretanto, a transmitir también a los diputados, sin distinción de banderías, su preocupación por la situación que se ha abierto, incompatible con los compromisos asumidos por la Argentina en el plano internacional de defender la libertad de expresión y de prensa.