Pasa en Salta y en el país. El aumento de los hechos de violencia delictiva y, llamativamente, los de violencia institucional, muestran una preocupación dominante. Y eso es lo que registraron las encuestadoras D’Alessio - Irol - Berenstein, y Ricardo Rouvier. A nivel nacional, la inseguridad es la mayor inquietud de la gente en esta cuarentena, por encima de la pandemia y la inflación.
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Pasa en Salta y en el país. El aumento de los hechos de violencia delictiva y, llamativamente, los de violencia institucional, muestran una preocupación dominante. Y eso es lo que registraron las encuestadoras D’Alessio - Irol - Berenstein, y Ricardo Rouvier. A nivel nacional, la inseguridad es la mayor inquietud de la gente en esta cuarentena, por encima de la pandemia y la inflación.
El término “inseguridad”, en estos casos, se refiere al auge del delito violento. Luego de unos primeros meses de cuarentena con menos robos, a partir de junio se nota un incremento llamativo. Los expertos lo atribuyen, entre otras cosas, que el fantasma del corralito hizo que mucha gente retirara sus dólares para ponerlos bajo el colchón. Y los ladrones lo saben. Pero la inseguridad frente al delito se alimenta por las ambigüedades de las autoridades que se repiten paso a paso. Las ambigüedades se multiplicaron cuando el gobierno de Axel Kicillof resolvió mandar a su casa -para protegerlos del coronavirus- a centenares de delincuentes. Uno de estos “liberados” participó del brutal asalto en banda a un jubilado de Quilmes que terminó matando a uno de ellos. Un sector del oficialismo intentó culpar a la víctima, el jubilado. Denuncias posteriores terminaron salpicando al gobierno municipal local.
Lo que ocurre es que historias como esta se repiten día a día en el país, y en Buenos Aires.
En Salta, que es un paraíso al lado de Rosario de Santa Fe y del conurbano, son perceptibles dos sentimientos dominantes: miedo a los delincuentes y a la violencia institucional. El fenómeno es nacional, y la pugna entre el pragmático secretario bonaerense Sergio Berni y la antropóloga a cargo de la cartera nacional, Sabina Frederic muestra una controversia que aumenta las dudas de la gente.
</SUBTITULO>Gatillo fácil
El ideologismo no contribuye.
En junio, al menos 18 personas murieron en enfrentamientos con la policía bonaerense. ¿Podría decirse que Kicillof tuvo 18 casos Chocobar en un mes? Sería una chicana, o no tanto. El caso del policía que mató a un asaltante que había apuñalado a un turista sirvió para que Cambiemos lo absolviera y para que el kirchnerismo instalara el hecho como doctrina.
Con una imprudencia poco comprensible, la ministra Frederic ha resuelto en plena pandemia reflotar el Caso Maldonado para atacar al gobierno anterior. Y lo hace al unísono con la búsqueda de Facundo Astudillo Castro, desparecido hace tres meses en el sur de la provincia de Buenos Aires.
Santiago Maldonado murió ahogado en un río de Chubut después de apedrearse con gendarmes. ¿Puede creer alguien que esa es una prioridad para las víctimas de la inseguridad?
El caso de Astudillo se parece mucho, hasta ahora, con la mayoría de los casos de aparente exceso de violencia de la Bonaerense en la cuarentena.
La irresponsabilidad
Las ambigüedades nacen de la irresponsabilidad política. La violencia delictiva no es un invento de la prensa. La gente tiene percepción de la inseguridad porque los robos se multiplican en los barrios populosos, al mismo tiempo que la policía no brinda garantías.
Intendentes y gobernadores reclaman la presencia de gendarmes, prefectos y policías federales, y gestionan constantemente - aunque algunos no lo reconozcan porque es políticamente incorrecto - el despliegue de efectivos del Ejército en los barrios.
Sacarse fotos en la entrega de patrulleros y anunciar la incorporación de miles de agentes no garantiza la formación profesional, la eficiencia del servicio ni, tampoco, la eliminación de complicidades entre políticos, policías y delincuentes.
La inseguridad en nuestro país existe, es grave y está focalizada en determinados espacios. Así y todo, la presencia del crimen organizado está muy lejos (todavía) de las tragedias sociales de Brasil, México, Venezuela o Colombia. Pero se puede profundizar. De hecho, desde 1989 a la fecha, el crimen se cuadruplicó en el país.
La pos cuarentena genera inquietudes. “Hay indicaciones (...) de que hay un crecimiento importante no solamente marginal, sino realmente importante en actividad delictiva‘, dijo a EFE el experto de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, Marcelo Bergman. El especialista en Seguridad Eugenio Burzaco, recomendó no “sobrealarmarse”, pero recordó que después de la crisis de 2001, la Argentina registró sus peores niveles de homicidios.
El viernes, en una reunión con diputados destinada a debatir la violencia, especialmente, institucional, la ministra Sabina Frederic, y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, reconocieron que hubo un notable aumento de denuncias que involucran a fuerzas de seguridad desde que comenzó la pandemia.
Pietragalla precisó que hasta el 20 de marzo se registraron 71 denuncias de casos de violencia institucional y que en los cuatro primeros meses de cuarentena llegó a los 531 casos, (casi ocho veces) que incluyen hostigamiento, lesiones, amenazas, detenciones arbitrarias y 25 muertos. A pesar de la gravedad de lo que él mismo estaba diciendo, el funcionario no encontró mejor cosa que acicatear a los diputados de la oposición.
Frederic, a su vez, negó haber dicho que la inseguridad era una sensación. Los responsables del área siempre buscan en los medios el chivo expiatorio. Dijo que el delito aumentó y que tergiversaron su declaración.
La inseguridad parece un problema insoluble. Probablemente, porque los ideólogos, los punteros y los improvisados influyen demasiado. Y los expertos, que no sobran, quedan fuera de los lugares de decisión.