La cuestión Malvinas ha recuperado la dimensión que merece como política de Estado central de la República Argentina alineada con los principios anticolonialistas de las Naciones Unidas (ONU).
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La cuestión Malvinas ha recuperado la dimensión que merece como política de Estado central de la República Argentina alineada con los principios anticolonialistas de las Naciones Unidas (ONU).
Al nacer la ONU, hace 75 años, unas 750 millones de personas, casi un tercio de la población mundial, aún vivían en territorios que dependían de potencias coloniales. Pero con el respaldo de las dos grandes potencias de posguerra, Estados Unidos y la Unión Soviética, la ONU comenzó a establecer un marco jurídico para poner fin a este flagelo.
De hecho, para el presidente Franklin D. Roosevelt (EEUU) ganar la guerra significaría un nuevo orden mundial post-imperial. "No puedo creer que podamos luchar una guerra contra la esclavitud fascista, y al mismo tiempo no trabajar para liberar a la gente de todo el mundo de una política colonial atrasada", le comentó al británico Winston Churchill antes de firmar la Carta del Atlántico (1941).
Pero todavía hoy, en pleno siglo XXI, aún quedan 17 territorios no autónomos bajo el proceso de descolonización de las Naciones Unidas, donde las potencias administradoras tienen la obligación internacional de poner fin rápida e incondicionalmente a esa situación colonial de conformidad al derecho internacional.
El colonialismo es un problema para la humanidad en su conjunto, una situación de injusticia contra la cual el pueblo argentino luchó y sigue luchando desde el momento mismo de su nacimiento como nación en 1810.
Los 204 años de vida independiente fueron celebrados en casi todo el país el pasado 9 de julio. Casi todo, porque hace 187 años hay una parte de nuestro territorio en la que los argentinos siguen sin romper totalmente las cadenas coloniales.
Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, territorios argentinos bajo ocupación colonial, son hoy una rémora imperialista que sostiene la intransigencia recalcitrante del Reino Unido. Sin respetar sus obligaciones internacionales, Londres incumple las resoluciones de las Naciones Unidas que instan a la solución de la disputa de soberanía como modo de poner fin a este caso especial y particular de descolonización.
Para evitar negociar con Argentina, como indica la comunidad internacional en su conjunto, el Reino Unido intenta echar mano a cualquier herramienta. Incluso incurriendo en bochornosas contradicciones, como se comprobó en los argumentos esgrimidos por Londres ante la Corte Internacional de Justicia en la Opinión Consultiva sobre el Archipiélago de Chagos.
Las competencias de la Asamblea General en materia de descolonización son centrales. Es ella, y no la potencia colonial, la que debe observar la aplicación del derecho de libre determinación, función que le otorga la Carta de las Naciones Unidas.
También corresponde a la Asamblea pronunciarse y supervisar las modalidades de descolonización de un territorio y es el Comité de Descolonización el órgano encargado de monitorear los mecanismos para que un territorio sea descolonizado. En la Cuestión Malvinas esto se debe alcanzar por medio de la solución de la disputa de soberanía entre las únicas partes de la controversia teniendo en cuenta los intereses de la población de las islas.
Desde diciembre de 2019, la Argentina ha vuelto a encauzar y colocar a la cuestión Malvinas, uno de los asuntos de política exterior más antiguos e importante de nuestro país, en el tope de las prioridades internacionales de la Argentina.
Claros ejemplos de ello son la elevación al rango de Secretaría del área de la Cancillería encargada de Malvinas, a cargo del embajador Daniel Filmus, así como los contundentes mensajes del presidente Alberto Fernández ante el Congreso de la Nación, y del canciller Felipe Solá al enviar al Congreso tres proyectos de ley para fortalecer nuestra posición jurídica y buscar los consensos necesarios para establecer una política de Estado sobre la Cuestión Malvinas, de una vez y para siempre.
Dos de los mentados proyectos ya cuentan con sanción del Congreso, la cual fue lograda por unanimidad de todas las fuerzas políticas tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, configurando un hito histórico. El primero de ellos crea el Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, a efectos de contribuir a generar los consensos políticos y sociales. El segundo, se refiere al establecimiento de los límites exteriores definitivos de la plataforma continental argentina más allá de las 200 millas. La recuperación del ejercicio efectivo de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes es un mandato constitucional. Desde ya, no de cualquier forma, ni a cualquier costo. El camino es el de la paz, el diálogo y el derecho internacional. Con firmeza y defendiendo nuestra posición, sin necesidad de preocuparse por agradar a la contraparte, lo que ha probado favorecer su ocupación ilegítima. Aquí, el único "obstáculo" a remover, es la disputa de soberanía.