El fiscal penal Pablo Paz, ordenó las primeras medidas tendientes a esclarecer las amenazas que habría recibido el gobernador Gustavo Sáenz. Es que este domingo, durante el mensaje emitido por las redes sociales del Gobierno de Salta, el mandatario afirmó que fue amenazado.
“He recibido amenazas, de todo tipo. Lamentablemente, detrás un teléfono privado o detrás de las redes sociales se esconden los miserables, los que no se animan a dar la cara, los que no se animan a decir las cosas de frente. No me van a amedrentar, no me van a asustar”, afirmó el gobernador salteño.
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El fiscal penal Pablo Paz, ordenó las primeras medidas tendientes a esclarecer las amenazas que habría recibido el gobernador Gustavo Sáenz. Es que este domingo, durante el mensaje emitido por las redes sociales del Gobierno de Salta, el mandatario afirmó que fue amenazado.
“He recibido amenazas, de todo tipo. Lamentablemente, detrás un teléfono privado o detrás de las redes sociales se esconden los miserables, los que no se animan a dar la cara, los que no se animan a decir las cosas de frente. No me van a amedrentar, no me van a asustar”, afirmó el gobernador salteño.
Mensaje
Lo hizo durante el mensaje en el que anunció medidas vinculadas con el aislamiento social preventivo y obligatorio, que rigen desde este lunes y hasta el 11 de octubre inclusive -en los términos de los artículos 3º y 11 del DNU Nº 754/2020-, para los departamentos de General José de San Martín, Cerrillos, Rosario de Lerma, General Güemes, La Caldera, Orán y Capital. El resto de los departamentos de la provincia continuarán con el distanciamiento social, preventivo y obligatorio ante el crecimiento de los contagios de coronavirus.
Las penas
Desde el Ministerio Público Fiscal señalaron que el delito de amenazas tiene lugar cuando una persona informa a otra acerca de su intención de generarle algún mal.
Está previsto en el artículo 149 bis primer párrafo del Código Penal Argentino, el cual asigna una pena de prisión de seis meses a dos años para quien impartiere amenazas con el fin de alarmar o amedrentar a una o más personas.
La pena se elevará (de uno a tres años de prisión) siempre que se utilizaren armas para cometer este delito, o si las amenazas realizadas fueran anónimas.