Guerrilla y narcos en Paraguay

Quiso el azar que el enfrentamiento entre efectivos de seguridad con un grupo de militantes del Ejército Popular Paraguayo (EPP), que conllevó la muerte de dos niñas de 11 años de edad de nacionalidad argentina, y el secuestro por ese grupo guerrillero del exvicepresidente Oscar Denis coincidieran en el tiempo con la aprobación parlamentario de un controvertido proyecto de ley que autoriza el cultivo de la marihuana con fines medicinales, cuya legalización era reclamada por varias organizaciones campesinas.

 

Accidentalmente, la atención de la prensa de Asunción quedó concentrada en dos cuestiones que algunos organismos de inteligencia estiman conectadas: la problemática de las drogas, incentivada por la creciente presencia en territorio paraguayo de células operativas de los dos principales carteles brasileños del narcotráfico, el Primer Comando Capital (PCC), con asiento en San Pablo, y el Comando Vermelho, aposentado en Río de Janeiro, y la acción desplegada por un grupo guerrillero al que los servicios de inteligencia atribuyen conexiones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC).

El espejo colombiano

Esta analogía con la experiencia colombiana no es caprichosa.

A semejanza de Pablo Escobar, quien dirigía sus operaciones desde una cárcel de Medellín transformada en el cuartel general de su organización, el PCC y el Comando Vermelho también tienen sus respectivas sedes centrales en las cárceles brasileñas, donde reclutan a los presidarios ofreciéndoles ayuda económica y protección para sus familias.

El EPP, cuyos cuadros más activos recibieron entrenamiento militar de las FARC, imita a sus congéneres colombianos en su relación con los carteles del narcotráfico, a los que brindan apoyo logístico y cobertura. Cabe agregar que el gobierno de Asunción no oculta su preocupación por el hecho de que los miembros del PCC capturados en Paraguay hayan reiterado esa estrategia de reclutamiento de reclusos en los establecimientos carcelarios locales, que en algunos casos son virtualmente controlados por los presidiarios.

En este contexto, el secuestro de Denis y la discusión de la ley sobre legalización del cultivo de marihuana para uso medicinal focalizaron nuevamente la atención internacional en Paraguay como un centro neurálgico del narcotráfico en el Mercosur.

Los organismos de seguridad y de inteligencia de Brasil y Argentina, más la DEA estadounidense, refuerzan su cooperación con las autoridades paraguayas para contener una expansión cuyo ritmo adquiere creciente peligrosidad.

Narcoguerrilla en acción

El EPP dista de ser un fenómeno reciente, es el resultado de una larga historia de lucha iniciada en 1992 con el nacimiento de "Patria Libre", una organización ultraizquierdista surgida tras la caída del gobierno de Alfredo Stroessner, derrocado por un golpe militar en 1989. Sus dos principales fundadores, Juan Arrom y Anuncio Martí, están prófugos de la justicia paraguaya asilados en Finlandia. Desde 2001, el grupo decidió emplear, sin declararlo públicamente, la metodología de los secuestros extorsivos para financiar su actividad partidaria y sus campañas electorales. Ese año, secuestró a una importante empresaria por cuya liberación exigió y obtuvo un millón de dólares. Una de sus acciones más resonantes fue en 2004, el secuestro de Cecilia Cubas, hija del expresidente Raúl Cubas, quien terminó asesinada a pesar de haber sido pagado un rescate de 300.000 dólares solicitado por sus captores.

En 2008, la organización experimentó una ruptura patentizada en el surgimiento del EPP, cuyos dos máximos jefes, Carmen Villalba y su esposo Alcides Oviedo, están actualmente presos con condenas de más de veinte años. En un video, el EPP se define como "una organización guerrillera marxista leninista con los ideales del padre de nuestra patria, el Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia, y el Mariscal Francisco Solano López", las dos grandes figuras históricas del nacionalismo paraguayo.

La proclama caracteriza al grupo como "un movimiento revolucionario de los pobres para huir de los atropellos y asesinatos de los matones ganaderos y las fuerzas represivas del Estado" y explica que "la miseria y el olvido han llevado a parte del movimiento popular a hacerse escuchar y defender sus intereses de clase con las armas".

En su vida cotidiana, los milicianos del EPP circulan como campesinos comunes y corrientes, lo que suele dificultar su identificación, pero en sus operaciones militares visten uniforme verde oliva y pasamontañas verde y rojo. Un manual del EPP incautado por las fuerzas de seguridad expone las pautas para los secuestros.

Afirma que "es conveniente que hagamos inteligencia sobre los funcionarios públicos que puedan estar al alcance de nuestros combatientes y proponer un canje por los compañeros presos".

En uno de los videos más recientes, Osvaldo Villalba, hermano de Carmen y uno de los actuales jefes del EPP, justificó la presencia de niños en sus filas: "cada criatura tiene que saber que tiene que luchar por su pueblo. Para eso se están formando, para que sea su misión en la vida".

Las actividades del EPP se entrecruzan con el avance del narcotráfico, que en Paraguay adquiere dos modalidades. En primer lugar, el territorio guaraní es el corredor más importante para el traslado de la cocaína proveniente de Bolivia hacia Brasil, especialmente a través del estado de Mato Grosso do Sul, y en menor medida hacia la Argentina, por la ruta de la Hidrovía hasta el puerto de Rosario. En segundo término, el país se ha convertido en uno de los mayores productores mundiales de marihuana. El 70% de esa marihuana tiene como destino a Brasil y el 20% a la Argentina.

La porosa frontera

La superficie más comprometida con el tráfico de estupefacientes y sus consecuencias sociales y políticas es el norte del país, en particular las zonas aledañas a la ciudad de Juan Pedro Caballero, en el límite con Matto Grosso do Sul. Esa porosa frontera binacional tiene una extensión de 1290 kilómetros. La adquisición por colonos brasileños de miles de hectáreas consagradas a la actividad agrícola constituyen un negocio en si mismo pero también una cobertura para el tránsito de la droga. Esa región, convertida en un “territorio liberado” donde es frecuente que los efectivos de las fuerzas de seguridad estén a sueldo del narcotráfico, el EPP tiene asentamientos propios y una activa cooperación con los carteles brasileños de la droga.
Pero la cuestión de la producción de marihuana tiene también una dimensión social. Para decenas de miles de pequeños agricultores, propietarios de minifundios, su cultivo es mucho más rentable que la mandioca u otros productos tradicionales. De allí que la presión a favor de la legalización de su cultivo con fines medicinales tuvo un sólido apoyo de las organizaciones campesinas, algunas de tinte ideológico “indigenista”. Los críticos del proyecto temen que las deficiencias de control de los organismos del Estado en vastas zonas del territorio hagan que esa sanción promueva una multiplicación de las plantaciones ilegales y podría institucionalizar a Paraguay como “el granero de la marihuana para América del Sur”.

* Vicepresidente del Instituto de Planeamiento Estratégico
 

 

 

 

 

 

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