El Colegio Profesional de Psicólogos de Salta planteó ante el Instituto Provincial de Salud (IPS) que a la brevedad se le reintegre a sus afiliados el "débito preventivo" del 5 por ciento que sufrieron en su facturación debido a que la obra social considera que superaron el techo prestacional. Ocurre que en el marco de la pandemia del coronavirus se incrementaron notablemente las consultas psicológicas.
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El Colegio Profesional de Psicólogos de Salta planteó ante el Instituto Provincial de Salud (IPS) que a la brevedad se le reintegre a sus afiliados el "débito preventivo" del 5 por ciento que sufrieron en su facturación debido a que la obra social considera que superaron el techo prestacional. Ocurre que en el marco de la pandemia del coronavirus se incrementaron notablemente las consultas psicológicas.
En la nota enviada el pasado 28 de diciembre y firmada por la presidenta de la entidad que nuclea a los profesionales, Irma Silva, solicitan con carácter de urgente audiencia con la titular del IPSS, Gladys Sánchez, aunque no se supo aún cuándo se realizaría la reunión.
El reintegro del débito preventivo del 5 por ciento que plantean es sobre la facturación de septiembre, correspondiente a prestaciones autorizadas por auditoría del IPSS y realizadas por los prestadores del Colegio de Psicólogos de Salta.
También piden un análisis exhaustivo de las causas del aumento de la demanda de prestaciones psicológicas. Esto sin perder de vista que este año además de los incrementos ya pautados por la Provincia, que impactan directamente en la suba de honorarios, y por ende, deben incidir en la actualización del techo financiero.
Más prestadores
Por otra parte, en la presentación, se sugiere tomar en cuenta la incorporación durante 2020 de 31 nuevos prestadores, cuya incidencia también tiene un impacto en el crecimiento de la demanda.
En la nota, además solicitan aplicar de forma retroactiva los remanentes del techo prestacional a favor del Colegio de Psicólogos de los meses de baja facturación de la entidad, como por ejemplo enero, febrero 2020, entre otros.
Por último, piden omitir la aplicación de esta normativa en octubre, noviembre y diciembre 2020 hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo del techo financiero, en el sentido de lo planteado en los párrafos anteriores.