El exasesor de Mauricio Macri, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, permanece prófugo de la Justicia desde el 8 de diciembre de 2020 en Uruguay, país al que viajó mientras se lo investigaba en una causa judicial por presuntas presiones al Grupo Indalo durante la gestión del expresidente al frente de la Casa Rosada.
inicia sesión o regístrate.
El exasesor de Mauricio Macri, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, permanece prófugo de la Justicia desde el 8 de diciembre de 2020 en Uruguay, país al que viajó mientras se lo investigaba en una causa judicial por presuntas presiones al Grupo Indalo durante la gestión del expresidente al frente de la Casa Rosada.
A más de diez meses de su salida del país, el parlamentario del Mercosur especula con que una victoria de Juntos por el Cambio en las elecciones legislativas de noviembre aceite el vínculo de la oposición con la Justicia y sirva como un atenuante en las causas judiciales que deberá enfrentar ante los tribunales argentinos.
Hace tres semanas, la Interpol activó el alerta roja contra el operador judicial, quien reconoció ante el Parlasur que no consiguió el estatus de refugiado en el país vecino. “El informe (del CORE, Comision de Refugiados) fue digamos que negativo. No fue enfáticamente negativo pero fue un informe negativo”, dijo ante sus pares parlamentarios.
“A que el informe no me… O sea… no era favorable a que se reconociera la condición de refugiado. El informe es un informe que hace un grupo de asistentes sociales que tienen que ver… o sea, la verdad, no tenía mucho contenido jurídico”, sostuvo al respecto en el marco del proceso abierto para desplazarlo de su cargo, acusado de haber eludido el accionar de la justicia argentina tras haber viajado a Uruguay, donde pidió, sin éxito, que se le conceda el estatus de refugiado político.
En mayo de este año, la jueza María Servini declaró en rebeldía a Rodríguez Simón y ordenó su captura nacional e internacional, además de disponer la inhibición general de sus bienes.
Se lo investiga por "la presunta existencia de actos llevados a cabo por funcionarios públicos, desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional o a instancias de aquellos, que mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo, habrían importado casos de corrupción".
Fuente: Ambito.com