De repetirse el resultado de las PASO en las elecciones generales de noviembre próximo estaremos ante a un paisaje inédito: un peronismo derrotado y en retroceso territorial, sin un centro de poder definido ni un liderazgo que facilite la gestión para los dos años que restan hacia el recambio presidencial.
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De repetirse el resultado de las PASO en las elecciones generales de noviembre próximo estaremos ante a un paisaje inédito: un peronismo derrotado y en retroceso territorial, sin un centro de poder definido ni un liderazgo que facilite la gestión para los dos años que restan hacia el recambio presidencial.
El problema es estructural; tuvo su origen con el desdoblamiento de los dos atributos principales que en los sistemas presidencialistas suelen coincidir en una misma figura: la conducción de la coalición de gobierno, en Cristina Fernández de Kirchner, y la jefatura de la administración, en manos de Alberto Fernández.
A futuro, esta situación nos interpela sobre las condiciones necesarias para ganar gobernabilidad en un contexto signado por la crisis macroeconómica, el debilitamiento de las instituciones y de la autoridad y la reiterada voluntad del oficialismo de aplicar las mismas recetas fallidas.
Esta dualidad en el poder engendró una crisis de liderazgo a nivel nacional, pospuso la definición de un rumbo y profundizó la parálisis de la gestión del país. La derrota de la coalición oficialista en las PASO terminó por detonar esta forma contra natura; como remate, la caída en la provincia de Buenos Aires puso en jaque el poder delegado que beneficiaba al Presidente, al verse cuestionada la supremacía de su mentora y principal electora, la vicepresidenta.
Los recientes ensayos pos-PASO del oficialismo aumentaron la confusión. La pérdida de credibilidad del presidente y la dilución del liderazgo de la vice tuvo como respuesta el encumbramiento de Juan Luis Manzur en la Jefatura de Gabinete, sin que se avanzara en la necesaria reconfiguración de la coalición oficialista.
En efecto, el lanzamiento por parte del Gobierno de un plan circunscripto a regalar plata a los votantes y la coparticipación circunstancial del poder en la provincia de Buenos Aires a los intendentes peronistas son movidas que buscan un efecto limitado y de corto plazo: recomponer en la elección general de noviembre la base de poder de la vicepresidenta, que el resultado de las PASO afectó, o sea tratar de revertir la derrota en la provincia de Buenos Aires y mantener los senadores, que están en riesgo de pasar a la oposición, por ejemplo los de La Pampa y Chubut, para no perder la mayoría en esa rama del Congreso. ¿Las medidas anunciadas serán suficientes para lograrlo?
No queda claro hacia dónde se movió el poder, quién gobierna y con qué plan, si hay alguno. Por el contrario, el resultado que nos devuelve esta maniobra es el vacío de poder, donde a las dos figuras principales con autoridad erosionada se le suma una tercera, Manzur, que no se sabe a quien responde, configurando una especie de tricefalía en la gestión. Eran dos, ahora son tres. Enfrente, la crisis y el creciente descontento de la gente.
¿Cómo la coalición gobernante encarará la segunda etapa de su mandato, sin liderazgo ni mayorías parlamentarias y con el loteo de la administración? Es una pregunta inquietante cuya respuesta no tiene antecedentes en la historia reciente del país. Así las cosas, podría ensayarse alguna fórmula que permita un nivel suficiente de gobernabilidad, como la de acordar entre el gobierno y Juntos por el Cambio una agenda acotada de temas sustanciales: el presupuesto nacional, la ley financiera y las reglas electorales, entre los principales. No se trata de formar una coalición ampliada ni mucho menos un cogobierno; la fórmula se limita a consensuar temas y preservar los espacios de negociación para reducir la diatriba y facilitar la transición. Los acuerdos deberían ser refrendados en el Congreso por las fuerzas suscriptoras del oficialismo y la oposición.
Esta práctica institucional es inédita entre nosotros. Desafía la tradición y la política, e interpela nuestra cultura cívica que considera a los acuerdos contubernios que van en contra de los intereses del pueblo. A pesar de ello, consideramos que algunos sectores del gobierno (por ejemplo, gobernadores e intendentes no kirchneristas) y de la oposición (los que tienen responsabilidades de gestión y los candidatos más competitivos) podrían tener incentivos para recorrer este camino por el bajo riesgo que supone y la expectativa de llegar mejor a las elecciones presidenciales de 2023.
No lo harían por convicción sino por necesidad, porque una crisis severa sin posibilidad de moderación podría afectar a las dos partes: al Gobierno nacional, que no reelegiría, y a la oposición, que se encontraría con una situación descontrolada al asumir el poder.