La del domingo 14 fue una de las peores elecciones del justicialismo en su historia. El despliegue de recursos del Estado para que la gente fuera a votar se observó en todo el país, también en Salta; de ese modo se explica que el resultado favorable a Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires fuera más exiguo que en las PASO.
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La del domingo 14 fue una de las peores elecciones del justicialismo en su historia. El despliegue de recursos del Estado para que la gente fuera a votar se observó en todo el país, también en Salta; de ese modo se explica que el resultado favorable a Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires fuera más exiguo que en las PASO.
En el país entero, las urnas mostraron el repudio a un gobierno que en dos años aceleró el ritmo inflacionario a pesar de la caída de la actividad económica; y profundizó la pobreza y el desempleo. Pero, además, demoró la vacunación masiva por veleidades ideológicas, mostró una muy mala gestión de la pandemia, impuso una cuarentena pretoriana y escandalizó a todos con el cumpleaños de su mujer, en Olivos y sin protocolos.
Observando el escenario nacional, las expectativas de la gente y los indicadores del Indec, además de las diversas encuestas de opinión pública, bien puede hablarse de un voto castigo para toda la dirigencia política. Cristina Fernández y Mauricio Macri, los dos últimos presidentes, comparten altísimos niveles de rechazo.
Vivimos en un país con problemas estructurales de arrastre y con una dirigencia política ineficaz, que no reúne las características del "gabinete de gerentes", del que hablaba Macri ni de un "gabinete de científicos", como se jactaba el actual presidente Alberto Fernández.
Si el escándalo interno posterior a las PAS0 exhibió con obscenidad la ausencia de afinidades mínimas en la coalición gobernante y la inexistencia de un plan con objetivos y plazos compartidos entre el presidente y su vice, aunque discreta, la reacción que siguió a la derrota del domingo llevó esas diferencias al borde de la fractura.
En su discurso grabado, y en el que pronunció ante los dirigentes esa medianoche, Alberto Fernández negó la derrota, descalificó a la oposición y prometió el rápido envío al Congreso de un plan de Gobierno a cinco años. Además, convocó a la oposición a un diálogo, sin especificar la agenda, y no dio detalles sobre el plan interanual con el que proyecta seducir a FMI.
Se apresuró a invitar a "celebrar la victoria en Plaza de Mayo" con motivo de recordarse el miércoles el "día de la militancia". Una parodia de aquel 17 de noviembre de 1972, durante la dictadura de Alejandro Lanusse, cuando Juan Domingo Perón regresó al país después de casi 18 años de exilio, miles de hombres y mujeres que habían participado de la resistencia peronista desafiaron a la tormenta y a la represión militar.
La del miércoles fue una puesta en escena, donde el objetivo estuvo puesto en mostrar apoyo a un presidente debilitado y a evidenciar la caída del liderazgo de Cristina.
El Frente de Todos se muestra como una amalgama de dirigentes de ideologías diversas y hasta antagónicas, amparados bajo el manto imaginario del peronismo, pero que no tienen ni pueden tener un plan. Las derrotas electorales, cuando no se asumen, terminan en colapsos políticos y, en este caso, en una catástrofe social.
Hoy, la expectativa está centrada en la negociación de la deuda con el FMI, aunque para la ciudadanía, los interrogantes son otros: giran en torno a la posibilidad de conservar el empleo, de llegar a fin de mes y de saber si los niños y jóvenes podrán normalizar su escolaridad.
Hace falta diálogo, pero será muy difícil encontrar interlocutores creíbles. Oficialistas y opositores se apresuran a pensar en 2023.
Un plan económico y social es absolutamente imprescindible, pero será inviable si no es acordado con la oposición, que ganó el domingo, y con los dirigentes sectoriales.
La soberbia de negar la derrota, la osadía de querer apurar centenares de decretos y leyes para sancionarlos antes de que asuman los nuevos legisladores y el desprecio por el mensaje de las urnas parecen cerrar, por ahora, la posibilidad de una salida institucionalmente sólida que permita al país asumir las costosas decisiones que requiere la recuperación de la economía, la producción y el empleo, para revertir la degradación social que nos desmorona desde hace décadas como país.