"Observamos que la falta de la salud intercultural es el principal reclamo, al día de hoy, en las comunidades indígenas del norte de la provincia", dijo Martín Plaza, abogado de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
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"Observamos que la falta de la salud intercultural es el principal reclamo, al día de hoy, en las comunidades indígenas del norte de la provincia", dijo Martín Plaza, abogado de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
Referentes de la entidad recorrieron con equipos interdisciplinarios los departamentos Rivadavia, San Martín y Orán, donde impartieron jornadas de trabajo en las comunidades.
"Realizamos una serie de talleres de empoderamiento jurídico comunitario, en los que intercambiamos acerca de las principales problemáticas de salud que afectan a cada comunidad, así como también las herramientas jurídicas que protegen el derecho a la salud intercultural, a la no discriminación y al acceso al agua y alimentación. En particular, focalizamos en la ley provincial 7856, su falta de aplicación en el territorio y cómo su implementación podría mejorar las condiciones de vida de niñas, niños y la comunidad", aseveró Plaza.
La ACIJ es una organización apartidaria, sin fines de lucro, dedicada a la defensa de los derechos de los grupos más desfavorecidos de la sociedad.
Los referentes estuvieron en Rivadavia, Orán y San Martín para identificar vulneraciones a derechos y continuar con los talleres participativos sobre el derecho a la salud. "La situación de las infancias indígenas, que se encuentran en emergencia, está atravesada por una serie de vulneraciones graves a sus derechos", aseguraron.
Las capacitaciones se realizaron en las comunidades de Alto La Sierra (Rivadavia), Yacuy (San Martín), Misión La Loma (San Martín), Misión San Francisco (Orán).
Durante el recorrido se detectaron serias dificultades y obstáculos en el acceso a la documentación, a la Asignación Universal por Hijo (AUH), a las pensiones por discapacidad, así como problemas de índole territorial, fallas estructurales en el sistema de salud, riesgo nutricional en niñas y niños, entre otras vulneraciones de derechos. Todas estas problemáticas se profundizan estructuralmente al estar atravesadas por un grave contexto de discriminación hacia los pueblos originarios de la zona.
Martín Plaza
"Las jornadas de trabajo en las comunidades se tratan de talleres en donde se abordan las diversa problemáticas por la que atraviesa la realidad de los indígenas", explicó Plaza.
Los talleres comenzaron en abril de este año y continuarán el año próximo. Plaza adelantó que las conclusiones sobre lo que se trabajo se están preparando para una publicación antes de fin de año.
Entre las preocupaciones señaló la falta de agua potable, la falta de alimentos que le brinda el monte; "pero sin dudas que la principal problemática es la falta de acceso a una salud intercultural".
Recomendaciones
Es fundamental que las distintas instancias de gobierno -municipal, provincial y nacional-, así como las instituciones de control correspondientes, realicen acciones urgentes que tiendan a revertir las vulneraciones de derechos.
Hay una ausencia del Estado en las comunidades indígenas del norte provincial que es histórica, advirtieron tras la visita.
"Es particularmente preocupante la falta de acceso al agua potable y a la alimentación que ocasionan un alto riesgo nutricional y de salud en niñas y niños. A ello se le suma la ausencia de un sistema sanitario adecuado, que en sus limitadas intervenciones resulta discriminatorio con las comunidades. Por último, pensamos de manera conjunta acciones para hacer efectivos los derechos mencionados en la continuidad de nuestro trabajo los próximos meses, así como de otras problemáticas que afectan a los pueblos originarios como es la ausencia de cumplimiento al derecho a la participación y consulta indígena, la tala ilegal y la falta de pozos de agua", dijo la ACIJ en un comunicado de prensa.
"Hay que pensar en la invisibilización de la realidad por la que pasan las comunidades indígenas. Sin embargo, las nueve muertes por desnutrición que se dieron en 2020 generaron un llamado de atención, por la cual muchas ONG, fundaciones y medios nacionales e internacionales los pusieron como temas de agenda. El Gobierno nacional también envió asistencia y recursos. Al día de hoy un 90 por ciento de la ayuda que llega al territorio proviene de Nación", aseguró el abogado. Pidió más recursos provinciales.
Hace referencia a que la reglamentación de ley 7856 es una responsabilidad del Poder Ejecutivo provincial, que está pendiente desde hace siete años. Por esa norma se debe crear una red de apoyo sanitario, intercultural e interinstitucional para los pueblos originarios.