El ataque con bombas molotov contra el edificio del diario Clarín es un hecho grave, desde donde se lo mire.
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El ataque con bombas molotov contra el edificio del diario Clarín es un hecho grave, desde donde se lo mire.
Una acción incendiaria aunque no alcance a destruir nada, contiene una amenaza que involucra a toda la sociedad. Es una advertencia premeditada, que insinúa la posibilidad de ataques mayores y contiene un mensaje claramente antidemocrático.
La elección del objetivo, en este caso, el diario Clarín, no solamente busca un mayor impacto en la opinión pública, sino que delimita muy bien el objetivo: poner límites a la libertad de expresión, de opinión, de información y de prensa.
Identificar y detener a los ejecutores del delito -por ahora, incruento- es tarea de la Justicia. La dirigencia política, por su parte, debe revisar su conducta y su retórica.
La organización La Cámpora repudió con fría formalidad el hecho y habló de los "discursos del odio". Mencionó también ataques que sufrieron algunas unidades básicas de la agrupación. El Gobierno también formuló su repudio. Pero en ambos casos, convendría que, además, hicieran una amplia autocrítica. Hay otras violencias. Por ejemplo, la destrucción de silobolsas; casos nunca esclarecidos y acicateados por una cosmovisión que pone a los productores como responsables de los males del país.
El discurso del odio existe, está instalado en la sociedad y es una humareda que cierra las posibilidades de salida.
Es la grieta.
Pero cuando se trata de atribuir a los medios de comunicación la carga de la polarización política, se está echando leña al fuego. Y se trata de encubrir falencias políticas y e irregularidades inconfesables.
El discurso político, en ambas orillas de la grieta, se va impregnando de odio ideológico y clasista.
Es metodológico: atacar a la prensa independiente, instalar un enemigo y convalidar acciones violentas de los grupos afines es una estrategia compartida por los populismos de izquierda y derecha, en todo el mundo.
Las responsabilidades son amplias, porque es fácil "desbocarse". Pero no se pueden ignorar datos del poder: esto ocurre en un país donde el ministro de Seguridad minimiza la violencia de los usurpadores de terrenos privados en la Patagonia y, al mismo tiempo, amenaza a un humorista; donde un ex jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, luego de un exiguo éxito electoral en Chaco, pide la regulación de los medios de comunicación; pero, sobre todo, donde el oficialismo utiliza en su beneficio la teoría del "lawfare", un engendro destinado a silenciar a los medios y atar de manos a los jueces frente al poder. El discurso de Amado Boudou en un seminario sobre "guerra mediática" en la Universidad de Buenos Aires y el insostenible procesamiento del periodista Daniel Santoro son hechos tan elocuentes como el proyecto del senador Oscar Parrilli para incluir las "influencias mediáticas" como delito.
El "discurso del odio" tiene consecuencias. En un momento de fragilidad social como el actual, con cinco millones de indigentes y un mar de incertidumbres e insatisfacciones, se vuelve muy peligroso para todos.
La Argentina no vive épocas de violencia comparables a los años "60 y "70. La prensa nacional no sufre los ataques del crimen organizado que hoy padecen los periodistas de Venezuela, Colombia o México. Pero la crisis estructural tras once años de estancamiento económico y con fuerte caída del ingreso familiar genera un clima de volatilidad que trata de ignorar.
La democracia está en riesgo. Desde todo punto de vista, es inadmisible cualquier mordaza contra los medios, sean Clarín, Tiempo Argentino, Río Negro, agredidos en los últimos años, o El Tribuno, muchas veces a lo largo de su historia. Es inadmisible porque erosiona la libertad de pensamiento, altera la convivencia, y hiere de muerte al sistema democrático, que no puede funcionar en regímenes hegemónicos.